Alberto Fernández tiene un problema llamado Daniel Rafecas. La resistencia del juez federal a ser designado por el Senado procurador general de la Nación con una mayoría modificada para destrabar su pliego es un dolor de cabeza para la Casa Rosada, que encuentra en la posición hasta ahora intransigente del magistrado un riesgo de complicarse un fin de año que, tras largos meses en la trinchera, empezaba a clarear para el Presidente.
Más allá de la resistencia de la oposición a facilitar el tránsito de su pliego en la Cámara alta, el mismo Rafecas condicionó públicamente sus posibilidades. Lo hizo el 20 de agosto, cuando empezó a instalarse la versión de una jugada para modificar la mayoría agravada que su designación requiere, en una publicación en su cuenta de Instagram. “Confío en que la comisión de expertos que está trabajando en recomendaciones en el área de Justicia va a mantener la exigencia de que todo candidato a procurador sea avalado con mayoría especial de dos tercios en el Senado de la Nación”, escribió en el posteo, que completó con una foto en la Casa Rosada junto a Fernández.
Esa recomendación de la comisión no solo no llegó sino que, aunque con mayoría ajustada (seis votos a favor, cinco en contra), el comité de especialistas recomendó que la o el titular del Ministerio Público Fiscal sea elegido con mayoría absoluta (el voto de 37 senadores) y ya no con dos tercios de los presentes, como hasta ahora.
Si Rafecas esperaba un gesto del Presidente, ese gesto no llegó. Incluso yendo en contra de su propia concepción -Fernández ve correcto que la Procuración quede en manos de un cargo vitalicio y designado por dos tercios del Senado-, el titular del Poder Ejecutivo salió públicamente a avalar la decisión del bloque de senadoras y senadores del Frente del Todos de impulsar una doble reforma al cargo de procurador: mandato de cinco años, con la posibilidad de un solo mandato extra, y designación con mayoría absoluta.
“Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer más fácil el trámite de la designación de funcionarios en determinadas instituciones”, dijo Fernández a Radio 10. Esa frase es un reconocimiento de que, pese a sus ideales, reconoce que la exigencia de dos tercios lo empujó a tomar una decisión: eligió apoyar un cambio que mucho no lo convence antes que ceder ante la resistencia opositora y tener que buscar otro candidato o a otra candidata a la Procuración.
“Algunos opositores dicen ‘Rafecas es maravilloso’. Bueno, ¿por qué no lo dicen en el Senado?”, se molestó el Presidente en la misma nota.
Pese a algunas versiones que hablaban de un llamado del Presidente a Rafecas para convencerlo de que cambie de parecer y acepte ser designado una vez modificada la ley del Ministerio Público Fiscal, esa comunicación aún no se dio. En la Casa Rosada, sostienen que Rafecas debería dar señales en lugar de exponer a Fernández a una derrota política. “Es el candidato del presidente de la Nación, tiene que entender eso”, sostienen.
Los principios del “principista” Rafecas –así lo definió el Presidente- ofrecen hoy a Fernández un escenario complicado. Igualmente, no son esos principios el único escollo que tiene el Gobierno para poner en la Procuración al elegido. Más allá de que este viernes el Senado apruebe el proyecto para modificar la ley y habilitar la designación con mayoría absoluta, en la Cámara de Diputados no está todo tan claro.
Ya se manifestó en contra Graciela Camaño. Avisó que una reforma en el sentido de lo que en los próximos días discutirá el Senado es “inconstitucional”. En la misma línea, aunque en términos más relativos, se pronunció José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. “Huele a inconstitucional”, dijo al canal IP, aunque dejó abierta la chance a rever su postura luego de revisar al detalle el expediente legislativo.
Rafecas tiene en sus manos la posibilidad de allanarle el camino al Gobierno o, por el contrario, ser actor protagónico de una derrota política del Presidente. Hay un contacto pendiente entre ellos que puede destrabar el caso. Luego faltará que el Congreso haga su parte. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dará el primer paso en el Senado; luego dependerá de Sergio Massa y Máximo Kirchner completar la jugada del otro lado del Congreso.