La Defensoría del Pueblo bonaerense a cargo de Guido Lorenzino rechazó toda actividad de exploración y explotación de plataformas petroleras frente a las costas de la provincia de Buenos Aires si no cumplen con todos los principios y estándares en materia de protección del medio ambiente, y si no se aprueban de manera participativa todos los informes de evaluación de impacto ambiental.
En un pedido al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el organismo también reclamó que se respete el derecho de acceso a la información mediante la publicación de estos estudios y de toda información necesaria, y que las autoridades competentes contemplen formalmente a la Defensoría como un espacio para generar acuerdos que garanticen el respeto de los derechos los habitantes bonaerenses.
“Debemos conocer en detalle cuál será el impacto sanitario, ambiental, económico y social de esta actividad, y asegurar la participación ciudadana mediante audiencias públicas en todas las decisiones que las puedan afectar. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente y no se puede gestionar ignorando los reclamos legítimos de la gente”, expresó Lorenzino, en sintonía con el intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro, quien hizo el reclamo en la justicia.
Este pedido de la Defensoría se dio luego de que en diferentes amparos presentados en la Justicia se reclamara la intervención del organismo luego que el gobierno nacional aprobara la solicitud de la empresa noruega Equinor para la exploración petrolera offshore en el Mar Argentino, frente a la costa bonaerense.
Es por eso que el organismo exigió el cese y/o la suspensión de todas las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera, y de todos los trabajos vinculados a esa actividad frente a las costas del partido de General Pueyrredón, hasta tanto se acceda de manera amplia e irrestricta a la declaración de impacto ambiental.
Además, la Defensoría expresó su experiencia como ámbito de articulación frente a conflictos estructurales, y se propuso para generar espacios de diálogo y de acercamiento entre las partes con el objetivo garantizar la implementación adecuada de las decisiones que pueden afectar derechos.