En medio de la tensión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo dos guiños a las autoridades argentinas, que definen minuto a minuto si pagarán el vencimiento de capital de este viernes o patearán la mesa. Primero, revisó al alza la estimación de crecimiento del país para este año, desde el 2,5% previo al 3%. Segundo, sostuvo que el organismo y el país siguen trabajando “muy de cerca” en la búsqueda de un acuerdo “sólido y creíble”, que el Fondo lo hace “con un enfoque flexible y pragmático” y que espera “progresos en los próximos días”.
Los textuales corresponden a Gita Gopinath, la vicedirectora gerenta del FMI, que este martes presentó la actualización del Reporte Económico Mundial (WEO, sus siglas en inglés) que elabora el Fondo. El contexto no es nada auspicioso. Según el Fondo, los precios de los alimentos y la energía, el impacto de la variante Ómicron y el conflicto internacional en Ucrania extenderán la era de alta inflación en el mundo y desacelerarán la actividad global 0,5 puntos porcentuales desde el 4,9% previsto en octubre, a 4,4%. Brasil, principal socio comercial del país, atravesaría 2022 en medio de un estancamiento (0,3% de crecimiento, contra 1,5 previsto anteriormente). Y, advirtió Gopinath, los países pobres y de ingresos medios deben prepararse para la suba de tasas de interés que ya están llevando adelante los bancos centrales de los Estados desarrollados. Este miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos podría dar precisiones al respecto.
La revisión al alza para la economía argentina, a contramano de lo que el FMI espera para la región, Estados Unidos, China y el mundo en general, acerca más las previsiones del organismo a la estimación del Ministerio de Economía, que en el fallido Presupuesto 2022 había estimado un moderado 4%, luego del 10% de recuperación de 2021. “Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades argentinas”, dijo Gopinath, al ser consultada por Letra P y otros medios argentinos. “Eso requerirá un programa que sea sólido y creíble y que aborde los desequilibrios que tiene el país. Entonces tenemos que mejorar los desequilibrios para que podamos ayudar a que los argentinos se recuperen y puedan salir de las dificultades que están enfrentando”, añadió. “Entendemos que la situación social y económica es desafiante, por lo que estamos adoptando un enfoque flexible y pragmático. Esperamos progresar aún más en los próximos días”, concluyó la número dos de Kristalina Georgieva.
Las declaraciones de Gopinath llegan en momentos en que Argentina amaga con no concretar el pago de capital de U$S 717 millones del próximo viernes ni los U$S 368 millones en intereses que vencen el martes 1 de febrero. Fuentes oficiales supeditaron ese desembolso a que haya avances concretos con el Fondo, por ahora reticente a aceptar el sendero de reducción de déficit fiscal propuesto por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio repite desde este lunes que no pagar es una posibilidad y que las negociaciones con los técnicos del organismo son permanentes. Hay poca predisposición, en despachos oficiales, a adelantar movimientos, lo cual suena lógico en medio de las negociaciones pero agrega más incertidumbre a economía.
Argentina contaba con tener un acuerdo cerrado para enero, que permitiera posponer el pago de más de U$S 1000 millones de estos días. Con reservas netas que los economistas calculan entre 2000 y 2500 millones de dólares, razonan las autoridades, efectuar un pago sin la certeza de que habrá un entendimiento con el Fondo sería dilapidar dólares. No hacer el pago tampoco es una opción gratuita: economistas y funcionarios anticipan mayor tensión cambiaria, aceleración de la inflación y una restricción en las importaciones que podría tener la recuperación de la actividad.
Hasta el momento, el Banco Central no restringió más la disponibilidad de divisas para importar y el Ministerio de Desarrollo Productivo autoriza regularmente Licencias No Automáticas. No se profundizaron las restricciones a importar, de acuerdo con fuentes del sector privado consultadas. Ese escenario podría cambiar si no hay acuerdo. Pero, aclaran en Gobierno, con el nivel de importaciones récord del último semestre -en diciembre, se pagaron compras por U$S 6500 millones, cuando se requerirían unos U$S 4500 millones mensuales para sostener la actividad- habría colchón para que mayores restricciones no afecten de forma inmediata esa fase del circuito productivo.
Sin embargo, un impago al Fondo provocaría el cierre de líneas de crédito para el sector privado y la interrupción de desembolsos de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y obligaría al Gobierno a restringir de forma tajante la operatoria del Contado con Liqui si no quiere que la brecha se amplíe más del 108% actual.
Una demora de seis meses en la negociación después del no pago derrumbaría las líneas de crédito comercial externo (en los próximos seis meses vencen U$S 16.500 millones de deuda comercial privada) y acumularía vencimientos impagos por U$S 12.000 millones (que deben ser cancelados previamente con capital propio o un crédito puente para arribar a un nuevo acuerdo con el FMI)”, indicó la consultora Eco Go en un reporte.
