La hipótesis de que la sociedad fue embaucada es consoladora, porque exculpa a las personas de a pie, pero es falsa, afirma el autor.
El golpe del 76 y el inicio de la dictadura, según los diarios porteños.
El apoyo concertado de los medios de comunicación al último golpe de Estado, hace 50 años, se incubó en los años previos al inicio de la dictadura, en particular durante el gobierno de María Estela Martínez, tras la muerte de Juan Perón en julio de 1974, cuando la censura y la represión preexistentes se desbocaron dentro del régimen constitucional.
La antesala de la toma de la Casa Rosada por Jorge Rafael Videla, Emilio Masera y Orlando Agosti tuvo en los medios un pilar propagandístico. Como escribió Rodolfo Terragno -entonces director de la Revista Cuestionario- los medios funcionaban “en cadena”. Pero ni los medios ni el mainstream periodístico cómplice de la dictadura lavaron cerebros ni invadieron culturalmente una sociedad reactiva a su discurso.
Terragno se refería a los medios privados, un mercado gigantesco de diarios y revistas que troquelaba la opinión pública y marcaba la línea que reproducía un sistema -muy acotado en número, aunque masivo en su recepción-, de emisoras de radio AM (casi no había FMs) y una veintena de canales de tv abierta en todo el país (no existía la tv por cable). Para el inicio de la dictadura, los canales de tv y las radios más importantes estaban en manos del Estado, expropiados durante la gestión de Isabelita.
La dictadura impuso al principio un “servicio de lectura previa” como filtro censor en las empresas periodísticas privadas (en las estatales designó interventores militares), pero, a las pocas semanas, la autocensura fue más eficaz que el control oficial. En el primer aniversario del golpe, los medios se comportaban, dóciles, en cadena: el editorial de La Nación intitulaba Una paz que merece ser vivida como apología del plan exterminador de Videla.
En 1977 tres de los principales diarios, Clarín, La Nación y La Prensa, adquirieron las acciones de Papel Prensa que estaban en manos de las herederas de David Graiver (muerto en un accidente en México). La dictadura obligó con tortura a la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, a traspasar las acciones a una inaudita sociedad estatal-privada. Cuarenta y nueve años después, la unión de unas selectas empresas periodísticas con el Estado sigue activa.
La dictadura creó la estructura de ATC (Canal 7), un festival de corrupción que maquilló con la incorporación de la tv a color con décadas de atraso. También loteó las emisoras de tv y radio entre las fuerzas armadas, que las endeudaron y pretendieron privatizar, lo que recién concretaría Carlos Menem en 1989. Videla también promulgó una Ley de Radiodifusión, vigente hasta 2009, cuando el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que los propagandistas de la dictadura denostaban con la consigna de que “nació vieja”, mientras defendían el decreto de 1980.
Conchabados en negocios con la dictadura en algunos casos, cómplices militantes del terror estatal en otros, intimidados y silenciados por las represalias sangrientas de un gobierno que desapareció a un centenar de periodistas (entre los que se cuentan empresarios del sector como Rafael Perrota o Julián Delgado) en muchos casos, hubo también medios y periodistas que protagonizaron excepcionales actos de resistencia, incluso cotidiana, que marcaron la historia del período.
Sin el consenso de los medios, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” no hubiese durado casi ocho años. Sin embargo, sería disparatado atribuir la legitimidad que tuvo la dictadura en buena parte de la sociedad sólo a la labor de los medios. Para que los medios (o las redes) tengan eficacia, es preciso que conecten con experiencias, opiniones y sentimientos de distintos grupos sociales. Los medios no fueron ni son artefactos de engaño ajenos al sentir de la ciudadanía.
La hipótesis de que la sociedad fue embaucada por los medios y las instituciones represivas es consoladora, porque exculpa a las personas de a pie, pero es falsa.
A los 20 años del golpe, Carlos Mangone publicó un texto que buscaba “desmontar lugares comunes que sirvieron de base a numerosos trabajos de relevamiento cultural de la etapa dictatoria, los que opusieron dictadura a cultura, a jóvenes, a intelectuales”. Sostenía Mangone que “la dictadura tuvo su política cultural, tuvo sus jóvenes y sus músicos (y su música), tuvo su teatro (que va más allá de la tarea laboral de los actores), tuvo a sus miembros del espectáculo, no se privó de sus intelectuales, de sus periodistas (también más allá de la necesidad del empleo)”.
Los editoriales de Mariano Grondona en El Cronista o en La Nación; los artículos de opinión de Joaquín Morales Solá en Clarín o la manipulación infame de tapas y notas de Revista Gente por Samuel “Chiche” Gelblung antes, durante y después de la Guerra de Malvinas son muestras del temperamento con el que se sostuvo un régimen ora por la tortura, ora por la fuerza del convencimiento desde los medios. Pero estas menciones al colaboracionismo con los militares -que fue muy extendido- podrían contener la falacia de advertir el infierno sólo en el campo contrario.
Una sociedad en la que la mayoría supo desconfiar de los medios durante los 18 años en que Perón estuvo proscripto, catapultándolo a su tercera presidencia en 1973 a pesar de la condena pública con la que cargó durante casi dos décadas, no puede argüir, sólo tres años después, que ha sido engañada y que ha cedido su consenso mayoritario para la matanza de algunos de sus integrantes más movilizados sin saber qué ocurría.
El travestismo mediático que suele denunciarse buscando un efecto ridiculizador antes que reflexivo, en rigor se ha correspondido con el travestismo de una porción de la propia comunidad que establece, con el sistema de medios, un vínculo de transferencia, desplazamiento, tercerización de emociones (como el resentimiento y la venganza) y guiño ideológico.
Los medios conforman investiduras de sentido, pero ese sentido no es injertado desde la institucionalidad mediática, sino que tiene circulación –y relativa aceptación- social. Cuando un sentido ajeno a la experiencia quiere ser injertado -como en el ejemplo de la proscripción de Perón-, socialmente se produce rechazo y reacción. Eso no sucedió en la dictadura ni sucede hoy, medio siglo después, con el primer gobierno constitucional que la reivindica explícitamente, como el de Javier Milei. Por algo será.