02|12|2022

Brasil vota sobre un polvorín

28 de septiembre de 2022

28 de septiembre de 2022

En cuatro años se duplicó la cantidad de armas en las calles y en la campaña hubo tres asesinatos políticos. El temor a un desconocimiento de los resultados.

SAN PABLO (Enviado especial) La importancia de las elecciones presidenciales de este domingo, las más significativas de Brasil desde la recuperación de la democracia, nace a partir de la tensión creada por las diferencias entre los dos principales candidatos, el presidente Jair Bolsonaro y el líder del Partido de los Trabajadores (PT) Luis Inazio Lula da Silva, y por el contexto social en el que se desarrollan, marcado por la violencia política, la fuerte polarización, los ataques de la ultraderecha y el temor latente a que el jefe de Estado y las Fuerzas Armadas desconozcan los resultados que difundirá el Tribunal Superior Electoral (TSE) el domingo a la noche y no abandonen el poder ante una eventual derrota.

desPertar

Un análisis útil para enfrentar
una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

desPertar

Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

 

El 10 de julio, Jose da Rocha Guaranho irrumpió en el cumpleaños de Marcelo Arruda, un líder del PT en Foz de Iguacu, y lo asesinó a tiros al grito de “Bolsonaro presidente”. El 7 de septiembre, el bolsonarista Rafael Silva de Oliveira discutió con Benedito Cardoso, un petista del interior de Mato Grosso, y lo asesinó de 15 hachazos. Esta semana, en San Pablo, Rafael Bianchini atacó a piñas y patadas a un encuestador de DataFolha, una de las empresas que anticipa una victoria opositora. El fin de semana, en Río de Janeiro, dos amigas hablaban de política hasta que un hombre oficialista atacó en la cabeza a una de ellas con una madera. “Vas a ser golpeada como un hombre”, le dijo. Casi al mismo tiempo, pero en Ceará, un hombre ingresó en un bar y mató a un votante del PT. Este domingo, un auto del diputado Paulo Guedes recibió tres tiros en Minas Gerais y un seguidor del expresidente asesinó a un votante del oficialismo en Santa Catarina. Durante la campaña, Lula realizó actos con chaleco antibalas y uno de ellos fue atacado con explosivos caseros. En diálogo con Letra P, un periodista de San Pablo ejemplificó el clima local: “Trato de no salir con remeras rojas (el color del PT) a la calle”. 

 

El clima no es nuevo, pero durante los últimos meses se profundizó a raíz de la amplia coalición que el Partido de los Trabajadores (PT) logró construir para derrotar a Bolsonaro y por la ventaja que le otorgan las encuestas a la alianza opositora.

 

En 2018, la llegada al poder de Bolsonaro, en una carrera meteórica impulsada por la proscripción judicial del propio Lula, estuvo marcada por un fuerte componente violento, machista y misógino que hizo de la violencia una columna fundamental de su discurso. “Vamos a fusilar a la petralada (militancia del PT) en Acre”, dijo durante un discurso mientras utilizaba un trípode como una ametralladora.

 

El clima generado por el presidente y distintas figuras de su gobierno habilitan y legitiman la utilización de la violencia a la hora de hacer y discutir política, que, en momentos de definición y ante una posible derrota, se vuelca a la práctica en ataques y muertes. Cuando el jefe de Estado es consultado por este tipo de hechos y manifiesta alguna especie de tibio repudio, ya es tarde: el escenario tiene condimentos bélicos y la democracia aparece cercenada.

 

La Justicia tomó medidas que buscan evitar una escalada aun peor durante la jornada electoral. El TSE prohibió la portación de armas en los centros de votación y en sus alrededores para este domingo y la Corte Suprema limitó los decretos de flexibilización y liberación de armas de Bolsonaro hacia personas “que demuestren concretamente razones profesionales o personales para la posesión”. "Es urgente que se corrija la flexibilización del mercado armamentístico debido al riesgo de violencia política en los comicios", aseguró en su fallo Edson Fachin, uno de sus integrantes. 

 

El temor es que las medidas lleguen demasiado tarde. Según números oficiales, la liberación promovida por Bolsonaro duplicó la cantidad de armas en manos civiles de las 637 mil que había en 2017 a 1.200.000 que se registraron en 2021. En los clubes de caza, tiro y colección, las armas pasaron de 117 mil a 673 mil, es decir, más armas que la cantidad de integrantes que tienen las policías militares estaduales. En Río de Janeiro, por ejemplo, el salto fue del 500%: de 25 mil en 2017 a 227 mil en 2020. "Un pueblo armado jamás será esclavizado", dijo reiteradas veces el jefe de Estado, que ve en la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos, que habilita la tenencia de armas en ese país, un ejemplo a seguir. 

 

El miedo más grande es el militar, una esfera sobre la cual la Justicia no puede actuar de la misma manera que sobre la población civil. Las Fuerzas Armadas -de allí salió Bolsonaro- son el principal bastión electoral del presidente junto a las Fuerzas de Seguridad y, al igual que el jefe de Estado, existen dudas sobre la decisión que tomarán ante una victoria del PT.

 

Bajo el actual gobierno hubo más ministerios y cargos públicos ocupados por militares que durante la última dictadura cívico-militar y durante la administración de Dilma Rousseff las tensiones con la dirigencia castrense crecieron a raíz de un proyecto para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante aquel régimen. La relación con Bolsonaro no es del todo orgánica, porque existen diferencias entre las distintas esferas, pero es fluida y con la izquierda los antecedentes no son buenos.

 

La insurgencia civil tampoco se descarta. La cantidad de armas que circulan por las calles, en manos ampliamente bolsonaristas, genera el temor de que organizaciones oficialistas civiles participen de un desconocimiento de los resultados por parte del presidente en lugar de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, como ocurrió en Estados Unidos, donde fue la base trumpista la que irrumpió en el Capitolio. Durante estos cuatro años, distintos sectores de la base oficialista participaron de actos violentos, como un ataque contra la sede del Tribunal Supremo Federal (TSF) que despertó las alertas sobre la existencia de grupos radicalizados que responden al jefe de Estado.