La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard, debatió cuatro horas acaloradamente este jueves, como se podía anticipar con una previa cargada de acusaciones cruzadas, el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y algunos gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en "mal desempeño" en varios de sus fallos.
“No hay ningún intento de avanzar contra nada. Queremos hacer todo conforme a derecho”, cerró el debate Germán Martínez, titular del bloque oficialista en la Cámara baja. Fue el final de un extenso ida y vuelta entre el FdT y la oposición de JxC, que ya anticipó que no piensa bajar al recinto para habilitar su eventual tratamiento. La comisión volverá a verse las caras el próximo jueves a las 11.
Poco antes del cierre de Martínez, menos diplomático, el diputado sanjuanino José Luis Gioja había puesto en duda la imparcialidad de los representantes del máximo tribunal y cuestionó la medida a favor de la administración porteña en la disputa por los fondos de coparticipación. "Son menos escuelas para mi provincia ¿Qué circo es este de darle tantos miles de millones de pesos a (Horacio) Rodríguez Larreta?", se quejó y remarcó que los representantes de las provincias deben ·defender sus recursos".
Desde el radicalismo, a su turno, la diputada Ana Carla Carrizo estimó que el proyecto del oficialismo constituye "una estrategia de desgaste" ya que el oficialismo no tendrá los dos tercios necesarios para darle curso. "Esto va a tener poca épica porque el desempeño político solo tiene un buen puerto si hay consenso y eso no va a ocurrir. La estrategia de desgaste es para producir una renuncia, no lo tengo claro", expresó.
Los primeros cruces del encuentro, que arrancó a las 11, los protagonizaron el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Omar De Marchi, quien definió al proyecto como "un circo", y el titular de la bancada del FdT , Martínez, le respondió y lo acusó de reproducir discursos mediáticos. En su alocución, el mendocino consideró a la iniciativa oficial como "una puesta en escena" impulsada por el jefe de Estado, desde su punto de vista, "el principal impulsor de este circo que montan a diario que tiene varios objetivos: no hablar de los problemas importantes del país, mientras el país se cae a pedazos, y el segundo objetivo es que la agenda del Gobierno es intervenir meterse y manipular la justicia en la Argentina".
Por su parte, el oficialista desestimó los dichos. "No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear lo que está claramente expresado en la Constitución Nacional", aseguró.
Previamente Gaillard había aclarado que "esto no es un proceso penal, es un proceso administrativo", "El juicio político es por responsabilidad política, en este caso por mal desempeño. Me parece que la oposición a la larga va a terminar revisando su posición de bloquear las Sesiones Extraordinarias porque no puede no funcionar el Congreso”, sostuvo Gaillard. Las expresiones fueron en alusión a la posición de JxC, espacio que advirtió que si bien participaría de esta primera instancia de análisis, no permitiría que la propuesta avance ya que no daría el cuórum una vez que el debate llegue al recinto.
La comisión analizaba los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El Frente de Todos tiene 16 de 31 integrantes de la comisión y la capacidad para mantener la dinámica del proceso hasta llegar al dictamen. Podría extenderse durante meses. "Estamos muy bien con el grupo de diputados que impulsamos este juicio. Seguimos acopiando materiales, con el aporte de expertos que han permitido construir una base muy importante para iniciar este proceso. Además estamos con la expectativa y el compromiso de realizar un proceso esclarecedor para toda la ciudadanía", señaló el diputado Hugo Yasky en declaraciones a El Destape Radio.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto. En el recinto sucede todo lo contrario: no tiene los números para el cuórum y mucho menos para los dos tercios de los presentes, pero apuesta al impacto que tendrá el desarrollo del proceso.
