28|6|2022

Desdolarizar tarifas, un mensaje político

11 de marzo de 2021

11 de marzo de 2021

Más allá de tecnicismos, lo que está en juego es una redistribución de recursos para que la ciudadanía acceda al gas y la luz sin hipotecar sus salarios.

“Las tarifas no pueden ser un dilema para el consumidor”, insistió Alberto Fernández esta semana, durante un reportaje en la señal de cable C5N. Los servicios públicos, que incluyen al gas y la electricidad y, para algunos integrantes del Frente de Todos, también a las telecomunicaciones, están camino a ser declarados en “emergencia”.

 

Así lo anunció el propio mandatario en su discurso del 1 de marzo. "Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos".

 

¿Cuál es la implicancia política de este mensaje? El Gobierno pretende que el público usuario deje de pagar los niveles de tarifas heredados del macrismo pero, sobre todo, modificar la estructura tarifaria dolarizada que les hizo ganar a las empresas del sector millones de pesos en los últimos años, financiadas, básicamente, por los bolsillos de consumidores y consumidoras, víctimas de la política energética de Cambiemos y, luego, por las consecuencias de la pandemia. En el fondo, existe una puja por la redistribución de recursos, que también tensiona hacia el interior de la coalición gobernante.

 

Borradores

Tanto la conducción del Ministerio de Economía como las distintas áreas de la Secretaría de Energía y el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, en sus distintas vertientes, están avanzando con los esbozos del proyecto para plasmar el pedido que realizó el Presidente durante la inauguración de las sesiones ordinarias. El diagnóstico es que existe una crisis en el acceso a los servicios fundamentales, producto de la dolarización de los contratos durante el macrismo. Entonces, lo que se intenta plantear es una redefinición de prioridades en función de la financiación de esos servicios. Es decir, quién pondrá lo que otros dejarán de poner para que el conjunto de la población deje de padecer el cuadro tarifario establecido a partir de 2016.

 

Las claves de lo que se está estudiando apuntan, según los borradores a los que accedió Letra P, a la segmentación de las tarifas según ingresos de las usuarias y los usuarios, a la desdolarización de los contratos pero con algún grado de indexación, a sostener un determinado nivel de subsidios para los sectores que lo necesiten (además de la tarifa social) y a realizar una profunda investigación sobre la estructura de los costos para la generación de la energía con el objetivo de avanzar en una Revisión Tarifaria Integral (RTI) que podría demorarse más de un año.

 

“Este es un proceso largo, donde se busca lograr una mayor eficiencia en la distribución de los recursos públicos y dar una respuesta estructural al tema de las tarifas”, indicó a Letra P uno de los funcionarios que sigue al detalle el derrotero de los borradores que deberían llegar al Congreso en un proyecto unificado del oficialismo.

 

Segmentar y distribuir

Según adelantó Fernández, el proyecto de ley de emergencia de los servicios públicos en el ámbito federal buscará establecer un cuadro tarifario de transición y definir los pasos necesarios para la RTI que debería estar lista antes del 31 de diciembre de 2022.

 

En relación al primer eje, se establecería una delegación de facultades para que sea la cabeza del Poder Ejecutivo quien defina los incrementos de tarifas de transición, “considerando la capacidad económica de los distintos usuarios, pudiendo al efecto segmentarse las categorías con criterios que atiendan su capacidad económica”.

 

La segmentación es uno de los instrumentos que trabaja el oficialismo en Economía, Energía y la Cámara de Diputados. Este punto dispara distintas posiciones. Hay quienes consideran que deberían mantenerse los subsidios y existen otras propuestas que apuntan a que los usuarios paguen el costo total de lo que consumen.

 

Fernández ratificó que este año destinará 600.000 millones de pesos a subsidios. “Llevar las facturas a los costos totales de consumo de la energía es bastante inviable”, señaló a este medio un analista energético que accedió a los textos que se están trabajando.

 

Uno de los proyectos bajo estudio indica que “el Poder Ejecutivo podrá constituir un fondo de afectación especial que concentre los subsidios destinados a las empresas concesionarias”. Otra de las herramientas que se incluirían tiene que ver con la necesidad de saldar la deuda que las distribuidoras eléctricas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La intención es establecer "los mecanismos regulatorios necesarios que permitan regularizar las deudas" de las distribuidoras y propiciar "el aseguramiento de la cadena de pagos del sector”, sostiene uno de los borradores.

 

Como publicó Letra P, la deuda de todas las distribuidoras del país ascendía al cierre del año pasado a los 150.000 millones de pesos. De ese total, Edenor y Edesur le deben a Cammesa $30.000 millones. Lo que se evalúa es que el 50 por ciento de esa deuda pueda canjearse por un monto similar que acumulan usuarios y usuarias que no pudieron afrontar el pago de los servicios durante la pandemia y por un plan de obras que deberá estar aprobado por Energía.

 

Desdolarizar e indexar

Otro capítulo es la desdolarización de los contratos, algo no tan sencillo de llevar adelante debido a que muchas compañías tienen cláusulas que les permitirían accionar legalmente fuera del país.

 

Para avanzar con este instrumento, debería pensarse también en un esquema de indexación de los contratos. “Ocurre, que si el dólar quedara planchado y aumentase la inflación, podría ser más cara la desdolarización que mantener los contratos actuales”, indicó a este portal un funcionario de Economía.

 

Es decir, para que esto funcione debería existir un alineamiento muy fuerte entre lo que sostienen los diferentes funcionarios del área de Energía y lo que piensa el ministro Martín Guzmán sobre el rumbo de las variables macroeconómicas. Como también publicó Letra P esta semana, no todos los integrantes del Gobierno creen en el mantra de la reducción del déficit fiscal.

 

Cambios estructurales

Uno de los aspectos más celosamente guardados por las empresas energéticas tiene que ver con sus costos. ¿Cuánto les sale la energía que luego venden? El último análisis para el segmento eléctrico se realizó en 2013.

 

En el Gobierno apuntan que el objetivo de lograr un cambio estructural vinculado a los servicios públicos implica –según uno de los borradores- una “revisión de los costos de generación de energía que propendan a su disminución". 

 

Este punto sería el paraguas para el cambio estructural en el esquema tarifario. “Vamos hacia el diseño de políticas específicas para bajar los costos de generación”, indicaron a Letra P fuentes de la Secretaría de Energía.