Septiembre y noviembre se encuentran marcados a fuego en el Cordón Industrial santafesino, corazón del nodo portuario agroexportador. Lo están no porque se determine la futura conformación del Congreso, sino porque después de casi medio siglo habrá elecciones para definir las conducciones del Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA) y la Cooperativa de Trabajos Portuarios, las dos entidades que supo liderar con mano de hierro Herme "Vino Caliente" Juárez. Nación monitorea la situación con el objetivo de llevar tranquilidad a las autoridades del Consejo Agroindustrial.
Dos años después de un mediático operativo de detención -realizado en las jornadas previas a las PASO de 2019-, el gobierno del Frente de Todos allanó el camino para completar lo que inició el macrismo. El 15 de septiembre se realizará el comicio en la cooperativa (empresa que por años monopolizó el servicio de estiba en la región), en tanto que en noviembre será el turno del gremio. Ambas fechas fueron ratificadas a Letra P desde las intervenciones a cargo de las instituciones.
En ambos eventos Juárez tiene las de perder, pero aún no se da por vencido. En el caso de la cooperativa, su defensa presentó un recurso de queja ante Casación (de Comodoro Py), diciendo que el padrón que se utilizará para la elección no refleja la situación real de la entidad. El mismo planteo ya fue rechazado en primera y segunda instancia en los tribunales rosarinos.
Según ratificó la Justicia, están habilitados para votar unos 130 socios, de los cuales más de 100 ya dieron su apoyo a la lista “Miguel Ru” (nombre que remite a un viejo opositor a Juárez) encabezada por Ricardo Marco, a quien presentan como un trabajador con más de 30 años de experiencia, libre de cualquier influencia partidaria.
Quienes se ven victoriosos igual no dan el partido por terminado. Es que descuentan que “Vino Caliente” se guardará algún as bajo la manga. Por eso gestionan ante el Ministerio de Seguridad que encabeza Jorge Lagna un operativo “similar al de un partido de fútbol” para evitar sorpresas.
“Habrá que ver si esa asamblea va a poder realizarse”, pronostican en el entorno del viejo caudillo, desde donde aseguran no entender “de dónde sacaron ese padrón”, cuya nómina debiera ascender por arriba de 700. Igual, aclaran que acatarán las disposiciones de la Justicia y no hay planificado ningún operativo especial para el 15 de septiembre.
La cooperativa había quedado en el ojo de la tormenta a finales de 2020, cuando los estibadores denunciaron que el por entonces interventor Roberto Pasqualino había desviado fondos a mutuales. La movida terminó con la Justicia nombrando un nuevo interventor (Daniel Sorrequieta), con aval del titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) Alexander Roig, del Movimiento Evita. En julio, la Cámara Federal de Rosario ordenó llamar a elecciones y restituir los plazos fijos al Banco Nación.
Aguas calmas
Otro tanto sucede con la delegación regional del Supa. El poroteo favorece a la agrupación “Celeste y Blanca”, que lideran Marcelo Vergara y Aníbal Cabrera, dos trabajadores que perjuran no tener intenciones políticas que vayan más allá de la actividad gremial. La intervención -que sigue fija desde hace más de un año- tiene previsto fijar en septiembre la fecha para la junta electoral, para luego realizar el comicio en noviembre.
Como aquí también se ve en desventaja, Juárez pretende sumar nuevos afiliados al padrón. Ya presentó más de 70 pedidos, aunque sectores opositores descuentan que su adhesión no obtendrá luz verde, por tratarse de trabajadores mensualizados que corresponden a otros sindicatos (dicen que hay desde serenos hasta empleados de mantenimiento).
Según refirieron diversas fuentes, el grupo encabezado por Vergara y Cabrera tienen el apoyo del gobierno nacional, vía el ministro de Trabajo Claudio Moroni. Desde Casa Rosada entienden no solo que el tiempo de “Vino Caliente” quedó definitivamente atrás, sino también que su grupo no causará mayores problemas en un área sensible. El mes pasado, un paro sorpresivo de la Uocra bloqueó todos los accesos a los puertos, lo que enojó al presidente de la Cámara de la industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idigoras.
Tal como se viene reflejando en Letra P, el Frente de Todos encontró en Idigoras un puente posible para arrimar posiciones con el sector agroindustrial, clave para la reactivación de la economía. Si bien la actualidad del polo agroexportador dista mucho de los años en que Juárez hegemonizaba su poderío -ya no es el gremio portuario el único con capacidad de paralizar la actividad-, el gobierno prefiere tener las aguas lo más calmadas posibles.
