09|9|2022

Kicillof y, claro, la madre de todas las batallas

05 de enero de 2021

05 de enero de 2021

El bonaerense volvió a estirar la paritaria, pero no es el único en el laberinto: Schiaretti en la cornisa y Bordet a juicio. Covid, urnas, acuerdos y enigmas.

Tras el arreglo de la deuda de la Nación con los acreedores privados, condición para la viabilidad del plan económico del ministro Martín Guzmán y del presidente Alberto Fernández, se descontaba que vendría el turno de las provincias, que se habían entregado –en escala, pero tanto como aquella– al ruinoso festival del crédito en dólares en la era de Mauricio Macri. El comienzo de año –electoral– encuentra cerrado un puñado de acuerdos y gestiones complejas en distritos trascendentes como Córdoba y, sobre todo, Buenos Aires. Arreglar o no arreglar es el dilema para muchos mandatarios, sobre todo para Axel Kicillof, dadas las condiciones hostiles del mercado para todo lo que sea riesgo argentino.

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Cuatro distritos –Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro– ya lograron reestructurar sus compromisos. En tanto, Córdoba y Buenos Aires negocian, por ahora sin éxito.

 

Por otra parte, Salta, Jujuy y Tierra del Fuego por el momento siguen pagando, pero anunciaron que buscarán reestructurar los compromisos futuros; Córdoba milita por ahora en esa liga, aunque el default la acecha en el cortísimo plazo.

 

Un escalón por debajo se encuentran Chaco y La Rioja, que, como Buenos Aires, dejaron de honrar sus vencimientos y buscan regularizar su situación. Estas son las provincias del gran dilema de 2021.

 

Para entender esa encrucijada hay que repasar las condiciones aceptadas por las provincias que llegaron a acuerdos.

 

Mendoza reestructuró compromisos por 589 millones de dólares, Neuquén por 683 millones, Chubut por 679 millones y Río Negro por 300 millones. Todas asumieron exit yields –tasas de interés de los bonos nuevos– elevadas, del orden del 11 al 14%.

 

Las provincias pagan también los platos rotos de un riesgo país de 1.400 puntos básicos. Así, por caso, Córdoba se debate en tratativas sin solución a la vista. Su quinta y última propuesta fue rechazada el lunes por el grupo de acreedores que asegura disponer del 50% de los 1.685 millones de dólares que están en el limbo. Los plazos son acuciantes, ya que el gobierno de Juan Schiaretti está en tiempo de descuento para cubrir, este sábado, un vencimiento de 25 millones de dólares que dejó pasar y que lo acerca a una cesación de pagos formal.

 

La madre de todas las calamidades

La situación más delicada, por volumen y peso político, se da en la provincia de Buenos Aires, donde está en juego un acumulado de 7.100 millones de dólares.

 

Las negociaciones entre la administración de Kicillof y los acreedores llevan ya ocho meses y no dan señales de acercamiento. De hecho, el lunes venció la décima extensión del plazo de negociación establecido por las autoridades y este martes se anunció una nueva hasta el viernes 29. Sin embargo, el proceso depende de la paciencia de los bonistas, que en algún momento podrían romper y a plantear un juicio.

 

El equilibrio es más que delicado, tal como lo demuestra el caso de Entre Ríos, cuyos acreedores decidieron salir de las negociaciones por una deuda de 500 millones de dólares y demandar a la provincia en tribunales Nueva York por un vencimiento impago de 12 millones de dólares. Ante eso, la administración de Gustavo Bordet prometió dar pelea “en defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda”.

 

Sebastián Maril, director de Research for Traders, le dijo a Letra P que “fue sorprendente que Entre Ríos haya sido la primera en recibir un litigio; se pensaba que iba a ser la de Buenos Aires”.

 

“La provincia de Buenos Aires, como todas las demás, tiene un gran dilema: si arregla con los acreedores, ¿será capaz de pagar?”, se interrogó el economista.

 

De acuerdo con su análisis, “hay que pensar que las cuatro provincias que ya reestructuraron empezarán a amortizar capital en 2023, pero comenzarán a pagar intereses este mismo año. Kicillof cree que no puede cerrar en esos términos”.

 

Según Maril,“las provincias están logrando acuerdos por un valor presente neto (VPN) de 75 centavos (por cada dólar adeudado) mientras que Kicillof busca hacerlo por uno cercano al del soberano, que fue de 55 centavos. En ese sentido, litigar es una alternativa porque resultaría más barato que reestructurar. No digo que eso es lo que Kicillof vaya a hacer, pero la idea no debería ser ignorada”.

 

Eso es así sobre todo en un año político como el que acaba de comenzar, en el que todos los gobernadores deberán hacer frente a los rigores de una economía que, si la pandemia cediera, debería mejorar desde el fondo del pozo de 2020, pero que no brillará. Las necesidades electorales son parte de la cuenta. ¿Patria o buitres?

 

El informe del 30 de diciembre de Research for Traders refleja la opinión de los inversores sobre el mandatario bonaerense. “No está en su ADN sacarles dinero a las escuelas y a los ciudadanos necesitados para entregarlo a fondos de cobertura extranjeros”, indica el trabajo.

 

“La provincia de Buenos Aires –continúa– no solo fue el primer distrito en invitar a los acreedores a negociar en marzo, sino que también ha sido el único que, al menos públicamente, ha fallado en mostrar ningún tipo de progreso en la reestructuración de su deuda”.

 

“Con 7.100 millones de dólares de deuda defaulteada a sus espaldas, el gobernador Kicillof analiza los términos de las reestructuraciones del soberano y de otras provincias y no le gusta lo que ve. Ningún escenario satisface al gobernador populista”, añade.

 

Fuente: Research for Traders.

El informe recuerda que la amenaza de un juicio ya fue planteada el mes pasado por los bonistas, pero “Kicillof entiende que, si eligiera pelear con los acreedores en Nueva York y Londres, obtendría un período de gracia de al menos tres años en intereses y pagos de capital”.

 

Así actuó, recuerda, cuando Paul Singer y fondos buitres aliados le lanzaron el desafío en 2014, en sus tiempos de ministro de Economía, pleito que solo se saldó cuando Macri llegó al gobierno y pagó la sentencia de Thomas Griesa.

 

Juicios de valor aparte, Research for Traders advierte que “tres años sin realizar pago alguno a los acreedores cuando Argentina y otras provincias acordaron reiniciar el servicio de la deuda de los bonos reestructurados a partir de febrero de 2021 con fondos que a duras penas tienen, no es una estrategia tan mala en la mente del gobernador”. A fin de cuentas, de ese modo liberaría su mandato de toda carga y enfrentaría con una caja más desahogada las elecciones de octubre y, por qué no, las de 2023.

 

Fuente: Research for Traders.

La pelea llega a su punto de máxima tensión.