Ambas cámaras de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sesionarán este martes para tratar el proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el gobernador Axel Kicillof a fines de noviembre y otras iniciativas relevantes como el pedido de endeudamiento, la Ley Fiscal e Impositiva para el próximo periodo, la reforma de la Ley de Ministerios y los pliegos para designar a Federico Thea presidente del Tribunal de Cuentas. Además, el mandatario ya giró los nombres de sus elegidos para ocupar lugares vacantes en el Banco Provincia en representación del oficialismo, a la vez que se espera también un debate sobre las modificaciones a la normativa que limita las reelecciones en cargos ejecutivos y legislativos.
La denominada ley de leyes es para Kicillof el machete fundamental con el que pretende abrirse paso en la gestión, sobre todo después de dos años estancado en una crisis social y económica producto de la pandemia y la herencia que le dejó la administración vidalista. Aunque también será su principal arma para relanzar el gobierno e iniciar un camino que lo deposite con posibilidades de reelección en 2023. Todo ello, sostenido en una fuerte reactivación económica y un despliegue de obra pública en los 135 distritos.
Tal como dio cuenta Letra P, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, explicó en su defensa inicial del proyecto que los ejes centrales son la inversión en infraestructura y vivienda; la promoción de la producción, el empleo y la inclusión social; la educación; la seguridad; la salud y perspectiva de género. Los dos primeros serán los más relevantes para la etapa que comienza. De hecho, en infraestructura, el gobierno provincial planea invertir 260 mil millones de pesos, “un número histórico”, según el funcionario; y 123 mil millones destinados para la promoción social.
Además, el proyecto de presupuesto contempla una inversión de 915 mil millones en educación, 47 mil millones en seguridad, 135 mil millones en salud y casi 75 mil millones en programas que buscarán reducir la brecha de género. Todos estos puntos son destacados incluso por buena aparte de la oposición, que contrasta, de todos modos, con la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Este último punto es reclamado por intendentes oficialistas y opositores, que exigen cierta autonomía a la hora de diseñar las políticas públicas de infraestructura en sus distritos. Aun así, se especula con que la no inclusión de este fondo sea parte de una estrategia del gobernador para negociar su inclusión a último momento. De hecho, en las horas previas al debate, el Frente de Todos ofreció 18 mil millones a los jefes comunales y la respuesta inmediata casi que los duplicó: piden 30 mil millones de pesos.
En síntesis, el gobierno bonaerense prevé un gasto total para el año próximo de $3,1 billones, un aumento de los impuestos patrimoniales que rondará el 35% promedio y un pedido de endeudamiento de algo más de $90 mil millones.
Por otra parte, ingresó en las últimas horas el proyecto que pretende reformular la Ley de Ministerios, con la que se creará el Ministerio de Ambiente, que quedará a cargo de la diputada nacional de La Cámpora Daniela Vilar; de Hábitat y Desarrollo Urbano, que presidirá el exministro de Infraestructura Agustín Simone; de Transporte, que conducirá el exdiputado del Frente Renovador Jorge D’Onofrio; y el Instituto Cultural, que manejará la también exdiputada Florencia Saintout.
A estos cambios se pretende sumar varias designaciones. Este lunes por la noche ingresó en el Senado el pliego para designar a Alberto Sileoni al frente de la Dirección de Cultura y Educación, en reemplazo de Agustina Vila; y nombrar a Thea nuevo presidente del Tribunal de Cuentas bonaerense, tras la renuncia de Eduardo Grimberg. El gobierno intentará saldar también los lugares vacantes en el Banco Provincia. Ya envió para su aprobación los pliegos de Daniel Horacio Barrera, Humberto Vivaldo, Sebastián Galmarini y Alejandro Formento, los tres últimos ya integran el directorio, por lo que revalidarían sus puestos.
También existe la posibilidad de tratar una modificación de la ley que le pone límites a las reelecciones, norma impulsada por el Frente Renovador de Sergio Massa y aprobada y reglamentada por la entonces gobernadora Vidal. Uno de los proyectos fue el impulsado por el propio partido amarillo, con la firma del senador Juan Pablo Allan y el respaldo del peronista republicano Joaquín de la Torre y la plana mayor de los intendentes de Juntos, en guerra con la exgobernadora. En el nuevo proyecto, por un lado, se pretende incorporar en la prohibición a todas aquellas personas que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin perjuicio que haya sido ejercido de manera total o parcial y, por el otro, en términos políticos, se busca abrir lugar a la elaboración de otra ley que habilite a los intendentes a ir por un nuevo mandato en 2023.
Lo que buscan es modificar el artículo 3° del decreto de Ley 6769/58 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que firmó Vidal. Pretenden que los intendentes y concejales estén en sus funciones cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por un nuevo periodo, con la salvedad de que quedarán comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin perjuicio de que el mismo se haya ejercido de manera total o parcial. Parte del Frente de Todos, a excepción del massismo, busca una salida similar, aunque no se descarta el tratamiento de una iniciativa propia.
