El sacerdote Sergio Raffaelli, del grupo de Curas en Opción Preferencial por los Pobres (OPP), se autodefine como un “enfermero ambiental” que hizo un curso de primeros auxilios sobre el derecho a la tierra, tomando como base las enseñanzas de Jorge Bergoglio en la encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la creación. A partir de ese rol sociopastoral y desde Pozo Hondo (Departamento Jiménez), donde Santiago del Estero limita con Tucumán, el religioso inició una cruzada contra el agronegocio del empresariado sojero al que define de “genocida”, aunque prefiere calificarlo de “ecocida”.
Las denuncias a través de las redes sociales de las operaciones de fumigación aérea –y también terrestre- con agrotóxicos sobre las comunidades campesinas más vulnerables de la región, le valieron a Raffaelli varias amenazas de muerte. También choques con el gobernador kirchnerista santiagueño Gerardo Zamora, quien tiene otra lectura del negocio sojero y le replica sus críticas citando datos que ubican a Santiago del Estero entre las provincias que más crecieron en los últimos años a raíz del avance de la soja -1.073.000 hectáreas sembradas- y la ganadería a gran escala.
“Ese es un dato real, pero falta contar la otra parte de la historia: quiénes ganan y quiénes pierden con este modelo extractivista, que lo único que le interesa es llenarse los bolsillos de plata, sin ningún tipo de otro criterio ni control (gubernamental). Las comunidades campesinas seguimos exigiendo que paren de fumigar. Este modelo está colapsado, saturado, no se puede seguir envenenando para ‘producir alimentos’, como dicen los gurúes del agronegocio”, dice el sacerdote a Letra P tras difundir en las redes un video con la muerte de animales después de que una avioneta sobrevoló fumigando una zona de tierras y viviendas populares.
Raffaelli es crítico de la gestión de Zamora, uno de los suplentes del peronismo en la carrera presidencial, y le apunta a la Dirección General de Agricultura y Ganadería provincial a cargo de José Guillermon, que es la encargada de regular el tema de las fumigaciones. “Siempre llega tarde. Cuando las cosas suceden no hay control”, se queja, y lanza una sospecha: “Creo que es adrede, es un plan sistematizado para no llegar y que los empresarios sojeros puedan fumigar a su antojo”. El sacerdote afirma que solo en algunos casos, cuando es muy evidente, “se les aplica una pequeña multa, se cumple el trámite administrativo y listo”.
El sacerdote, criado en una huerta familiar de la localidad bonaerense de Capilla del Señor pero santiagueño por adopción, destaca como un logro de la lucha campesina la conformación de la Mesa de Tierras; a través de la cual consiguió aceitar la relación con la Fiscalía Penal de Termas de Río Hondo. Raffaelli pondera la actuación del fiscal coordinador Ignacio Guzmán, quien les habilitó teléfonos y la posibilidad de hacer denuncias virtuales apenas surge un conflicto por fumigación ilegal. Antes, cuenta, era casi imposible formalizarlas a raíz de que las familias de estos parajes viven muy lejos de los grandes centros urbanos.
El reclamo de las comunidades que viven en ese contexto rural santiagueño, y que según Raffaelli son “atacadas sistemáticamente por el modelo extractivista”, no corre mejor suerte ante las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié. El sacerdote rescata un gesto del funcionario nacional, que en enero de 2021 publicó un hilo en su cuenta personal de Twitter repudiando la fumigación con agrotóxicos y dando los nombres de los empresarios responsables. “Ha ayudado a visibilizar el problema, pero quedó solo en eso”, lamenta.
Raffaelli, quien considera a Cristina Fernández como “jefa espiritual” a partir de su militancia en el grupo de sacerdote OPP, cuestiona abiertamente a las autoridades del oficialismo provincial y nacional por la falta de respuesta de fondo al reclamo de las comunidades campesinas ante el avance sojero que –sostiene– “roba tierras, fumiga, contamina, enferma y mata”.
El “cura rojo”, como lo define el empresariado, no se resigna aun con la decisión del presidente Alberto Fernández de nombrar jefe de asesores a Antonio Aracre, que fue ceo de Syngenta, la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo. “Mandan al zorro a cuidar el gallinero”, define con ironía; y, si bien reconoce que la lucha es “desigual”, avisa que hay que darla para salvaguardar la vida de las comunidades campesinas mediante la doctrina del papa Francisco, que exhorta a escuchar el clamor de la tierra y de las personas pobres.
