Luego de semanas de dilaciones y a 20 días del vencimiento del régimen de promoción de los biocombustibles, el Frente de Todos (FdT) finalmente presentó en la Cámara de Diputados el nuevo proyecto sustentado por el jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner que busca impulsar a las pymes productoras. La iniciativa ingresó con la firma de 14 legisladores del bloque más el diputado de Juntos por el Cambio Domingo Amaya. La adhesión del dirigente opositor tucumano es un indicio de la complejidad política del debate para impulsar los combustibles verdes, que tiene a los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, en contra de la modificación del actual régimen de promoción, que contiene a las grandes cerealeras. La nueva norma les achica el negocio pero sigue incluyendo a los ingenios azucareros con base en Tucumán. Todos distritos de gran volumen electoral gobernados por diferentes versiones del peronismo.
Timoneada en la superficie por el santafesino Marcos Cleri, la nueva norma plantea un régimen con vigencia hasta 2030, con la posibilidad de prorrogarse por 5 años, y establece mecanismos para evitar que la suba del precio internacional del maíz –una de las bases del bioetanol, junto a la caña de azúcar– impacte en los surtidores. También se fija un límite a la participación de grandes cerealeras en la producción del biodiesel para consumo local.
La idea del oficialismo es que el negocio de los biocombustibles quede para las pymes del sector que posean una capacidad de hasta 50.000 toneladas de producción anual para el biodiesel. Algunos críticos de la iniciativa sostuvieron a Letra P que existen jugadores que “se disfrazan de pymes” pero concentran varias plantas, y ponen como ejemplo al Grupo Bahía Energía.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este proyecto? Según datos de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, existen 33 plantas de biodiesel -que se elabora a base de soja- con una capacidad de producción de 3,8 millones de toneladas. Doce están en la provincia de Buenos Aires y 15 en Santa Fe.
El corte para la mezcla en el gasoil se redujo de un 10% a un 5%, pero la autoridad de aplicación podrá reducir ese nivel al 3%, en función de la variación internacional de las materias primas. La idea es que el negocio agroindustrial no impacte de más en los surtidores, más allá de las subas sistemáticas de las que gozan las refinerías de hidrocarburos.
“El corte de los biocombustibles incide sobre el precio del surtidor. La soja y el maíz tienen valores internacionales altos, que presionan sobre los precios internos. Por eso se habilita incluso a bajar el piso mínimo llegado el caso”, dijo a Letra P uno de los diputados firmantes, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT).
Según el texto del proyecto, el abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para cumplir las metas establecidas recaerá sobre aquellas empresas que “no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiesel y/o de sus insumos principales” y a su vez deberán tener un tope máximo de producción anual de 50.000 toneladas.
De esta manera, quedarían afuera del negocio local sociedades como AGD –cuyos dueños son el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y el exsenador Roberto Urquía-, Molinos, Glencore, Cargill, Cofco y Dreyfus, entre otras. Es decir, las principales compañías del sector agroexportador que concentran el negocio granario. Para el Consejo Agroindustrial Argentino, el tope dejará mucho stock sin vender.
¿Todos conformes?
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba quieren la prórroga sin cambios de la actual ley, que vence el 12 de mayo, hasta que se alcance un consenso. ¿Se puede conformar a todos? Probablemente no. Mandatarios y empresas jugaron sus fichas.
En el caso del bioetanol (alcohol anhídrico), que se hace a base de maíz o azúcar, hay 33 plantas distribuidas de la siguiente manera según la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno: cuatro en Córdoba, ocho en Tucumán, y Salta, Jujuy, Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero tienen dos cada una.
El bioetanol se utiliza para mezclar las naftas, cuyo corte quedó establecido en el 12 por ciento. Los petroleros no consiguieron reducir los niveles de biocombustibles con los que se mezclan los hidrocarburos tradicionales. Además, el proyecto prohíbe que las productores y refinadores de crudo sean “titulares" o posean "participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”. Es decir, se busca que no exista una integración vertical entre el universo de los hidrocarburos y los biocombustibles.
El corte del 12 por ciento para naftas se integra con un 50 por ciento de bioetanol de maíz y la otra mitad con la producción de los ingenios azucareros, con preminencia los ubicados en Tucumán. Son los potenciales ganadores. Alcanzan una producción de 749.000 metros cúbicos, es decir el 52 por ciento de todo el bioetanol que se produce.
En el mercado de Chicago, el maíz no deja de subir. El jueves tocó su máximo desde 2013. Por eso la autoridad de aplicación estará autorizada a reducir los niveles de producción de biocombustibles a base de este cereal hasta un 3%. Los cordobeses le bajan el pulgar a esta “discrecionalidad”.
La propuesta de inclinar los beneficios hacia la producción de bioetanol en base al azúcar es acompañada inclusive por los integrantes de la Unión Industrial Argentina. “El maíz se puede exportar directamente, en cambio para el NOA y NEA es clave este régimen de promoción”, sostuvo un analista que forma parte de la patronal industrial, donde pisa fuerte Ledesma.
