POLÍTICA & NEGOCIOS

El fantasma del sobreprecio ronda la polémica del transporte en Mar del Plata

Más de $2.000 millones de diferencia entre informes por obras ponen bajo lupa a Montenegro y su pliego fallido. Control dudoso, plazos inéditos y casa baleada.

Los ruidos de las fracturas internas en Juntos por el Cambio (JxC) dominaron la escena de la polémica en torno al pliego de licitación del sistema de transporte en Mar del Plata, el cual fracasó ante el voto negativo de quien hasta ese momento era el jefe de bloque oficialista, Alejandro Carrancio. Eso derivó en la purga que el intendente Guillermo Montenegro hizo en su gabinete de todos los dirigentes que reportan a CREAR, espacio liderado por el senador Lucas Fiorini y que integra Carrancio, quien también se separó de la bancada oficial.

 

Pero, más allá de las olas internistas sobre las que ya dio cuenta este medio, el tema dejó entrever la punta de un iceberg más denso y que pone en la mira los costos que el propio municipio PRO elevó en su informe para la realización de las obras de infraestructura que irían de la mano con la licitación del mencionado sistema. Es allí donde sobrevuela el fantasma del sobreprecio.

 

Puntualmente, se trata de la realización de tres estaciones de trasbordo de magnitud y 24 pequeñas (denominadas intercambiadores) en diversos puntos del distrito. Para todo eso, el informe municipal –al que tuvo acceso Letra P- estimó un costo de $4.353 millones. Lo llamativo del caso es que otro informe realizado con el mismo objeto por la Universidad Nacional de Mar del Plata dio cuenta de números muy inferiores, estimando un costo total de alrededor de $2.000 millones.

 

Millones de distancia

Puntualmente, en el informe firmado por el secretario de Obras Públicas municipal, Jorge González (socio del exintendente radical Daniel Katz en su estudio de arquitectura), se detalla que cada estación de trasbordo tiene 8.500 m2 y cotiza en $1.107 millones. Traducido en billete verde, el metro cuadrado se cotiza aquí en 1.340 dólares, un 91% por encima del valor más alto que fijó la UNMdP en su informe, donde, para el área de administración, estipuló un costo de 700 dólares el metro cuadrado.

 

De acuerdo a lo reconstruido por este medio a partir de diversas fuentes del recinto deliberativo, este aspecto había sido uno de los planteos que el concejal Carrancio hizo durante el debate en la comisión de legislación. Allí, el edil de CREAR pidió una batería de modificaciones al pliego, observando, entre otras cosas, una cláusula antimonopólica laxa, un alto costo del valor del pliego que desalentaba la participación de varias firmas y múltiples dudas en torno al esquema de control y penalidades a las empresas por incumplimientos a la hora de prestar el servicio. En esto último, la comuna nunca informó cuánto se cobró al momento por este concepto.

 

Eso, sumado a cuestionamientos que fueron compartidos incluso con el bloque del Frente de Todos (FdT), fundamentalmente en lo relativo a los extensos plazos que se estipulaba para la concesión del servicio. Cuando en general este tipo de licitaciones contemplan un periodo de hasta 8 años, el pliego que pretendió aprobar Montenegro abría la posibilidad de extender la concesión hasta 27 años. El argumento para ello era el tenor de las numerosas obras que se tenían que realizar.

 

Lo pagan los usuarios

En ese aspecto, varias voces que refutan el pliego amarillo consideran que los trasbordos (conexiones gratuitas de un colectivo a otro) son necesarios pero no por ello se justifican estaciones y obras de infraestructura de semejante tenor. Además, subrayan que –siempre según el pliego desactivado- para todo eso no se contemplaba la licitación pública, sino que la empresa que realizaría los trabajos sería elegida por el transportista que ganase la concesión del sistema.  

 

En ese sentido, el FdT había hecho un reclamo concreto basado en la necesidad de dividir el expediente para que las obras en cuestión vayan por un carril aparte, se adjudiquen con la transparencia de la licitación pública y que, así, el periodo de concesión del sistema no tenga la atadura argumentativa de dichas obras. Y, lo fundamental, que el costo por esas obras no imprescindibles –pero de alto costo- no tengan que recaer en el bolsillo del usuario, a partir de incrementos exorbitantes en el valor del boleto. Cabe recordar que otro informe del municipio presentado el mes pasado hablaba de un boleto que podía pasar de $35 a más de $90.

 

Pero, tanto a los pedidos de modificación de Carrancio como a las observaciones del FdT, el municipio PRO respondió que ya era tarde para hacer cambios, lo que provocó el final conocido: el rechazo al pliego, con el voto negativo de Carrancio. Fuentes de la comuna argumentaron que los plazos para escuchar propuestas de modificación ya habían terminado, incluso con audiencia pública mediante.

 

Balacera

Lo que no se mencionó es que, luego de aquella audiencia pública realizada en febrero, una de las voces más críticas en rechazo al pliego, la presidenta de la Sociedad de Fomento de Playa Serena, María Inés Benítez, sufrió esa misma noche una balacera en el frente de su vivienda. Tras una investigación surgida del análisis de diversas cámaras de seguridad, se detectó que la camioneta desde donde se efectuaron los disparos pertenecía a una de las empresas del presidente de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), Juan Inza, quien hoy mantiene las riendas del servicio de trasporte y que era visto como quien corría en punta para hacerse de la licitación planteada por el pliego de Montenegro.

 

Por esto, tanto Inza como el titular del Foro de Seguridad de Mar del Plata, Juan Manuel López, fueron imputados por el fiscal local Leandro Arévalo. Con esos nubarrones, el pliego de Montenegro quedó desactivado, pero no así los interrogantes sobre el negocio detrás del sistema de transporte en la ciudad balnearia.

 

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