El autor analiza la impugnación de Luisa González, candidata opositora al gobierno de Noboa, y el método de la persecución en los nuevos regímenes autoritarios.
La democracia no siempre termina con un golpe de Estado. Algunas veces se debilita lentamente, casi en silencio, mientras las instituciones conservan sus nombres, los tribunales continúan funcionando y las elecciones permanecen en el calendario.
El autoritarismo contemporáneo es más sofisticado. No necesariamente elimina las urnas: elimina las alternativas. No prohíbe votar: decide previamente quién puede ser candidato. No clausura todos los medios: procura que una misma versión de la realidad se repita hasta convertirse en verdad oficial.
Eso es lo que comienza a suceder en Ecuador.
El gobierno de Daniel Noboa exhibe una peligrosa tendencia a considerar enemigo a todo aquello que no controla. Los partidos que no se someten son suspendidos. Los dirigentes que no obedecen son investigados. Las candidaturas que pueden representar una amenaza son impugnadas. Las organizaciones sociales que protestan son estigmatizadas. Y los medios afines al poder se encargan de transformar cada acusación en una condena anticipada.
No estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a un método.
La situación de Luisa González permite observar con claridad el funcionamiento de esa maquinaria. La principal dirigente de la oposición decidió presentarse como candidata a la Prefectura de Manabí. Su primera opción era hacerlo mediante el movimiento AMIGO, después de que Revolución Ciudadana, la fuerza opositora más importante del país, fuera suspendida por nueve meses y quedara imposibilitada de participar con su propia identidad en las elecciones seccionales.
La suspensión no fue una decisión menor. Significó retirar temporalmente de la competencia a la principal organización opositora, precisamente durante el período en que debía seleccionar, inscribir y promover a sus candidatos.
Cuando Luisa González encontró en AMIGO una alternativa para competir, esa organización también fue suspendida. Debió buscar entonces una tercera vía y encontró el respaldo de Pachakutik para presentar su candidatura por la Prefectura de Manabí.
La respuesta fue inmediata: ADN, el partido del presidente Noboa, presentó una objeción contra su candidatura. Paralelamente, González denunció haber recibido una nueva notificación de la Fiscalía con una “nueva” investigación penal.
Primero le impidieron competir con su partido. Después quedó bloqueada la organización que iba a respaldarla. Cuando encontró una nueva alternativa, el propio partido del Gobierno intentó impugnar su candidatura y apareció otro procedimiento judicial.
¿Cuántas coincidencias hacen falta para reconocer una persecución?
Cada investigación debe respetar el debido proceso y toda persona debe responder ante la Justicia cuando existan pruebas. Pero el Estado de derecho también exige que la Justicia no sea utilizada selectivamente, que los tiempos judiciales no sean sincronizados con las necesidades electorales del oficialismo y que una investigación no se convierta en una herramienta para excluir adversarios.
La ley debe investigar delitos, no perseguir candidaturas.
La democracia supone que el Gobierno y la oposición compitan bajo las mismas reglas. Cuando el oficialismo utiliza su estructura partidaria para impugnar a una adversaria mientras otras instituciones del Estado abren procedimientos en su contra, esa igualdad desaparece. El Estado deja de ser el árbitro y comienza a jugar para uno de los equipos.
Noboa no parece querer ganarle a Luisa González. Parece querer impedir que compita.
Esta ofensiva se produce, además, en un momento de creciente desgaste del Gobierno. Diferentes estudios de opinión, aunque presentan porcentajes distintos, coinciden en una caída de la aprobación presidencial, un aumento de la evaluación negativa y un deterioro de la confianza pública.
La inseguridad continúa golpeando a los ecuatorianos. La economía no produce las respuestas prometidas. La credibilidad presidencial se debilita. El relato de eficiencia, juventud y renovación pierde fuerza frente a una sociedad que exige resultados concretos.
Y cuanto menor es el respaldo social, mayor parece ser la necesidad de control.
Un liderazgo democrático interpreta la desaprobación como una advertencia y corrige. Un liderazgo autoritario la interpreta como una amenaza y persigue. En lugar de mejorar su gobierno, intenta reducir las voces que lo cuestionan. En lugar de recuperar la confianza, procura disciplinar a quienes expresan el descontento. En lugar de convencer, busca someter.
Noboa pretende compensar con concentración de poder lo que está perdiendo en legitimidad política.
La victimización de Luisa González no nace de un relato publicitario. Se construye mediante una sucesión de hechos. Cada partido suspendido, cada allanamiento a su domicilio particular, cada investigación presentada en momentos electorales y cada intento de impugnación refuerzan la percepción de que no enfrenta solamente a otro candidato, sino a una estructura estatal dispuesta a cerrarle el camino.
Paradójicamente, cuanto más la persiguen, más central la vuelven. Cuanto más intentan silenciarla, más visible resulta la desigualdad. Cuanto más obstáculos colocan frente a su candidatura, más evidente se hace el temor del poder.
Luisa deja de ser solamente una candidata a la Prefectura. Automáticamente pasa a representar el derecho de millones de ecuatorianos a elegir una alternativa y vivir en democracia plena.
La persecución política moderna necesita también una condena mediática. Primero se instala una sospecha. Después se repite una acusación. Luego se presenta al opositor como culpable antes de que exista una sentencia. Finalmente, su exclusión electoral se ofrece a la sociedad como un acto de limpieza institucional.
El poder acusa, los medios alineados amplifican y la opinión pública recibe una condena disfrazada de noticia.
Así se construyen los regímenes autoritarios del siglo XXI. No mediante una única decisión espectacular, sino a través de pequeñas rupturas sucesivas. Una suspensión hoy. Una investigación mañana. Una candidatura impugnada después. Cada medida parece administrativa, legal o excepcional. Pero, al observarlas en conjunto, el resultado es inequívoco: una democracia con menos partidos, menos voces y menos posibilidades de alternancia.
Una elección no es democrática solamente porque existan urnas. Debe haber competencia real, contarse los votos, pluralismo político, libertad de expresión, organismos electorales imparciales, independencia judicial y garantías para que la oposición pueda organizarse y presentar candidatos.
Si el Gobierno decide quién puede competir, la elección deja de ser una expresión de soberanía popular y se convierte en una ceremonia controlada por el poder.
La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado, esperar hasta que todas las alternativas hayan sido eliminadas sería llegar demasiado tarde.
Ecuador todavía puede detener esta degradación. Sus instituciones pueden recuperar independencia. La Justicia puede demostrar que no responde a calendarios políticos. Las autoridades electorales pueden garantizar que las candidaturas sean resueltas conforme a derecho y no de acuerdo con las conveniencias del Gobierno.
Pero para eso hay que llamar a las cosas por su nombre.
Utilizar el Estado para debilitar opositores no es gobernabilidad. Suspender partidos durante un proceso electoral no es pluralismo. Convertir acusaciones en condenas mediáticas no es libertad de expresión. Eliminar a los adversarios competitivos no es fortaleza democrática.
Es miedo.
Miedo a perder respaldo. Miedo a no controlar el territorio. Miedo en el caso especifico de Luisa Gonzales a que Manabí se convierta en una demostración de resistencia política y una causa nacional. Miedo a que una candidata perseguida termine representando a todos los que no están dispuestos a someterse.
Noboa puede intentar eliminar un partido, bloquear una candidatura o disciplinar una institución. Lo que no puede ocultar es la evidencia de su propia debilidad.
Porque los líderes democráticos enfrentan a sus adversarios en las urnas.
Solo los regímenes débiles necesitan perseguirlos antes de que puedan competir.
