Adriana Palliotti es una de las integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, donde se desarrolla el juicio oral en el que se juzga al expresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Etchebarne y al exagente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, por sus responsabilidades en las privaciones ilegales de la libertad y tormentos que sufrieron víctimas durante la persecución a grupos empresarios en la última dictadura cívico-militar.
En el debate se intenta echar luz sobre los crímenes sufridos por directivos de las empresas Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi, sus abogados y familiares, perseguidos bajo la figura de “subversión económica”. Los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 1978, cuando 28 personas fueron secuestradas y en su mayoría fueron detenidas ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados.
Este martes, en su alegato, el abogado defensor de Etchebarne, Martín Ezequiel Villar, pidió a los magistrados del tribunal -especialmente, a la jueza, a quien le recordó sus recientes actuaciones- que no se dejen presionar y absuelvan a su defendido, acusado desde la vuelta a la democracia por delitos de lesa humanidad, quien llegó a la presidencia de la CNV de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz.
Villar afirmó que en las causas de lesa humanidad hay un “clamor popular” que entiende como impunidad y sentencias de absolución que son “justas” y se dirigió al tribunal diciendo: “Sin perjuicio de que no tenemos ningún motivo para dudar acerca de la imparcialidad del tribunal, también necesito decir, como cuestión fundamental, que esta parte sabe y todos sabemos, porque es una obviedad de la naturaleza, que los jueces son personas y que más allá de su honestidad, que pueda resultar indiscutida, en algunos casos, resultan influenciables económicamente, máxime en este contexto de auge de los portales de noticias, de difusión televisiva, etc. No voy a hacer aquí una gran referencia a eso, pero no voy a hacer referencia por situaciones puntuales que llevan a esta parte a confiar en que el tribunal no va a dejarse arrancar un fallo con la bandera de una rúbrica, que, por más noble que puedan ser los postulados que enarbola, no logran determinar que en un caso concreto una persona haya cometido un hecho que merezca un reproche jurídico penal (...) este tribunal ha dado muestra reciente en sus fallos de que los jueces que lo integran no resultan influenciables por la presión que a veces puede generar el clamor popular (...) por ejemplo, en el fallo de la causa conocida mediáticamente como Hotesur. Ese mismo valor, ese mismo coraje es el que ahora reclamo a los jueces frente a las expresiones de clamor popular”.
Carrera y fallos
Como integrante del TOF 5, Palliotti juró en septiembre de 2011. Había ingresado al Poder Judicial en 1984 y estuvo en Morón hasta 1993, cuando pasó a Comodoro Py como secretaria del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) hasta que concursó para ser titular del cargo que ocupa en el presente. Su decreto de nombramiento fue firmado por Cristina Fernández de Kirchner.
Es socia de la Asociación de Magistrados y, a diferencia de sus colegas, está alineada con la Lista Bordó, la más crítica del kirchnerismo. También tuvo diferencias con ellos cuando este año le devolvieron a CFK y sus hijos el control de los hoteles y otras 30 propiedades. La decisión se tomó por mayoría porque ella se pronunció en sentido contrario.
En el caso Hotesur-Los Sauces se había opuesto a la devolución a los Kirchner de las empresas familiares involucradas en el juicio. A partir de esa decisión -en la que quedó en minoría frente a Grünberg y Obligado-, los Kirchner plantearon su recusación. No se le hizo lugar al pedido.
La jueza fue una de las integrantes del tribunal que condenó a Lázaro Báez en la causa denominada “La ruta del dinero K”. Palliotti dijo en su voto que los millones que lavó el empresario provenían de la corrupción en la obra pública. “Los fondos se originaron principalmente a través de los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal N°2, en la mentada causa ‘Vialidad’”, escribió.
En 2018, Palliotti resolvió la liberación del exvicepresidente Amado Boudou, quien había sido condenado por el Caso Ciccone. Esa decisión fue revisada y Boudou volvió luego a la cárcel.
Alegatos
En el juicio oral en curso, el fiscal general Alejandro Alagia y la auxiliar fiscal Berenice Timpanaro solicitaron al TOF 5 la imposición de penas de 20 años de prisión para Etchebarne y de 12 años de prisión para el exagente civil de Inteligencia del Ejército Guglielminetti, por sus responsabilidades en las privaciones ilegales de la libertad y tormentos.
Según informó el diario Página 12, en el alegato presentado esta semana de forma semipresencial, Alagia señaló que “los crímenes probados fueron parte de un plan sistemático y masivo de ataque contra la población civil, con la particularidad en este caso, de que los perseguidos pertenecían a la subversión económica, según la perspectiva de los perpetradores”.
El tribunal, integrado por Daniel Horacio Obligado, Palliotti y Adrián Federico Grünberg, juzga los hechos que tuvieron como víctimas a empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne y Grassi. Las víctimas estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la prisión militar de Campo de Mayo, entre el 13 de septiembre y el 22 de diciembre de 1978, fecha en la cual fueron puestas por decreto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Con respecto a Juan Etchebarne, la fiscalía solicitó la condena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por resultar coautor de 22 casos de privación de la libertad coactiva y por 22 casos de tormentos agravados. Para Guglielminetti, el fiscal pidió la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por considerarlo coautor de nueve casos de privación ilegal de la libertad coactiva y nueve casos de tormentos agravados.
