El último martes, el joven Salvador Ramos decidió matar y morir en un colegio en el que estudiaban chicos de siete a diez años. Fue en la localidad texana de Uvalde, de población predominantemente latina y cercana a la frontera con México. Tras balear en el rostro a su propia abuela, manejó hasta la escuela primaria Robb con una pistola y un fusil de asalto AR-15. A pesar de sus antecedentes de haber sufrido acoso en la infancia debido a su tartamudez y su seseo, de haberse autoinfligido cortes, de consumo de drogas y de violencia doméstica, el último martes 17, al día siguiente de su cumpleaños número 18, no tuvo problemas para comprar la mencionada arma y, cinco días más tarde, una segunda, además de cientos de municiones. ¿Cómo fue posible? La respuesta radica, una vez más, en la cultura de las armas de los Estados Unidos y en el nudo institucional apretado cada día por los dólares que fluyen desde las empresas y las organizaciones de lobby hacia candidatos, sobre todo republicanos, para asegurar que las regulaciones a las ventas sean lo más cercanas que sea posible a la nada.
Según fuentes como las ONG Everytown For Gun Safety y Gun Violence Archive, el año pasado se registraron 45.010 muertes por uso de armas de fuego en los Estados Unidos, un récord desde 2017. En lo que va de este año, ya son más de 17.000, entre ellos 650 menores de edad.
En Texas, escenario de la última tragedia, las regulaciones son, como se relató más arriba en función del caso concreto de Ramos, casi inexistentes. En ese estado conservador circula un millón de armas de fuego, el mayor número del país, y se registra desde 2018 el promedio de fallecimientos más elevado por su uso: más de 3.600 por año.
El AR-15 es el fusil de asalto más popular entre los estadounidenses y fue usado por Salvador Ramos en la matanza de Uvalde. Su costo es de 500 dólares.
El derecho a la posesión y portación de armas, incluso de grueso calibre, quedó plasmada en Estados Unidos en la segunda enmienda de la Constitución. "Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas", dice.
¿Eso solo justifica que un joven que acaba de cumplir 18 años y que carga con problemas que le harían imposible pasar el más rudimentario test psicológico pueda hacerse no con uno, sino con dos rifles de asalto?
Todo es cuestión de jurisprudencia. En 1939, la Corte Suprema interpretó la cláusula como un derecho colectivo, esto es pasible de ser regulado por las autoridades. De hecho, esta habla de "una milicia bien organizada", lo que puede dar a entender que el Estado tiene autoridad sobre la misma.
Sin embargo, la cultura arraigada y su organización en un lobby extremadamente poderoso fue cambiando las percepciones y la jurisprudencia cambió en 2008, cuando llegó al alto tribunal un caso que involucraba regulaciones a la venta de armas de fuego impuestas por Washington DC: en fallo dividido de cinco a cuatro, la Corte comenzó a interpretar la enmienda como una garantía que la Constitución da a los individuos, lo que reduce al mínimo la capacidad de los estados y de la unión a regular la materia. El mismo criterio quedó ratificado y reforzado en 2010 con un fallo sobre regulaciones impuestas por la alcaldía de Chicago.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) es la organización de lobby más poderosa del sector, pero no es la única. A los dólares que hace fluir a las campañas de aspirantes a todo tipo de cargos electivos que tengan capacidad de decidir sobre la regulación de la venta de armas, hay que sumar los de otros grupos y los de las propias empresas que hacen negocios.
De acuerdo con un trabajo de la ONG OpenSecrets, "grupos poderosos defensores del derecho a la tenencia y portación de armas de fuego como la Asociación Nacional del Rifle y Dueños de Armas de Estados Unidos han invertido millones en lobby, contribuciones a campañas y gastos externos para abogar por el derecho a portar armas. Al menos 81,4 millones de estadounidenses poseían armas de fuego en 2021".
Esos grupos "gastaron un récord de 15,8 millones de dólares en lobby en 2021 y dos millones solo en el primer trimestre de 2022", añadió.
"Estas organizaciones han invertido 190 millones de dólares en esfuerzos de lobby desde 1998, 114 millones de ellos desde 2013", concluyó.
¿Cómo funciona la maquinaria de la influencia del dinero en la política, algo que Estados Unidos tiene el mérito de exponer a la luz del día pero que, por eso mismo, no oculta los rasgos plutocráticos de su tan promocionada democracia?
Otro informe de OpenSecrets señala que el senador republicano por Texas Ted Cruz "ha sido el mayor beneficiario de esos grupos (proarmas) para gastos de campaña", con "montos desproporcionadamente grandes comparados con los recibidos por otros legisladores". Tras la masacre, Cruz propuso que la solución para las armas que están fuera de las escuelas es establecer guardias armados dentro de ellas.
El senador recibió de las diferentes organizaciones de lobby del sector 442.333 dólares en su carrera. El segundo senador más beneficiado ha sido otro republicano de Texas, John Cornyn, con 238.875 dólares. Ambos son miembros de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, responsable de hacer avanzar o de bloquear proyectos de reforma vinculados a la segunda enmienda.
Ese tipo de acción fue propuesta por el presidente Joe Biden por la vía rápida, algo ya descartado por el Senado. Allí, los 50 legisladores republicanos tienen de rehén a una mayoría de estadounidenses –cifrada en 54%, según una encuesta de CBS – que desean ver mayores controles, tal como denunció, de modo conmovedor, Steve Kerr, entrenador del equipo de la NBA Golden State Warriors.
Ted Cruz, Donald Trump y el gobernador texano Gregg Abott, quien anunció con rostro contrito el primer balance de víctimas en Uvalde, serán los oradores principales de la convención nacional que la NRA realizará este fin de semana en Houston –Texas, claro–.
La entidad dijo que el hecho fue producto de la acción de "un criminal solitario y trastornado". El mantra se reiterará en el encuentro.
