AMÉRICA

No hay dos sin tres: Castillo enfrenta otro proceso de destitución en Perú

La Fiscalía acusó al jefe de Estado de liderar una "organización criminal" destinada a desviar obras públicas. El Congreso, de nuevo, definirá su futuro.

En julio de 2021, el dirigente sindical Pedro Castillo juró como presidente de Perú sin experiencia en el arte de gobernar: nunca había ocupado cargos públicos. Más de un año después, se convirtió en un experto en crisis institucionales y en intentos destituyentes en su contra: ya sobrevivió a dos intentos de la oposición para acabar con su mandato de forma temprana y ahora enfrenta un tercero. La fiscal general del país, Patricia Benavides, lo acusó penalmente de liderar una “organización criminal” y delegó su futuro y el del país en el desprestigiado Congreso, que nuevamente definirá la suerte del mandatario.

 

Desde que Castillo llegó al Palacio de Pizarro de la mano de un auspicioso programa de gobierno destinado a los sectores más vulnerables, la oposición conservadora buscó derrocarlo. Primero lo hizo al desconocer su victoria y denunciar un fraude que no existió. Luego, en diciembre y en marzo, bajo el amplio paraguas de la “incapacidad moral”, una figura constitucional poco clara a través de la cual el Poder Legislativo -si reúne 87 votos- puede acabar con un mandato presidencial al considerar que el jefe de Estado no está capacitado para llevar a cabo sus funciones. Como dicen, no hay dos sin tres y la tercera, finalmente, llegó, pero esta vez ya sin que la oposición intente ocultar su intención destituyente.

 

Frente a las cámaras, Benavides acusó a Castillo de liderar una “organización criminal en el Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”. Según la denuncia, el presidente, en coordinación con un grupo de confianza de su gabinete y de su familia, desvío licitaciones para beneficio propio y de sus allegados, especialmente en las carteras de Transporte y de Vivienda. El problema de las distintas jugadas de la oposición es que siempre estuvieron flojas de papeles y esta denuncia no es la excepción. 

 

Primero, la propia fiscal está acusada de entorpecer una investigación en contra de su hermana por presuntos lazos con organizaciones narcotraficantes y de haber participado de los Cuellos Blancos, una estructura judicial que realizaba fallos a cambio de sobornos y favores. Segundo, porque el artículo 117 de la Constitución establece que el jefe de Estado “solo puede ser acusado por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso o por impedir su reunión o funcionamiento”, es decir, por delitos que no aparecen en esta acusación. Si bien las sospechas en su contra cada día le cuestan más caro al presidente, es igual de cierto que a la derecha no le preocupa hacer cumplir la ley, sino, simplemente, acabar con un gobierno que no controla.

 

En diálogo con Letra P, Ana Neyra, abogada constitucionalista y ministra de Justicia del expresidente Martín Vizcarra, denunció que, con esta acusación, se le está quitando al jefe de Estado la protección que le brinda la Carta Magna “sin muchos fundamentos”. “Estas salidas excepciones se han vuelto casi cotidianas en la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”, aseguró y criticó que esta realidad genera que esa relación “deje de ser constructiva y se vuelva destructiva”. Un dato de la realidad peruana lo ejemplifica: en los últimos seis años hubo cinco presidentes y dos congresos. Además, de los últimos diez jefes de Estado, ocho debieron enfrentar a la Justicia por diversos delitos. 

 

Los nombres pasan y las autoridades se renuevan, pero la crisis sigue. El apetito voraz de la oposición de turno, que cuenta con mayorías camaleónicas que cambian de color según el día y los proyectos, no permite establecer un punto de partida para salir del laberinto de la crisis. “No parece haber un interés en encontrar soluciones cambiando reglas o con salidas anticipadas; más bien parece que hay un intento de quedarse por quedarse”, analizó Neyra, quien sostuvo que la convocatoria a elecciones generales anticipadas sería la mejor medida para salir de las arenas movedizas que hunden al país en la inestabilidad. 

 

La denuncia contra Castillo ya se encuentra en el despacho de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que durante los próximos diez días la evaluará antes de desecharla o enviarla al pleno. En este punto del recorrido, los caminos no están confirmados. La oposición podría optar por la “vacancia presidencial”, es decir, alegar que Castillo no está capacitado para ser mandatario y destituirlo con 87 votos. También podría optar por la opción de la suspensión o la acusación, figuras para las cuales no está definida la cantidad de votos que se necesitarían para avanzar. Según los porotos que por estas horas circulan por Lima, Castillo tendría los votos para sobrevivir una vez más, pero sin garantías de tiempo ni certezas.

 

En este contexto, ningún actor se salva. Si hoy Castillo es la víctima es porque es el presidente, pero mañana el verdugo puede ser victimario. Según un reciente estudio de IPSOS, el 60% de la población califica al Congreso como la institución más corrupta del país, seguido por el gobierno de turno, que llega al 42%, y el Poder Judicial, con el 34%. Además, el 67% desaprueba la gestión de Castillo, pero este número crece hasta el 78% con el Legislativo. Los intentos desbocados de la derecha por acabar con un presidente que no controla pueden provocar un efecto de búmeran y sufrir un rechazo tardío en caso de llegar al poder. En 2020 destituyó al centrista Vizcarra y asumió el conservador Manuel Merino, que duró menos de 48 horas en el cargo por la indignación popular que él mismo fomentó en un primer momento. 

 

Cuando asumió, el principal desafío de Castillo no era la pandemia de covid-19 ni la crisis económica; sino sobrevivir a las desestabilizaciones de la oposición. Hoy, con más experiencia pero con la misma inestabilidad, sigue siendo el mismo.

 

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