Todo indica que no habrá retórica del tipo "patria o buitres" y que el kirchnerismo, encarnado a nivel territorial por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, no abandonará una práctica que lo ha caracterizado a lo largo de toda su trayectoria: reestructurar, incluso ásperamente, las deudas impagables, pero, a fin de cuentas, evitar el default y cumplir los compromisos con los acreedores. Eso es lo que ocurrirá, otra vez, si el gobernador obtiene el aval suficiente de los bonistas con los que renegocia una deuda de 7.148 millones de dólares, a quienes acaba de hacer la que, se supone, es su oferta final.
El gobierno provincial anunció haber conseguido "el acuerdo de su principal acreedor y otros bonistas en torno a términos y condiciones que permitirán enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera".
"Se trata de un apoyo clave para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje, que otorgará un importante alivio financiero para la Provincia. Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente 4.450 millones de dólares (equivalentes al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%", añadió en un comunicado.
En diálogo con Letra P, el economista Gustavo Reija dijo que, "luego de veinte intentos fallidos, la provincia de Buenos Aires parece encarar la recta final del proceso de renegociación de su deuda".
"El anuncio de un preacuerdo con el principal tenedor de bonos provinciales, el grupo Golden Tree Asset Management, ha generado expectativas favorables a que la renegociación entre en su fase final. Sin embargo, hay que considerar que, hasta este momento, este preacuerdo no tiene el aval del denominado grupo de bonistas Ad Hoc, clave para que el mismo pueda alcanzar los niveles de las cláusulas de acción colectiva (CAC) que aseguren el éxito. Por eso, la Provincia ha ampliado el plazo de aceptación hasta el 27 de agosto a fin de dar mayor espacio a este último grupo de bonistas", explicó.
El grupo Ad Hoc, que nuclea a unos 40 inversores institucionales, es fundamental para que haya acuerdo ya que afirma poseer casi la mitad de los títulos involucrados en el proceso.
Ese colectivo había anunciado en marzo una demanda contra el principal distrito del país por intereses atrasados por 204,8 millones de dólares.
Si esos acreedores cedieran y la propuesta oficial resultara aceptada en niveles superiores a los establecidos por las CAC, de modo de evitar cualquier posibilidad de juicios de holdouts o buitres, la Provincia no solo lograría el ahorro informado por las autoridades, sino que reduciría "la tasa de interés sustancialmente y conseguiría postergar la mayor parte del peso de los vencimientos al período 2031-2037", señaló Reija.
Cabe preguntarse entonces si la oferta provincial incluye los incentivos suficientes como para justificar la expectativa oficial. "Una de las mejoras sustanciales que contiene esta propuesta, a diferencia de las anteriores y que constituye la zanahoria para atraer a los bonistas, es que no incluye recortes de capital y reconoce los intereses devengados y no pagados hasta el 30 de junio de 2021, siendo estos abonados 10% en efectivo y 90% en bonos", indicó el economista.
"Esto constituye un importante aliciente y debería jugar a favor de una aceptación por parte de los bonistas del grupo Ad Hoc", agregó.
Sobre el cierre de la semana pasada, el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López, destacó que "esta invitación al canje de deuda concluye un enorme esfuerzo que ha realizado la Provincia e incorpora características para que los tenedores de bonos que aún no han aceptado la propuesta lo hagan en esta instancia". "Así esperamos que suceda en las próximas semanas: planteamos la reestructuración con foco en obtener flujos compatibles con la capacidad de pago de la Provincia (…) y estamos dando un paso fundamental en esa dirección", aseveró.
El respeto al capital de los acreedores, pero con recorte de tasas de interés que habían volado demasiado por encima de las posibilidades de pago reales, son lineamientos que la administración de Kicillof tomó de la negociación de la deuda con acreedores privados cerrada a nivel nacional por el ministro Martín Guzmán. Esto le permitiría, si el canje terminara en un éxito, convertir la cuestión de la deuda en un tema clave de la campaña electoral, con una narrativa que insistiría en que el peronismo siempre arregla los desmanejos de los gobiernos que lo preceden, algo más relevante en momentos en que la anterior gobernadora, María Eugenia Vidal, es cabeza de lista –esta vez en la Ciudad– y el ministro que la acompañó en la mayor parte de su gestión, Hernán Lacunza, forma parte del armado del presidenciable Horacio Rodríguez Larreta.
Por otra parte, la Provincia se distinguiría de lo hecho por otras, que decidieron cerrar el peligro inminente de cesación de pagos con arreglos que, a priori, lucen menos sustentables, con tasas de interés elevadas, del orden del 11 al 14%.
"Llegar a un acuerdo sería importante para la Provincia. De lograrlo, eso mejoraría el perfil de vencimientos y el flujo de caja pero, tal como la experiencia nacional ya ha mostrado, no habilitaría el reingreso a los mercados internacionales de crédito, hecho que depende de factores estructurales que aún están lejos de resolverse", advirtió Reija.
La solución de los problemas de fondo requiere decisiones que van mucho más allá del primer paso de evitar la insolvencia.
