LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El juez Julián Daniel Ercolini fue designado al frente del Juzgado Federal 10 de Comodoro Py en 2004 por el expresidente Néstor Kirchner. Con el presidente Alberto Fernández supo mantener una amistad, pero la relación se enfrió. Con el tiempo recayeron en su despacho varias causas contra Cristina Fernández y parte de su gobierno. Su nombre volvió a la primera plana en las últimas horas, con la “Operación Página 12”.
Ercolini tuvo a su cargo la detención de Ricardo Jaime y así se transformó en el primer juez en apresar a un exfuncionario kirchnerista. Además, instruyó la causa Hotesur y envió a la actual vicepresidenta a juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, causa en la que este martes 6 de diciembre se conocerá la sentencia. En su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2, CFK se refirió en duros términos al magistrado, a quien calificó de “el mutante”, porque -según afirmó- “cambió el gobierno y cambió Ercolini”, en alusión al avance de las causas en su contra cuando Mauricio Macri llegó a la Rosada.
La vicepresidenta lo acusó, junto al fallecido juez Claudio Bonadio, de formar parte de un “plan sistemático” de “persecución judicial” y lo señaló por los “sorteos dudosos” en los tribunales de Comodoro Py. “Debería jugar a la lotería. Tengo una suerte. Siempre me tocan Bonadio y Ercolini. Siempre me tocan los que me van a condenar”, había dicho la entonces senadora por Unidad Ciudadana.
El presidente Fernández supo calificarlo como “amigo”, pero esa condición ha cambiado y cada tanto le dispensa comentarios críticos, aunque sin nombrarlo. Fue durante un homenaje a Esteban Righi donde ambos habían participado de la cátedra del exprocurador. “Faltan algunos otros adjuntos que hoy son jueces, pero se olvidaron de todas las enseñanzas de Righi”, había dicho el primer mandatario en un acto en la Facultad de Derecho. Ercolini comenzó a ejercer la docencia en la cátedra de Righi cuando tenía 26 años. Además, ha sido docente de la Universidad de San Martín y la Universidad de la Patagonia.
Según publicó el diario Página/12, Ercolini también fue quien ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa Oil Combustibles, fallo que luego fue revocado por la Cámara, ya que se trataba de un delito excarcelable.
Por sus manos pasó la causa Papel Prensa, en la que se negó a indagar a los directivos de Clarín y La Nación, a quienes terminó sobreseyéndolos. También está bajo su órbita la investigación por la muerte del fiscal Alberto Natalio Nisman. Hace 7 años y medio que orienta la causa hacia el homicidio contrariando todas las pericias iniciales. Entre otras cosas, autorizó la realización de un peritaje de la Gendarmería -sin experiencia en autopsias- al inicio de la gestión macrista. Aquel procedimiento se realizó sin que estuvieran las partes presentes y sin que permitieran la presencia de los peritos y forenses anteriores. Tampoco confrontó los resultados con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, altamente calificado en ese tipo de estudios.
Hace pocas semanas quedó al frente de la investigación por presuntas irregularidades en la entrega de planes sociales por parte del Ministerio de Desarrollo Social que conduce la contadora pública Victoria Tolosa Paz.
El 25 de octubre pasado, el abogado penalista Luciano Almonacid presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra cinco jueces, motivada por una revelación periodística que consignó que los magistrados habrían viajado en un avión privado a la estancia que el empresario inglés Joe Lewis posee en Lago Escondido, Río Negro.
Además de Ercolini, los denunciados por presunto “mal desempeño de sus funciones” son Carlos Mahiques, presidente de la sala II de Casación Penal; Pablo Cayssials, del Contencioso Administrativo Federal 9 y Pablo Yadarola, del Penal Económico 2.
En el escándalo por la cumbre en Lago Escondido que motivó la cadena nacional del Presidente este lunes, además de los anteriores están mencionados el ceo del Grupo Clarín, Jorge Rendo; el director de Asuntos Legales e Institucionales de ese holding, Pablo Casey; el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Asuntos Legales de la SIDE, Tomás Reinke, y el exagente de esa organización Leonardo Bergroth.
Como fuente principal de su denuncia, Almonacid presentó una nota publicada por el diario Página/12 con el título “Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”, firmada por los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser.
