20|1|2023

06 de diciembre de 2022

06 de diciembre de 2022

La Argentina, con su vicepresidenta en el banquillo y jueces sospechados de conspirar con empresarios y opositores. En el mismo lodo...

Como una violeta valiente en medio del calor abrasador, trance del que, sí o sí, deberá salir más fuerte, la Argentina se prepara para resistir un vendaval político. Al enchastre que es buena parte del Poder Judicial –algo que ya nadie puede ignorar de buena fe–, se sumará el fallo de la causa "Vialidad", que supondrá la primera condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner. La política amenaza con volverse un infierno y es de esperar que no se lleve puesta la frágil economía. Ánimo: el único lujo que no puede permitirse la sociedad es renunciar al optimismo.

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La cadena nacional de Alberto Fernández tuvo el mérito de visibilizar el escándalo del viaje a Lago Escondido, con invitación del Grupo Clarín y del magnate Joe Lewis, realizado por miembros encumbrados del Poder Judicial y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes aparecen en chats hackeados –cuya autenticidad deberá probarse– conspirando de mil y una maneras para ocultar ese hecho y violando medio Código Penal.

 

El jefe de Estado habló de "un perverso juego de cohechos". "Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan", señaló.

 

Ante eso, que con menos elegancia desPertar, el newsletter de Letra P, llamó este lunes “espectáculo posporno", le ordenó a Martín Soria que impulse ante el Ministerio Público Fiscal una demanda penal contra los magistrados acusados; instruyó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que reclame la apertura de un sumario contra ellos; le pidió al bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña que inicie un juicio político contra Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, y Juan Bautista Mahiques, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires; y solicitó al Congreso que trate los proyectos de reformas del Poder Judicial ya presentados y que cubra por fin el cargo de procurador general.

 

Vale recordar quiénes integran el grupo de Telegram "Operación Página 12". Además de los mentados D’Alessandro y J. B. Mahiques, del ceo del Grupo ClarínJorge Rendo; el director de Asuntos Legales e Institucionales de ese holdingPablo Casey; los jueces Julián ErcoliniPablo CayssialsPablo Yadarola Carlos Mahiques; el exjefe de Asuntos Legales de la SIDE Tomás Reinke y el exagente de esa organización Leonardo Bergroth. Curioso: es muy poco lo que surge de estos dos últimos en los chats del escándalo. Sobre los demás, que no cuidaron lo que decían, ahora que se conocen sus afinidades personales, indagar en el historial de fallos y decisiones de los mencionados, sus actitudes respecto de sus anfitriones/sponsors –Clarín y Lewis–, el tipo de trato que le han dado a CFK y otro tipo de prácticas mueven a la risa o a la náusea.

 

En defensa propia

Cuando las quejas del cristinismo ya se empezaban a hacer audibles, el Presidente salió a hablar, aunque, en principio, lo hizo en defensa propia. Si esos mensajes de texto y audios son verdaderos, su posición resultaba comprometida toda vez que su jefe de Asesores, Julián Leunda, era citado por uno de los participantes como un influyente dispuesto a acallar la divulgación del viaje y como portador del deseo de su "jefe" de participar en esa mesa. Para empezar, Fernández buscó salvar a Leunda y su propia posición frente a la vicepresidenta. A no dudarlo: ya volveremos a hablar de este entripado que queda flotando.

 

Al apelar al expediente extraordinario de la cadena nacional, Fernández logró que Clarín por lo menos mencionara un asunto que involucra a dos de sus principales gerentes. En tanto, La Nación finalmente le dio despliegue, aunque cuestione al mandatario por haberse hecho cargo de una operación ilegal de inteligencia en cadena nacional y se muestre alarmada por la violación del derecho a la privacidad. El argumento –hecho propio también por Clarín– puede valer en lo que respecta a Fernández, pero no para un medio periodístico, para el cual publicar o no material de origen ilegal pasa por la posibilidad de validar su autenticidad de fondo y por el interés público que el mismo entraña. Tanto es así, que la publicación de escuchas ilegales no ha sido a ajena a uno ni a otro, incluso cuando de las mismas no surgía la comisión de delitos y lo del interés público era discutible.

 

Las decisiones presidenciales le dejaron gusto a poco a la base cristinista. Cabe preguntarse, con todo, qué otra cosa podía esperarse. ¿La puesta de todo el Poder Judicial en comisión? ¿El llamado a una pueblada? ¿Alguna suerte de revolución?

 

Aunque el oficialismo clama por acciones, cabe esperar que por lo menos buena parte de lo anunciado por Fernández resulte inocuo. La investigación que reclamará el ministro de Justicia pasará por las manos de un procurador interino que sabe cuál es su equipo y, encima, probablemente caerá en algún juzgado con un VAR amable para los acusados. Además, el Consejo de la Magistratura al que le pide que actúe está paralizado desde hace tiempo y más desde que la propia Cristina decidió desobedecer un fallo de la Corte Suprema, que ordenó la designación de Luis Juez, y bloquear la jura de todos los representantes de la Cámara de Diputados. En la Legislatura porteña la relación de fuerzas resulta compleja. Por último, el Congreso es parte de la guerra y, si algo no hará, es tratar una reforma. Por último, respecto de la designación de un nuevo procurador, faltaría que le avisara al cristinismo, que ha vetado a Daniel Rafecas y, de ese modo, ha ayudado a perpetuar a Eduardo Casal.

 

La Argentina ha caído en una crisis política sin solución aparente, un nudo institucional que hace que la legalidad no signifique nada ni para los jugadores ni para los árbitros.

 

Probando qué es lo que más le interesa, Larreta respaldó a D’Alessandro, quien dijo que al hackeo de su teléfono le siguió una "operación K" y –todo un caballero– se puso a disposición de la Justicia. Ya se verá qué contratiempos –sin duda imprevisibles– pueden surgir cuando se plantee el peritaje de su teléfono.

 

Los magistrados, por su parte, no hablaron, pero se sabe que estos, si son serios, solo se expresan a través de sus sentencias. A propósito, dada la aparente voluntad de los supuestos protagonistas de los chats de entorpecer la acción de la Justicia en la investigación del viaje al Sur y sus recursos de influencia, ¿correspondería, en caso de procesamiento, aplicarles la prisión preventiva?

 

Mientras, para no quedarse afuera, Patricia Bullrich mandó callar al Presidente con un argumento ad hominem que no dice nada sobre el fondo del asunto.

 

Con todo, a no engañarse: no hay inocentes en este juego. El timing de la divulgación de este escándalo es digno de destacar: justo en la víspera del fallo por "Vialidad", un indicio de que los carpetazos desde ahora no tendrán piedad.

 

Por otra parte, el juego ya es uno en el que nadie gana y solo consagra perdedores. Si el partido está lleno de players tramposos, si el árbitro bombea como loco y el reglamento es papel higiénico, ¿alguien puede sorprenderse del auge de dirigentes que normalizan el tráfico de órganos y la venta de niños y niñas, a la vez que votan contra un plan para detectar cardiopatías fetales porque supone "otro avance del Estado sobre la libertad"?

 

El día D

"La sentencia está escrita", se resignó la vicepresidenta en una entrevista con Folha de São Paulo, en la que volvió a denunciar lawfare y aludió al rol de Ercolini en la causa "Vialidad", que pasó de su desestimación a su elevación a juicio conforme los tiempos políticos llevaban al macrismo a la Casa Rosada. Algo llamativo: le pidió a la periodista que la excusara de opinar sobre Alberto Fernández, "sobre todo con un medio extranjero". Confirmalo: hay entripado y es fuerte.

 

A propósito, la divulgación en The Intercept de los chats de Telegram entre Sergio Moro y los fiscales de la operación Lava Jato fue un elemento relevante en la decisión del Supremo de Brasil de anular el año pasado las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Hasta dónde llegarían las revelaciones de un examen a fondo de los teléfonos de los amigotes de Lago Escondido?

 

La segura condena que se conocerá hoy generará en el peronismo reacciones que aún no pueden ponderarse. ATE Capital habló de paralizar el Estado, Luis D’Elía, de cortes de rutas, mientras que nadie descarta manifestaciones silvestres. Clima sobra, pero se verá.

 

Por lo pronto, las inmediaciones de Tribunales y de Comodoro Py amanecieron este martes con custodia policial reforzada.