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Marielle Franco era una respetada activista social. Fue ejecutada un día después de haber denunciado el asesinato de un joven a manos de la policía.
Redacción 15/03/2018 14:39

Una concejala del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue asesinada a balazos por supuestos sicarios en el centro de Río de Janeiro, un episodio que conmociona a Brasil y que se produce en medio de la polémica intervención federal a la seguridad del estado por parte de las Fuerzas Armadas.

Se trata de Marielle Franco, una importante activista social que hace tres días había denunciado ejecuciones extrajudiciales en una favela. La concejala regresaba del evento "Jóvenes Negras - Movimiento y estructuras" en un automóvil conducido por otra persona, que también murió acribillada.

Franco era socióloga, nacida en una favela y fue la quinta concejala más votada de Río de Janeiro en los comicios de 2016.

 

Marielle Franco, la concejala asesinada en Río de Janeiro. (FOTO: FACEBOOK)

 

La prensa vincula el asesinato con la denuncia hecha contra la policía estadual por haber matado a un joven a la salida de la iglesia. Según se preguntó apenas un día antes de ser asesinada, “¿Cuántos más tienen  que morir para que esta guerra termine?”.

 

 

El estado de Río de Janeiro se encuentra intervenido militarmente por decreto del presidente, Michel Temer, quien puso al Ejército a cargo de la seguridad pública.

"Queremos una investigación completa. Queremos saber si esto es obra de las milicias, de una facción criminal o una venganza contra la posición del partido", dijo el diputado Iván Valente, jefe del bloque de legisladores nacionales del PSOL.

El PSOL es la agrupación que creció en Río de Janeiro denunciando el accionar de las llamadas milicias, los grupos parapoliciales que disputan territorio a los narcotraficantes en las favelas.

El ministro de Justicia brasileño, Torquato Jardim, salió a contener las reacciones y dijo que no habrá cambios en la intervención. Invitó, asimismo, a aguardar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones.

“La muerte de la concejala no afecta la intervención en Río”, a la vez que se refirió al hecho como una “tragedia inefable”.

En tanto, el nuevo ministro federal de Seguridad Pública, Raul Jungmann, pidió a la Policía Federal que se haga cargo de la investigación. Dado el aspecto de ejecución del atentado, pidió a ese cuerpo que observe las primeras medidas tomadas por la Polícia Civil de Río.

La militarización del estado se da en medio de un auge imparable de la violencia entre mafias, pero ha sido legalmente cuestionado y políticamente criticado.

Según los críticos de Temer, el Presidente busca con ello relanzar la imagen de su gestión, que cuenta con una ponderación mínima en las encuestas.

Los críticos recuerdan que intervenciones militares anteriores en Río se habían limitado a la provisión de apoyo a las fuerzas de seguridad locales y que nunca habían dado el paso de someterlas a su autoridad. Argumentan, además, que los militares no están capacitados para ejercer tareas de vigilancia urbana y temen que se produzcan más violaciones a los derechos humanos en los barrios.

El asesinato de una concejala pone en cuestión la militarización de Río

Marielle Franco era una respetada activista social. Fue ejecutada un día después de haber denunciado el asesinato de un joven a manos de la policía.

Una concejala del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue asesinada a balazos por supuestos sicarios en el centro de Río de Janeiro, un episodio que conmociona a Brasil y que se produce en medio de la polémica intervención federal a la seguridad del estado por parte de las Fuerzas Armadas.

Se trata de Marielle Franco, una importante activista social que hace tres días había denunciado ejecuciones extrajudiciales en una favela. La concejala regresaba del evento "Jóvenes Negras - Movimiento y estructuras" en un automóvil conducido por otra persona, que también murió acribillada.

Franco era socióloga, nacida en una favela y fue la quinta concejala más votada de Río de Janeiro en los comicios de 2016.

 

Marielle Franco, la concejala asesinada en Río de Janeiro. (FOTO: FACEBOOK)

 

La prensa vincula el asesinato con la denuncia hecha contra la policía estadual por haber matado a un joven a la salida de la iglesia. Según se preguntó apenas un día antes de ser asesinada, “¿Cuántos más tienen  que morir para que esta guerra termine?”.

 

 

El estado de Río de Janeiro se encuentra intervenido militarmente por decreto del presidente, Michel Temer, quien puso al Ejército a cargo de la seguridad pública.

"Queremos una investigación completa. Queremos saber si esto es obra de las milicias, de una facción criminal o una venganza contra la posición del partido", dijo el diputado Iván Valente, jefe del bloque de legisladores nacionales del PSOL.

El PSOL es la agrupación que creció en Río de Janeiro denunciando el accionar de las llamadas milicias, los grupos parapoliciales que disputan territorio a los narcotraficantes en las favelas.

El ministro de Justicia brasileño, Torquato Jardim, salió a contener las reacciones y dijo que no habrá cambios en la intervención. Invitó, asimismo, a aguardar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones.

“La muerte de la concejala no afecta la intervención en Río”, a la vez que se refirió al hecho como una “tragedia inefable”.

En tanto, el nuevo ministro federal de Seguridad Pública, Raul Jungmann, pidió a la Policía Federal que se haga cargo de la investigación. Dado el aspecto de ejecución del atentado, pidió a ese cuerpo que observe las primeras medidas tomadas por la Polícia Civil de Río.

La militarización del estado se da en medio de un auge imparable de la violencia entre mafias, pero ha sido legalmente cuestionado y políticamente criticado.

Según los críticos de Temer, el Presidente busca con ello relanzar la imagen de su gestión, que cuenta con una ponderación mínima en las encuestas.

Los críticos recuerdan que intervenciones militares anteriores en Río se habían limitado a la provisión de apoyo a las fuerzas de seguridad locales y que nunca habían dado el paso de someterlas a su autoridad. Argumentan, además, que los militares no están capacitados para ejercer tareas de vigilancia urbana y temen que se produzcan más violaciones a los derechos humanos en los barrios.