15|8|2022

Marcela Grassi: "El establishment protege a los suyos”

09 de abril de 2022

09 de abril de 2022

La hija del empresario secuestrado durante la dictadura repudia la absolución de Etchebarne, alfil de Martínez de Hoz en la CNV. "Ganó la mafia", sostiene.

Marcela Grassi repite de memoria aquella amenaza que su papá, René Grassi, recibió en junio de 1978 de parte de José Martínez de Hoz, cuando se negó a venderle el Banco de Hurlingham: "Hasta que no te arrastres por el piso, no te voy a dejar en paz". Apela a ese recuerdo para contar qué le pareció el veredicto en el que este jueves el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires absolvió al extitular de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne por el secuestro de 28 personas, incluido su padre, durante la última dictadura: "Pasaron 43 años y acá estamos, arrastrándonos todavía por justicia".

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La mujer que hoy tiene 64 años tenía 20 cuando sucedieron los hechos que estuvieron bajo debate oral y público el último año. Dice que está “un poco golpeada, pero sorprendida no tanto”. “¿Cómo se le puede llamar a una Justicia que tarda tanto tiempo y que encima resuelve protegiendo al establishment?”, se pregunta en diálogo con Letra P un día después de conocer la absolución de quien, en sus palabras, “ahora se hace el señorito viejo, todo prolijo y amable, pero cuando tenía 40 años y volvía loco a mi papá en las inspecciones era un prepotente y amedrentador, un violento que calzaba un chumbo y se creía el rey del universo con todo el apoyo que tenía de Martínez de Hoz". Para ella, este jueves, “ganó la mafia”.

 

René Grassi era dueño junto a su hermano Luis Arnoldo de Industrias Siderúrgicas Grassi, una compañía industrial pujante en los primeros ‘70: más de dos mil empleados, varias unidades de negocios. Hasta 1976, René y su familia –su esposa, sus hijas Marcela y Marta y su hijo Luis, que fue secuestrado también– vivieron en Rosario, Santa Fe. Luego se mudaron a Buenos Aires. Entonces, “con la política económica de Martínez de Hoz”, las cosas en la empresa familiar se empezaron a complicar. “Mi papá había tenido que parar toda la producción, se stockeó y puso a trabajar la plata en la bicicleta financiera”, relata Marcela. René “estaba muy preocupado”, recuerda, por lo que en un congreso empresario de junio de 1978 “mi papá le hizo unas preguntas medio incómodas a Martínez de Hoz. El tipo después lo llamó a un costado y lo amenazó. Mi papá no podía creerlo”, aseguró. 

 

Asegura Marcela que su padre “no sabía” del presunto vínculo del banco de Hurlingham con Montoneros y que no esperaba ese comportamiento de la Junta Militar, que había asaltado el poder para “poner orden en el país”. Como el resto de la elite industrial vernácula, los Grassi miraban mal y con temor para el lado de las agrupaciones políticas que habían pasado a la clandestinidad: “Montoneros, el ERP y el resto de la subversión”, sigue definiéndolas aún hoy Marcela, a quien le sigue doliendo que “en su relato” la dictadura los haya dejado parados “de ese lado de la historia”. “Finalmente, eso de la reorganización nacional terminó siendo una pavada. Dijeron que venían a frenar a la subversión y ellos fueron igual de subversivos, porque hicieron todo esto para imponer su propia ideología: industriales, afuera. Sus amigos concentradores, como Acindar y Techint, adentro”, denunció.

 

El 13 de septiembre de 1978 una patota del Ejército comandada por el “Mayor Guastavino”, el alias que usaba el agente civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, cayó en la casa de René Grassi, que estaba en pijamas, y se lo llevó. “Órdenes del entonces comandante en Jefe del Ejército, Carlos Suárez Mason”, dijeron.

 

La familia Grassi en los años 70.

El suyo fue el primero de 28 secuestros que la patota de militares y gendarmes realizó entre aquel 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978. “Levantaron” al hermano y al hijo de René, a los abogados de la firma y a la secretaria de uno de ellos. También a Juan y Marcelo Chavanne, dueños del grupo empresario homónimo, y a la esposa de Juan, Sara Duggan. Había algo que unía a ambas empresas: el Banco de Hurlingham, que los Chavanne habían adquirido a la familia Graiver a fines de 1976 y luego traspasado a Industrias Siderúrgicas Grassi durante el año siguiente. Gerentes, directores y empleados letrados de esa entidad completan la lista de secuestrados.

 

Todos fueron trasladados al centro clandestino que funcionó en la cárcel de encausados de Campo de Mayo, sometidos a condiciones inhumanas de encierro y algunos interrogados bajo tortura: según los testimonios, los represores buscaban la plata que Montoneros había cobrado por el secuestro de los hermanos Born y que supuestamente guardaba el Banco de Hurlingham. “Todo una mentira, lo que querían era borrar a Industrias Grassi del mapa”, apuntó la hija de su fundador.

 

Las víctimas fueron “saliendo” al poco tiempo. Algunos directamente a su casa; otros –los dueños de las empresas, los abogados, los jerárquicos– bajo “disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, apresados en las cárceles de Devoto o Caseros. Muchos de ellos quedaron involucrados en una causa penal que inició Etchebarne al mando de la Comisión Nacional de Valores, por defraudación y subversión económica. Terminó en un sobreseimiento general. Esa causa fue “la pantalla” que le sirvió a la dictadura para cubrir los secuestros y las torturas, denunció la querella de la Secretaría de Derechos Humanos en el juicio. Hay testigos que ubican al expresidente de la CNV en la sala de torturas. Sin embargo, dos integrantes de los tres del tribunal – la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado– consideraron que las pruebas para condenarlo no fueron suficientes.

 

El Banco de Hurlingham ya no estuvo en manos ni de la familia Grassi ni de la familia Chavanne. En su testimonio en el juicio oral, Marcela Grassi contó que mientras su papá y su tío estuvieron secuestrados, personas ajenas a la familia se hicieron cargo de la siderúrgica, que ella y su mamá fueron “aconsejadas” de transferir a la empresa “todos los bienes familiares, casas, autos, un campo, que teníamos en una firma aparte” y que al cabo de todo el operativo “las cuentas quedaron vacías”. “Nos quedamos sin nada”, confirma en diálogo con este medio.

 

Marcela Grassi: "Nos quedamos sin nada”.

René Grassi recuperó su libertad en diciembre del 79 y en septiembre de 1980 falleció en un accidente de autos en una ruta de Brasil del que su hija aún sospecha. Tras su muerte, sus hijos quisieron retomar su participación en la empresa, pero su tío, Luis, no se los permitió. “Muchos años después hablé con mi tío –contó Marcela– y me dijo que todo lo que había sucedido era por presión de Acindar. ¿Qué iba a hacer él después de estar secuestrado y amenazado? ¿Negarse a las presiones?”.

 

El veredicto de este jueves la dejó “un poquito golpeada” a Marcela, pero “sorprendida, para nada”. Analiza con desdén la condena a 10 años para Guglielminetti, alguien “que sí, las hizo todas, pero no es más que el mandadero”. “Con Etchebarne imaginábamos un poco más de justicia, pero comprobamos que el establishment protege a los suyos”, insiste.

 

A poco de rehabilitarse el proceso de juzgamiento a genocidas por los crímenes de la última dictadura, el juez federal Daniel Rafecas comenzó a investigar los hechos que tienen a su familia en el núcleo de las víctimas. Los Grassi recién pudieron conseguir un abogado que los representara en 2010, cuenta Marcela, ya que “los estudios jurídicos importantes no querían tomar el caso porque todos eran amigos, primos, tíos, abuelos, miembros del (otra vez) establishment". Cuando se le pide más precisión respecto del componente de ese Círculo Rojo que tanto culpabiliza, prefiere no ahondar. Quien sí estuvo dispuesto fue Alberto Fernández, quien se hizo cargo de la querella junto a Marcela Losardo hasta que se convirtió en candidato a presidente.

 

La sentencia la dejó con sabor amargo pero además el juicio en sí “no fue lo que esperaba”. “Yo necesitaba un debate, pero no entre personas que no recordaran o no quisieran recordar lo que pasó: Yo buscaba reivindicación y encontré redención”, define. Lo que tampoco le resultó suficiente fue que las acusaciones contra Guglielminetti, pero sobre todo contra Etchebarne, fueran por los delitos de secuestro y tortura: “Los derechos humanos son una palmadita en la espalda. Nosotros queremos la plata que nos sacaron”.

 

Tras un año de juicio oral y público, Palliotti Obligado decidieron absolver a Etchebarne, que había llegado a juicio señalado como coautor de los secuestros de 22 de las 28 víctimas. El tercer integrante del TOF 5, Adrián Grünberg, consideró que las pruebas eran suficientes como para condenarlo. El voto del tribunal fue unánime, en cambio, para condenar a Guglielminetti a la pena de 10 años de prisión.