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Guzmán echa mano a la soja y al aporte solidario pero descarta otro ATP

Recursos extraordinarios equivalentes al 1,2% del PBI cubren la ayuda social adicional que ejecutó el Gobierno. Empresas esperan definiciones y hacen cuentas.

Mientras empresarios y ejecutivos cruzaban whatsapps con funcionarios para evitar cerrar sus plantas la semana próxima valiéndose de los protocolos de las industrias y la presea de “esencial”, el Gobierno y economistas calculaban el impacto de las nuevas restricciones en una actividad que ya daba signos de desaceleración y en el tensionado gasto público. Los primeros cálculos, siempre supeditados al desagote del sistema sanitario y la vacunación, mostraban cierto margen de maniobra: con las medidas anunciadas, el Ejecutivo gastaría el equivalente a la recaudación extra que obtendrá por el precio internacional de la soja y otros commodities y el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas.

 

Así lo calculó Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica. Según los números que compartió con Letra P, el Estado obtendría recursos fiscales extraordinarios por $480 mil millones, equivalentes a 1,2% del PBI. La suba de los precios de las materias primas (un 57% por encima de lo previsto en el Presupuesto) aportaría unos $250 mil millones adicionales en derechos de exportación. El aporte solidario sumará otros $230 mil millones, según lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

 

La ayuda económica a familias y empresas anunciada hasta el momento equivale al 1,3% del PBI y calza con esos recursos: allí se incluyen la ampliación del Repro para pagar parte de los salarios de empresas de sectores críticos, pagos extra a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ampliación de la tarjeta Alimentar y hasta mejora en el impuesto a las Ganancias para trabajadores de salarios medios y altos. Sobre esto, el Gobierno informó anoche que el retroactivo comenzará a devolverse en julio y en cinco cuotas. Tiempo atrás, Sergio Massa celebraba una inyección de dinero de golpe y en abril, pero el ministro de Economía Martín Guzmán rollovea el reembolso.

 

Como contó Letra P, Guzmán considera que el Presupuesto tiene margen para atender la emergencia económica y social atada a mayores restricciones sanitarias. La disciplina fiscal del primer trimestre (el menor déficit en seis años) se modificó en abril, pero el contraste con el mes de aislamiento más estricto de 2020 muestra una reducción del rojo del 95% interanual.

 

El Presupuesto 2021 de Guzmán preveía un rebote del 5,5% y un déficit primario de 4,5% del PBI. Ese colchón de recursos adicionales, especulaban economistas, podría usarse para bajar la diferencia entre gasto e ingresos y descomprimir así la demanda de dólares en mercados paralelos, por ejemplo. En las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el foco estuvo en que ese déficit comience con tres. Con el avance de la pandemia, una reducción del rojo más acelerada deberá esperar, aunque el mercado presione y vuelva a advertir sobre la emisión monetaria y la brecha cambiaria. El pie del kirchnerismo sobre las tarifas de los servicios públicos también agregará presión sobre los subsidios energéticos, aunque descomprimirá el bolsillo.

 

Los economistas todavía no hacen cuentas sobre el impacto en la actividad de estos “tres días hábiles” de confinamiento, como lo definió el presidente Alberto Fernández. “Si se extiende, habrá impacto en la actividad y la recaudación”, dijo Federico Furiase, director de Eco Go. “También puede haber algún efecto anestesia de corto plazo en la inflación, siempre que no se recaliente la brecha cambiaria por la expectativa de un mayor déficit y de más emisión”, sostuvo. Delgado, en tanto, sigue manteniendo la estimación de un rebote del 7% para este año, similar al cálculo “conservador” de Guzmán.

 

Este viernes, los empresarios buscaban precisiones. “Las restricciones tendrán impacto negativo, seguro”, dijo José Urtubey, de Celulosa Argentina, mientras el sector automotriz buscaba información detallada sobre la extensión de las restricciones. De mínima, apostaban a la continuidad de la producción protocolizada. Pero lamentaban el efecto negativo en las ventas de mayo. “Nos autorizaron las SIMI recién a mitad de mes. En la primera quincena, prácticamente no hubo importaciones de autos. Esto es un bombazo, si nos cortan la última semana (en concesionarios), la caída de ventas y patentamientos de mayo va a ser fuerte”, indicaban.

 

La Unión Industrial Argentina (UIA) ya había advertido que “la recuperación mantiene todavía comportamientos heterogéneos, con una suba lenta en la industria que es reflejo de la desaceleración de la actividad industrial en el primer trimestre del año”. En marzo, por ejemplo, se detuvo la caída constante en la cantidad de empresas con trabajadores suspendidos, aun por encima de los niveles prepandemia. “Todavía no sabemos qué actividades estarán cerradas”, indicaron en la central fabril. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Indec marcó en marzo una nueva caída mensual, al igual que había ocurrido en febrero.

 

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió de manera “urgente” un “plan de contingencia” para atenuar el impacto sobre pymes. “La supervivencia de las pymes se torna insostenible”, dijo su presidente, Gerardo Díaz Beltrán. “El gobierno deberá plantear un plan de contingencia con suspensiones de todos los cargos impositivos, financieros, patronales y restablecer la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, reclamó.

 

Por ahora, el plan del Ejecutivo es continuar con la asistencia a empresas de sectores críticos vía Repro, un programa más módico y focalizado que el ATP. “En las primeras semanas de mayo, a través del Repro se pudieron atender más de 13.600 empresas, lo que implica un colectivo de trabajadoras y trabajadores cercano a los 400 mil, con una inversión total superior a los 5.000 millones de pesos”, comunicó el Gobierno tras la última reunión de Gabinete Económico.

 

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Toto Caputo

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