Envió un proyecto al Senado. Hay sanciones por apuestas ilegales y permite promocionar las casas de apuestas, algo que en Diputados habían intentado prohibir.
Javier Milei en Diputados.
Javier Milei quedó envuelto en una polémica por el proyecto que envió al Senado titulado "Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar". Tras una lectura de la letra chica, en la oposición denunciaron que la iniciativa es un traje a medida para proteger el negocio del juego online que regentean los casinos y casas de juego habilitadas.
Es ese el diagnóstico del diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, mientras que sectores del kirchnerismo del Senado evalúan pronunciarse en estos días. En la cámara alta, hace dos años está cajoneado un proyecto aprobado en Diputados que prohíbe la publicidad de las apuestas en línea. La propuesta de Milei permite la promoción de estas actividades, con restricciones mínimas.
Ferraro sostuvo que el texto del Poder Ejecutivo tiene como único objetivo engrosar los bolsillos de los principales actores del mercado lúdico. Para protegerlos, castiga a las apuestas online ilegales, con penas de hasta seis años de prisión.
Con estas reglas, el sector habilitado a ofrecer juego en línea sumaría clientes y, según el proyecto de Gobierno, podría publicitar sus servicios libremente, con cuatro obligaciones fáciles de cumplir.
Las promociones no deberían ser protagonizadas por menores de edad, vincular el juego online con éxito, aceptación personal o con soluciones financieras, ni promover el consumo de alcohol. Queda habilitado el auspicio de equipos deportivos o en las competencias, vedado en el proyecto que está cajoneado en el Senado.
"Parece que la única adicción que preocupa es la de quién se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado", posteó Ferraro. Consultado por Letra P, el diputado explicó que "al no prohibir la publicidad, la lectura es simple: se está protegiendo el negocio del juego en línea", sostuvo el diputado.
Milei envió el proyecto al Senado, que es donde está cajoneada una iniciativa aprobada en 2024 en Diputados para impedir la promoción de los juegos online. Fue impulsada por la oposición más intransigente, que es la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el extinguido bloque Democracia Para Siempre, la escisión del radicalismo cercana a Martín Lousteau, que de todos modos tuvo ausencias al momento del cuórum.
Esta alianza reunió mayoría en un plenario de comisiones y en el recinto, con un texto que, a diferencia de la propuesta de Milei, prohíbe cualquier estilo de promoción del juego online. Las restricciones alcanzan a "las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro”.
En aquel debate, La Libertad Avanza, el PRO y la UCR propusieron eliminar únicamente la publicidad tradicional. Su dictamen limitaba la promoción del juego online "en cualquier medio de difusión y comunicación”, pero no así en las plataformas. Había sido redactado por Silvana Giudici, quien estaba en el PRO y desde diciembre forma parte de La Libertad Avanza.
La discusión en comisiones fue tensa. Ferraro se cruzó fuerte con Giudici: la acusó de trabajar para el lobby de la compañía Codere y del binguero Daniel Angelici, dueño de las salas de los casinos más importantes del país. Si prospera el proyecto de Milei, podrían expandir el negocio del juego online como nunca. Otro actor importante del negocio es Boldt.
En la próxima negociación en el Congreso serán protagonistas los gobernadores, que tienen a cargo las licitaciones del juego y la mayoría habilitó las apuestas online para aumentar la recaudación.
El proyecto de Milei invita a las provincias a adherirse para regular la publicidad. Los gobernadores seguirán teniendo la llave: si se resisten, puede no haber ninguna restricción para promocionar actividades lúdicas.
En el Senado, los gobernadores ya se se hicieron sentir. Fueron sus senadores quienes impidieron tratar el proyecto para no publicitar el juego en línea, que el año que viene pierde estado parlamentario si no llega al recinto.
La iniciativa enviada a la cámara alta por Milei tiene algunos artículos para prevenir el juego en menores de edad. Habilita al Banco Central a tomar "las medidas necesarias" para impedir transferencias de dinero a cuentas de personas que no tengan 18 años cumplidos. Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) no podrá autorizar servicios de juego que no tengan tecnología para identificar menores de edad.
El proyecto, en sus últimos artículos, delega en la “Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas” las acciones de prevención, capacitación y tratamiento de la ludopatía y el juego problemático.
El Congreso tiene una semana de escasa actividad, por la ausencia de legisladores. Como explicó Letra P, en el Gobierno quieren activar los recintos durante el Mundial de fútbol. En el Senado también arribó el proyecto para eliminar la ley de etiquetado frontal, sancionada hace cuatro años. No hay agenda de comisiones confirmada y entre los aliados no abundan ánimos de acelerar el debate.
En Diputados hay dos temas que empezarán a tratarse en comisiones la semana próxima. Uno es el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una continuidad del sistema aprobado junto a la ley Bases. Será debatida en las comisiones de Presupuesto, Industria; y la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La otra iniciativa enviada por Milei es una ley de lobby, para regular la gestión de intereses. El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Plantea imitar el sistema estadounidense, con registro de representantes por compañías habilitadas a hablar con funcionarios, quienes también deberían blanquear sus agendas. Además, para ser lobistas, los exmiembros de un Gobierno deberán esperar dos años a abandonar su cargo.
Ya hubo un intento de aprobar un proyecto similar en 2016, pero no prosperó. Esta vez el Gobierno cree que puede conseguir los votos de aliados y otros bloques interesados en regular esta actividad.