El Gobierno trabaja en dos objetivos a la vez con premura: apurar el debate de una nueva ley de biocombustibles y frenar la sesión especial de la Cámara de Diputados del próximo jueves en la que la oposición busca prorrogar el régimen actual. En el medio, intenta no romper la armonía con los bloques legislativos para que no se le trabe la negociación por el nuevo esquema de Ganancias. Para eso decidió enfocar el discurso en exponer las diferencias entre las pymes del sector y las grandes cerealeras que se beneficiaron durante 15 años con el régimen promocional pero que, explican, ya no requieren del empuje estatal. El kirchnerismo motoriza la jugada y carga contra las exportadoras, a las que acusa de beneficiarse con el régimen actual y evadir con el negocio.
Tal como adelantó Letra P la semana pasada, el proyecto que lleva la impronta de Máximo Kirchner busca corregir el esquema actual de beneficiarios del régimen promocional actual que acaba de cumplir 15 años y vencerá el próximo 12 de mayo. En las últimas horas, la Secretaría de Energía empezó a definir el borrador del proyecto y en el bloque del Frente de Todos se encargan de explicar que no se puede mantener cuatro años más un esquema desproporcionado, tal como habilitaría la prórroga, porque fue un marco elaborado para crear el mercado.
Para que el nuevo proyecto empiece a entrar en consideración de la oposición, le restan importancia al inminente vencimiento y endurecen el discurso contra con las exportadoras, a las que les cantan el tiempo de descuento. De las 55 plantas entre biodiesel y bioetanol, están incorporadas 47 en el nuevo régimen, todas las pymes del mercado. El resto son cerealeras de gran espalda financiera a las que pretenden quitarles los beneficios que tuvieron hasta ahora.
“Hay que diferenciar las pymes de quienes han utilizado el régimen para beneficio individual, utilizando los procesos, pero logrando gran maximización de ganancias”, sostuvo el camporista Marcos Cleri en una filosa exposición este lunes en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en la que expuso también el secretario de Energía, Darío Martínez.
Según el diputado santafesino, esas siete exportadoras, entre ellas Dreyfus, Renova, Terminal 6, Cargill, Patagonia Bioenergía y Cofco, más Vicentin, que al estar concursada no está exportando, se beneficiaron desde 2016 con un convenio con la Unión Europea y una asociación del viejo continente. “Lo hacen a través de Holanda, Bélgica y un 30% a través de Malta. ¿Qué se exporta en Malta y cuánto utilizan de biocombustible? Uno se entera que allí hay un paraíso fiscal”, disparó ante la mirada de empresarios del sector pyme y legisladores.
En tanto, el secretario de Energía fue en la misma línea, pero con un discurso moderado. “La nueva ley tiene la obligación de tener en cuenta la protección de aquellos que en 15 años no pudieron desarrollarse del todo, a las pymes, a las no integradas. Tiene que referirse y distinguir las empresas integradas, de los grandes grupos”, sostuvo.
El proyecto en cuestión por ahora es un borrador que tienen sólo algunos empresarios y legisladores del kirchnerismo. En tanto, este martes prometía una negociación dura para poder desarmar las intenciones del Interbloque Federal, que integran el cordobesismo, el lavagnismo y el progresismo santafesino, para sancionar el jueves la prórroga del marco regulatorio actual. Empuñan el manual de que no quieren concentración en las exportadoras que expusieron Cleri y Martínez, pero la objeción en la que se recuesta la oposición para oponerse a debatir el proyecto es el poco tiempo que resta hasta el vencimiento de la actual ley.
El radical Fabio Quetglas y Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, con un discurso de marcado sesgo petrolero, fueron el diputado y la diputada que marcaron las diferencias en la comisión y piden por la prórroga. “Dado que hay un montón de puntos, lo más sapiente es aceptar la prórroga y trabajar durante un año sin apuro la ley. La señal que damos al legislar a las corridas no es positivo", sostuvo Quetglas.
Contrapuntos
Lo que logró el Gobierno es ponerse de su lado a las cámaras y dirigentes del sector del biodiesel, como el empresario Federico Pucciariello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), y Juan Carlos Bojanich, ceo del Grupo Bahía Energía. Sin embargo, el sector del bioetanol a base de maíz, producción instalada en Córdoba, tiene sus reparos. El proyecto propone un corte del 10% de bioetanol, del cual el 6% sea a base de caña de azúcar y el restante 4%, de maíz. De ese 4%, el 2,5% se otorgaría para las pymes, mientras que el otro 1,5%, a las dos grandes del rubro, Promaíz y ACA bio. La segmentación, según Cleri, se hace porque esas dos grandes compañías “podrían absorber todo la caña de azúcar y la cuota de las otras pymes”.
Esto no cayó muy bien en la Cámara de Bioetanol de Maíz que representa el 55% de corte de las naftas. “Nos oponemos terminantemente a la reducción de cortes como se insinuó, a una discriminación por tamaño de empresas, y nos sumamos a un pedido de prórroga inmediata (…) hay que escuchar a todos los productores”, sostuvo el director de esa entidad, Patrick Adam.
