El bloque del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, apunta a contar con un dictamen de mayoría este jueves. A las firmas propias le podrían sumar el respaldo del misionero Diego Sartori. Su apoyo les permitiría sortear la advertencia que lanzó este miércoles un amplio sector de la oposición, de negarse a firmar el dictamen del Presupuesto 2023 si los ministros de Economía, Sergio Massa y de Transporte, Alexis Guerrera, no aflojan ante los reclamos de las provincias de aumentar la partida de subsidios para los colectivos del interior de 46.000 millones a 59.500 millones de pesos.
Ese aumento está previsto en el dictamen de otro proyecto de ley. Proviene de la Comisión de Transporte y declara la emergencia del sistema de colectivos del interior, extiende la vida útil de las unidades, y establece la obligatoriedad de la tarjeta SUBE para todos los distritos que quieran acceder a Fondo Compensador del sistema de colectivos del interior. El plato fuerte de esa iniciativa es el incremento de los subsidios, pero el dictamen nunca pasó por la Comisión de Presupuesto, que lidera Carlos Heller. Este miércoles recibió una nota firmada por la mayoría de los jefes opositores para que convoque a la comisión para tratar el dictamen que viene de Transporte. Le advirtieron que si no lo hace no acompañarían el Presupuesto.
Los planteos se formalizaron luego de una nueva reunión de la Comisión de Transporte. Fue realizada en el único día sin actividad de la Comisión de Presupuesto. Sus integrantes trabajaron todo el martes y continuarán este jueves. Será luego de un cuarto intermedio que rigió este miércoles para ordenar la negociación de distintos temas. Uno de los más sensibles gira en torno a los subsidios para el transporte público del interior. Los reclamos tuvieron su epicentro en la Comisión de Transporte, que conduce el radical Jorge Rizzotti. Es oriundo de Jujuy y reporta directamente al gobernador y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales.
Este miércoles las autoridades de la comisión recibieron a integrantes del Consejo Federal del Transporte (CoFeTra), donde están los representantes de todas las provincias. Este año es encabezado por el cordobés Marco Moggeta, funcionario del gobernador Juan Schiaretti, uno de los mandatarios que decidió redoblar la apuesta en la tirante negociación por los subdisios. Mandó al intendente de la capital, Martín Llaryora, a participar de una reunión en Diputados donde también estuvo el rosarino Pablo Javkin y el santafesino Emilo Jatón. La cita reunió a jefes comunales opositores pero no le avisaron a ninguno de los legisladores frentetodistas de esas provincias.
Hace dos meses, cuando la declaración de la emergencia se transformó en dictamen, contó con el respaldo del Frente de Todos, pero una posición dividida de Juntos por el Cambio. Los representes del PRO se opusieron y sólo acompañaron los radicales de Jujuy y de Mendoza. Este miércoles el reclamo que recibió Heller fue firmado por todos los bloques opositores, en una demostración de fuerza que busca reforzar una pulseada con varios frentes.
Una parte pasa por la negociación entre las máximas autoridades provinciales y Massa, otra por las partidas de subsidios para el Presupuesto 2023 y otra por la comisión y el ministerio de Transporte, donde se combinan los reclamos para ampliar los fondos para lo que resta de este año y la expectativa que gira entorno al conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), que representa a las patronales del interior del país.
Antes del rodaje de la Comisión de Transporte, Massa confirmó que hay una compleja negociación con dos etapas. La primera está concentrada en las partidas para 2023 y la segunda en la frazada corta de los fondos para financiar los últimos meses de este año. El encargado de oficializar el cierre de la negociación sobre el año que viene fue el gobernador santiagueño Gerardo Zamora. Confirmó que pactaron sumarle 19.000 millones de pesos a los 66.000 millones presupuestados para 2023. Elevaron la partida a 85.000 millones, pero a cambio de una reasignación de partidas. No hubo aumentos de los fondos, sino reacomodamientos de cifras sin tocar el déficit pactado con el FMI.
Ante las consultas de este portal, el Palacio de Hacienda confirmó que mantendrá el mismo criterio para abordar el segundo tramo de la negociación que sigue sin resolución. Es decir que aceptaría aumentar las partidas de este año a 59.500 millones siempre y cuando las provincias resignen otros fondos previstos en el Presupuesto. Ese recorte todavía se desconoce, pero el desenlace de esa instancia puede surgir en Diputados o a partir de una decisión administrativa de Hacienda, aunque Guerrera ya dijo la semana pasada que no estaban evaluando ampliar las partidas por decreto.
La respuesta oficial surgió la semana pasada durante el tratamiento del Presupuesto y aumentó la incertidumbre entre los gobernadores. Desde entonces redoblaron la apuesta. Se cristalizó este miércoles en la comisión de Transporte, con la presencia del CoFeTra y en Presupuesto, con el pedido de sus miembros opositores para que trate el dictamen de la emergencia.
La pelota está en la cancha de Economía, pero en su quinto piso dicen que los gobernadores son quienes tienen que elegir donde van a resignar partidas para aumentar los subsidios. También reclaman que la Nación les entregue los últimos 10.000 millones de los 46.000 millones de este año. De esos fondos dependerá que se destrabe el conflicto gremial de colectivos. También se regulará el nivel de costos políticos que deberán aceptar las provincias para afrontar los próximos aumentos del boleto, durante un año electoral clave.
