CÓRDOBA (Corresponsalía) “La discusión por la re-re no es un asunto que les interese solo a los radicales ni mucho menos. Es un error no analizarlo desde nuestro lugar, porque tenemos mucho más que perder que ellos”. Con esas palabras, un jefe comunal peronista que comanda el poder local hace tres gestiones advierte sobre el riesgo que implicaría una renovación forzada el año próximo, como la que ordena la ley que rige en Córdoba desde la reforma electoral de 2016 y establece dos mandatos como límite para todos los cargos electivos. Es que la posibilidad de habilitar una re-reelección para 289 intendencias de la provincia incluye a 72 que representan a un radicalismo en estado de ebullición pero al doble de intendentes justicialistas.
En el oficialismo mantienen la voz baja mientras observan cómo la discusión volvió a abrir una guerra interna en el frente opositor, pero siguen con atención un debate que ya genera miradas contrapuestas en el intendentismo justicialista. Son unos 140 municipios gobernados por el peronismo en los que una modificación a la Ley 10406 habilitaría una última reelección en 2023. Su suerte se dirimirá, a su vez, en el marco de una discusión interna en la que ya se reconocen schiarettistas, delasotistas de la “vieja guardia” y, en el último tiempo, un ala llaryorista renovadora de paladar negro.
En el plano de los cálculos electorales, al PJ cordobés no lo desvela la reforma. Mientras en algunas intendencias ya comenzaron la campaña para que los municipios gobernados por el oficialismo unifiquen la fecha de los comicios con la que el gobernador Juan Schiaretti defina para elegir a quien lo sucederá, y en otros casos amasan un plan para despegarse, en el Panal hacen números y miran hacia las ciudades más grandes. Si bien la mayoría de ellas tiene Carta Orgánica, por lo que un cambio en la normativa no las afectaría, las particularidades corren las expectativas de la habilitación de la re-re.
Hacemos por Córdoba gobierna las seis ciudades con mayor población de la provincia. En la Capital, Martín Llaryora podría aspirar a una reelección aunque su (casi) seguro destino será la candidatura a la gobernación. Juan Manuel Llamosas, en Río Cuarto, y Martín Gill, en Villa María, transitan su segundo mandato y están impedidos por la norma de sus propios municipios. Con una sola gestión a cuestas, Daniel Gómez Gesteira, en Carlos Paz, Damián Javier Bernarte, que asumió en San Francisco cuando Ignacio García Aresca juró como diputado nacional, y Marcos Torres, en Alta Gracia, podrían aspirar a renovar mandatos sin mediar ninguna reforma. En séptimo lugar recién aparece un radical, Marcos Ferrer (Río Tercero), y en octavo La Calera, gobernada por Facundo Rufeil. Ambos transitan su primer mandato.
En ese contexto, lo que crece es la preocupación en las localidades más alejadas del centro, en las que la renovación suele representar dilemas internos más complejos. “Habrá que adaptarse a la situación. Tampoco es bueno que un intendente esté medio siglo en el cargo”, dice un jefe comunal ubicado a más de 300 kilómetros de la Capital, que gobierna su localidad desde 2003. En su lectura, es difícil que la apuesta por el recambio termine incidiendo en la contienda provincial y asume que internamente el proceso debe tomarse de modo natural. “Debo ser uno de los pocos con esta posición entre los colegas”, dice a Letra P e invita a la dirigencia a ponerle el pecho a los nuevos tiempos. “De otra forma, nos van a llevar puestos a todos”, sentencia.
Hay dos ideas que se repiten entre las voces peronistas que están a favor de la reinterpretación de la norma. Una apunta a los impedimentos para llevar a cabo los planes de gestión debido a la pandemia. La otra, al respeto a la voluntad popular por sobre cualquier otra prerrogativa. Las lecturas se unifican con pares radicales y vecinalistas.
“No hay que temer a los costos políticos, porque es la gente la que te vota”, afirmó días atrás el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, aunque advirtió que estirar demasiado la decisión podría terminar siendo contraproducente: “Después no tenés tiempo de dejar a nadie”. Más allá de esa postura, Farías entiende que “así como la reforma se aprobó por consenso, esta vez también hay que aprobarla de la misma forma”. Hoy, esa posibilidad parece estar cada vez más lejos debido a la postura de la conducción opositora, que se niega a avanzar con la reinterpretación de la ley.
Farías es uno de los hombres que trabaja abiertamente por la candidatura de Llaryora a la gobernación y, por ende, uno de los señalados por “anticiparse” a los tiempos electorales que el schiarettismo no se decide a “acelerar”. Esas diferencias de criterios que ya se llevaron puesto un secretario de Gobierno Federico García, suma elementos a una discusión en la que se también se ponen en juego los enclaves territoriales del caudillaje departamental histórico del PJ, que se vería empujado a habilitar una renovación que podría amenazar la conducción de cada uno de sus bastiones. Cuidadoso al extremo, Llaryora no se pronuncia con respecto al debate, aunque no son pocos los casos dentro de la dirigencia que se ilusionan con la posibilidad de acompañar la eventual llegada de la renovación peronista al Panal con un rol protagónico en cada uno de sus municipios.
Esta semana, Carlos Caserio recibió a la dirigencia que integra el Frente Peronista Cordobés en su despacho del Banco Nación. Uno de los intendentes presentes en la reunión advirtió que si bien el bloque no tiene posición unificada respecto de la re-re, la reforma de 2016 se trató de una “sobreactuación” de Schiaretti. “Demagógica, como la mayoría de las cosas que hace”, disparó uno de los alfiles del único espacio del peronismo provincial que se refiere a las acciones del gobernador de modo crítico.
Como de costumbre, nadie le exige nada a Schiaretti, que parece más preocupado por su futuro y su legado que por el destino de los liderazgos locales que lo acompañaron en todas sus gestiones al frente del gobierno provincial. Mientras tanto, intendentes e intendentas cuyas gestiones marcaron una época en cada una de sus localidades empiezan a otear el horizonte y abren el juego interno para disputar espacios en las listas legislativas. Una zaranda que quedaría inmediatamente habilitada en caso de que la postura de frizar la re-re se imponga definitivamente.
