El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) tuvo una aparición resonante a mediados de julio de 2020 vendiendo un tentador proyecto de ley para aumentar en U$S40.000 millones las exportaciones a cambio de una reducción impositiva a diez años. Toda la primera línea del Gobierno comprendió que la propuesta no era un espejito de colores y que engranaba con los planes del ministro de Economía, Martín Guzmán, para nutrirse de divisas genuinas. Por eso, abrazó la idea que le acercaba ni más ni menos que el campo. Durante más de ocho meses, el ambicioso proyecto fue abordado en decenas de reuniones con saldo positivo, pero empieza a ingresar en esa zona de indefiniciones de la que puede salir para atravesar la línea final o demorarse hasta el infinito.
Lo resonante de la coalición agroindustrial fue el empuje inicial con la amplia adhesión de 56 cámaras entre campo e industria, históricamente rivales, y por haber entendido a quién convencer para darle crédito inmediato. Así fue que logró la bendición, con foto incluida, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, luego, el convencimiento del presidente Alberto Fernández y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Desde ese momento, el Consejo se aseguró consistencia para no ser fugaz y disiparse entre la pandemia y los problemas macroeconómicos. Sin embargo, la coyuntura hace lo suyo y desinfla. La delicada situación económica y su incierto futuro, atenta contra una eventual generosidad en la baja de impuestos y estira la discusión.
Así lo razonó, en contacto con Letra P, Gustavo Idígoras, presidente de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro Exportador de Cereales (CEC). “El texto que salga será medianamente razonable. Siempre tenemos más ambiciones, pero también es real que con la situación límite de la economía es difícil que te otorguen beneficios impositivos”, dijo. No es cuestión de bondad, sino de física: no se puede rascar la olla cuando está vacía.
Por otro lado, la agitada agenda atrasó los planes y desechó la presentación de la ley en abril, como se presumía, por lo que se piensa en mayo para lograr estado parlamentario tal como prometió el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El Consejo está esperando la versión del Gobierno para analizarla y darle una devolución final. Por ahora, mucho ruido y pocas nueces.
Según explicó Idígoras, hay un cierto compás de espera para lograr que el Gobierno dé el empujón final a la iniciativa. “Tiene mucha receptividad y poco nivel de ejecutividad de las propuestas que hacemos, pero confiamos en que este es el camino”, sostuvo. En el medio se cuela el lobby y los reclamos por las indefiniciones sobre la concesión transitoria de la Hidrovía y el futuro de la ley de biocombustibles, además de algún reproche por los mayores controles y requisitos en materia de exportación de los últimos días.
La ley y los impuestos
En términos generales, hay acuerdo de que será una ley puramente dedicada a promover inversiones en el agro en todo el país sin excepción de cultivos o de producción animal. El núcleo son medidas específicas de amortización acelerada de inversión, devolución de IVA en esos casos y el ingreso sin restricciones de fondos de inversión externos e internos a proyectos del agro.
La cuestión es el equilibrio para mantener la recaudación y las demandas impositivas del sector. El Consejo propuso un Régimen de Estabilidad Fiscal sólo para promoción de inversión por un período de diez años. El compromiso del Gobierno en ese sentido está “muy avanzado”, aunque en los puntos que requieren de erogaciones, devoluciones o algún sacrificio fiscal la situación se complejiza.
Es el caso de los reintegros a las exportaciones de productos con valor agregado, como la harina y pellets de soja, que se llevan el grueso de las exportaciones. Sin embargo, lo dicho: este punto “quedó en suspenso por las deterioradas arcas fiscales”.
El otro punto que traba el avance es la discusión sobre bonos fiscales y de deducción de Ganancias del costo de fertilizantes y semillas, lo que busca tener impacto directo sobre el productor. Lo mismo que antes: el Gobierno escuchó, no le pareció descabellado, pero debe definirse la letra chica.
