Una veintena de tenedores de bonos de la provincia de Buenos Aires con acreencias por 204,8 millones de dólares, sobre un total en circulación de 7.200 millones, perdieron la paciencia ante la reiterada y estéril extensión de las negociaciones para refinanciar los vencimientos y decidieron llevar la puja al plano judicial, que se dirimirá en los tribunales de Nueva York. El hecho, largamente temido, induce una pregunta sensible: ¿el gobernador Axel Kicillof juega con fuego o calcula que los costos de un litigio serían, en las condiciones actuales, menores para la provincia que un arreglo amistoso?
El Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires señaló en un comunicado que, ante el default persistente de la deuda provincial, presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
“La Provincia dejó de realizar los pagos programados por los bonos en abril de 2020 y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series (…). Desde abril, la Provincia no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por entablar negociaciones de buena fe con el Grupo a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable y consensuada, a pesar de varios intentos de entablar discusiones de parte del Grupo y sus asesores”, señaló el texto.
“En lugar de buscar una solución, los funcionarios provinciales han optado repetidamente por extender el plazo de aceptación de una oferta de reestructuración fallida y desconectada de la real capacidad financiera de la Provincia y que, por lo tanto, nunca ha logrado el apoyo de los bonistas”, agregó en referencia directa a Kicillof.
“Las acciones hablan más que las palabras y es lamentable que el liderazgo provincial haya optado por seguir un curso de confrontación e incumplimiento con sus tenedores de bonos internacionales en lugar de un camino de negociación y compromiso”, cuestionaron.
El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires reclama, además de los pagos caídos, 30 millones de dólares en concepto de daños.
Salvo por el caso de GoldenTree Asset Management, los principales acreedores del distrito no están incluidos en se comité y se espera ahora conocer cuál será su conducta.
Según el comunicado, GoldenTree mantuvo recientemente los últimos diálogos con las autoridades provinciales, cuya oferta rechazó formalmente el último domingo 21 por considerarla “muy alejada de los términos que los bonistas internacionales de la Provincia considerarían aceptables”.
Ocho provincias ya acordaron la reprogramación de sus respectivas deudas: Mendoza por 589 millones de dólares, Neuquén por 683 millones, Chubut por 679 millones, Río Negro por 300 millones, Córdoba por 1.685 millones, Salta por 383 millones, Jujuy por 210 millones y, más recientemente, Entre Ríos por 500 millones.
Entre Ríos había recibido una demanda de sus bonistas, la que quedó sin efecto tras el acuerdo.
Entretanto, Tierra del Fuego, Chaco y La Rioja aún renegocian compromisos por 170, 250 y 300 millones de dólares, respectivamente.
En su comunicado, los tenedores de los bonos bonaerenses que entran en litigio advirtieron que, “a largo plazo, el costo verdadero de tal curso no constructivo será asimilado por su población y sus empresas. Sin acceso a capital y con un ambiente de inversión hostil, la creación de empleo, la actividad empresarial y el crecimiento económico seguirán sufriendo”. Si eso es así, ¿por qué Kicillof no accede a las condiciones que ya aceptaron ocho de sus pares?
Las negociaciones de las provincias mencionadas implicaron exit yields –las tasas de interés de los bonos nuevos entregados en canje– de entre el 11 y el 14%, lo que para muchos analistas augura, de no cambiar drásticamente las condiciones de mercado para el país, una nueva crisis en pocos años. Se trata, según esa perspectiva, de tasas impagables en dólares.
Kicillof apostó a una negociación de la deuda bonaerense en condiciones similares a la nacional, que logró pilotear el ministro de Economía Martín Guzmán, que supuso un valor presente neto (VPN) de 55 centavos por cada dólar originalmente adeudado. En cambio, las provincias mencionadas asumieron uno de alrededor de 75 centavos.
Sin embargo, al revés de lo que se esperaba, el riesgo país no ha convergido desde entonces al 10% deseado sino que se mantiene elevadísimo, por encima de los 1.500 puntos básicos, lo que dificultó los planes de Kicillof.
El economista Sebastián Maril, director de Research for Traders, ya entrevió el desenlace de este martes en un diálogo que mantuvo con Letra P a principios de enero. “La provincia de Buenos Aires, como todas las demás, tiene un gran dilema: si arregla con los acreedores, ¿será capaz de pagar?”, se preguntó entonces.
Echadas las cartas, Maril insiste ahora en que a Kicillof podría resultarle más conveniente ir a juicio que arreglar en las condiciones presentes. Según su análisis, la demora esperable de un juicio le aseguraría un período de gracia de facto de al menos tres años, lo que liberaría de pagos toda su gestión, a diferencia de lo que ocurre con distritos que sí arreglaron y deberán hacer desembolsos antes de esa fecha.
Además, aun en el caso de un esperable revés en el fallo final, Maril explicó que la legislación de Nueva York hace esperable la aplicación de una tasa del 9% a los litigios como el presente, muy inferior a las que han pactado las ocho provincias mencionadas.
El economista recordó que Kicillof ya adoptó ese curso de acción en 2014, en tiempos de “patria o buitres”, cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner.
