El acuerdo con el fondo

Las tarifas, más cerca del ruido de Todos que del “ajuste”

El decil más rico pagará el costo pleno de la luz y el gas, 1,5 a dos veces más que hoy, pero el resto verá subas menores a la inflación. Guzmán, ANSES y PAMI.

Lo había dicho Alberto Fernández en su discurso de apertura del año legislativo y lo ratificó –y detalló algo más– este jueves la portavoces oficial, Gabriela Cerruti: los incrementos en las facturas de luz y gas destinados a reducir los subsidios y el déficit fiscal –y a cumplir con el acuerdo ya cerrado con el Fondo Monetario Internacional– se basarán en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Esa será, claro, la regla general, porque al decil más acomodado de la sociedad directamente se le aplicarán tarifas plenas. ¿Cuánto de “ajuste” tiene la letra chica pactada con el FMI? ¿Cuánto del ruido que el paquete genera en el oficialismo se basa, en realidad, en criterios de contenido político?

 

Aunque todavía quedan detalles cruciales por divulgarse –lo que ocurriría en las horas siguientes al cierre de esta nota, cuando el Gobierno eleve el texto negociado con el Fondo al Congreso–, Cerruti ratificó que la segmentación tarifaria constará de tres niveles, al menos este año y el que viene: la franja de mayor poder adquisitivo de usuarios perderá totalmente el subsidio estatal, un segmento intermedio sufrirá ajustes equivalentes al 80% del CVS y el sector beneficiado por la tarifa social enfrentará incrementos de solo el 40% de ese indicador.

 

¿Hay, como piensa Cristina Kirchner y como dice su hijo Máximo, un plan de ajuste en marcha?

 

Difícilmente pueda sostenerse eso, más allá del impacto que tendrán los aumentos en muchos y muchas. Sin embargo, las proporciones de suba en relación con el CVS que alcanzarán a la amplia mayoría de la población son bastante menores que la inflación, tanto la del año pasado como la esperable para el actual. Si Fernández y Guzmán cumplen con sus promesas de que los salarios avanzarán aunque sea un poco por encima de los precios, esas franjas mayoritarias no deberían verse mayormente afectadas.

 

Lo que trasciende recorta el impacto final de la segmentación en términos de ahorro fiscal. Hay que recordar que el acuerdo con el FMI establece un déficit fiscal primario –antes del pago de deuda– de 2,5% del producto bruto interno (PBI) este año, una reducción desde el 3,1% de 2021. Asimismo, debería bajar a 1,9% el año que viene a 0,9% en 2024 y a cero en 2025.

 

“En Analytica habíamos tomado como supuesto un incremento que sería mayor al que parece que se dará: aunque faltan detalles, puede estimarse que la tarifa se duplicaría para el decil más alto por 1,5 o por dos veces, lo que limitaría el ahorro fiscal del 0,7% del PBI que habíamos tomado como escenario base a, probablemente, 0,1%. Se trataría de una corrección apenas marginal”, le dijo a Letra P el presidente de esa consultora, Ricardo Delgado.

 

“Todavía hay que medir los efectos fiscales totales de lo que se hará. Si para la mayoría de los usuarios los aumentos solo serán una proporción del CVS, los ajustes de tarifas en esos casos serán menores que la inflación y no recogerán los costos de la energía que están subiendo por el escenario internacional”, esto es la guerra en Ucrania, explicó Delgado.

 

De hecho, tal como se ha planteado la cuestión hasta el momento, para la mayoría de los usuarios y las usuarias el monto del subsidio a priori incluso podría crecer en el corto plazo. La apuesta es que los costos energéticos se acomoden en algún momento a la baja en la medida en que la guerra en Europa se resuelva.

 

El Gobierno habla de un crecimiento económico del 4% para el año, pero, puertas adentro, especula con que se estire algo más. Lo mismo comienzan a señalar algunas consultoras privadas. Eso acercaría al Tesoro más recursos por el lado de la recaudación y ayudaría a presentar mejores números fiscales. Analytica no es taxativa respecto de la posibilidad de un avance económico del 5% del que comienza a hablarse, pero modera los entusiasmos al recordar que la inflación impone un límite severo en términos de consumo y de aplicación de políticas proactivas.

 

Si los recursos tributarios excedentes por la vía de un mayor crecimiento tendrían límites para superar las previsiones y si la segmentación tarifaria impactará con fuerza solo en el sector más acomodado, ¿cuáles son las posibilidades de que el Gobierno comience con el pie derecho la aplicación del pacto con el Fondo?

 

Al parecer, de movida, son reales. Por un lado, porque Martín Guzmán tiene decidido incrementar la presión tributaria. Si bien eso no ocurriría, en principio, a través de la creación de gravámenes o la aplicación de contribuciones extraordinarias, cabe esperar una adecuación de valuaciones fiscales a las de mercado y revisiones de alícuotas diversas.

 

Por otro lado, según Delgado, el Gobierno tiene margen para recortar este año un “gasto covid” residual que en 2021 siguió representando 1,5% del PBI. “Con que ahorre la mitad de eso y algo por el lado de los subsidios, se puede llegar (a la meta). Tampoco hay que descartar que, de ser necesario, se subejecuten algunas partidas”, estimó.

 

El año que viene, se sabe, es electoral, por lo cual la voluntad oficial con descargar un tarifazo en toda la regla sobre los bolsillos de las familias y las empresas debería ser puesta en duda. De acuerdo con el economista, “para el Gobierno sería clave que las dos o tres primeras revisiones de los técnicos del Fondo para aprobar las metas trimestrales fueran superadas con la mayor holgura posible. Eso generaría reputación de que el plan económico es viable”.

 

En lo inmediato, resalta Delgado, “lo más duro pasa por los objetivos monetarios” fijados con el Fondo. En ese frente, el acuerdo establece que el déficit fiscal remanente sea financiado cada vez en mayor medida en base a la colocación de deuda en pesos y cada vez menos en base al recurso a la impresión de moneda. El desequilibrio debería desaparecer en 2024.

 

“Para eso deberán darle más tasa al mercado, de modo de que este responda”, algo que ya comienza a ocurrir, dijo el titular de Analytica.

 

Por otro lado, es importante el celo esperable de parte de Guzmán en la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 668/2019, firmado por Mauricio Macri, que establece que los organismos autárquicos y descentralizados, así como los fideicomisos –todos ellos, externos a la órbita del Tesoro– destinen sus excedentes al financiamiento del Estado. Esa obligación toca el margen de acción de entes como la ANSES y el PAMI, dos enormes cajas, para volcar recursos a sus beneficiarios y “hacer política”. Dichos aportes fueron el año pasado del 2% del PBI, lo que permitió dejar en 3% un rojo presupuestario que, en verdad, había sido cercano al 5%. ¿Sumará esto, tan poco mencionado, al enojo de Máximo Kirchner y su decisión de abandonar la jefatura del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados?

 

La política tiene razones que la economía no entiende.

 

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