La llave a un negocio multimillonario en el Puerto San Nicolás está bajo la lupa de la actual gestión y se ancla como la nave insignia de las tensiones cada vez más crecientes entre la presidenta del consorcio portuario, Cecilia Comerio -designada hace un par de meses por Kicillof- y su directorio, heredado de la gestión Vidal y con lazos al poder municipal de los Passaglia (JxC). El conflicto se dispara ante el llamado a licitación para la concesión del elevador de granos del puerto, proceso que está bajo sospecha provincial por no haber pasado por organismos de contralor y por considerarse “inconveniente en términos económicos” para el patrimonio del consorcio al abrir paso a posiciones monopólicas, con suculentas ganancias.
La puesta en valor del elevador de granos del puerto –prácticamente sin funcionar desde hace 25 años– no solo dotaría a la producción cerealera del norte bonaerense de una boca de salida alternativa a Santa Fe, sino que generaría una unidad de negocios que diversificaría el perfil portuario nicoleño, hoy dominado por el movimiento de fertilizantes. Pero, para volver a su plena capacidad operativa, el elevador requiere una fuerte inversión en infraestructura.
Ante eso, en 2017 Cambiemos impulsó la licitación para su concesión a manos de un privado. Quedó desierta. Pero esa iniciativa fue reflotada por el directorio del consorcio creado por el vidalismo. Lo hizo pocos días antes de que arribara Comerio a la presidencia del ente (17/11). Así, el 5 de noviembre pasado se publicó el llamado a licitación para el 9 del mes siguiente.
La premura para la presentación de ofertas (un mes) llamó la atención de la posteriormente asumida Comerio, quien, en un reciente informe elevado a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, advirtió que se trató de un plazo “excesivamente corto”, considerando el tenor de la obra a concesionar y las evaluaciones que cada oferente debería hacer para diseñar su propuesta. Además, hizo foco en la necesidad de la mayor participación de empresas posible para obtener la oferta más beneficiosa al consorcio.
Según pudo saber Letra P, las empresas GEAR S.A., PAMSA y CASPORT, pidieron extender o suspender los plazos del llamado. La firma MOVIPORT, en tanto, interpuso un recurso de revocatoria a la resolución del directorio que aprueba el pliego y el llamado a licitación, basado sobre un reglamento de contrataciones que nunca pasó por los entes provinciales de contralor (Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado). Lo llamativo del caso es que sí habían intervenido en licitaciones previas del puerto. Por este proceso acelerado, cerca de algunas de las firmas denunciantes apuntan las miradas hacia empresas afines al municipio local de JxC.
En ese contexto, a principios de diciembre, la titular designada por Kicillof expuso al directorio heredado del vidalismo “las anomalías observadas”, con la postura de dejar sin efecto el pliego por encontrarse “viciado” el procedimiento en términos jurídicos y por afectarse intereses patrimoniales de la Provincia. Allí, se definió aplazar para el 25 de enero la presentación y apertura de sobres.
Amén de esto, voces cercanas al complejo portuario consultadas por Letra P no dudan de que esta licitación se declarará desierta y se evaluará hacer un nuevo llamado bajo parámetros jurídicos y económicos. Precisamente sobre ese aspecto, Comerio requirió la intervención de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense -a cargo de Juan Cruz Lucero-, del área de Legal y Técnica y los organismos de contralor para que hagan su evaluación y, de ser necesario, se expidan no solo sobre la legalidad del proceso sino también sobre su conveniencia para el patrimonio público.
Según el informe al que tuvo acceso este medio, la presidenta del consorcio consideró “de extrema gravedad” la falta de intervención de los entes de contralor provinciales en este proceso. Pero ese criterio no es compartido por el directorio. De acuerdo a una nota fechada el 12 de enero último –sobre la que dio cuenta este medio–, los directores Azcoitia, Pinedo, Capra, Felicevich y Baltazar Schubert señalaron que no resultaría procedente la intervención de los organismos estatales de contralor, “quienes sí podrían requerir información puntual”.
Como viene contando Letra P, las fricciones entre ambas partes se dan desde el minuto uno. Asumidos en el último año de vidalismo y con mandatos por tres años, los miembros del directorio se mueven en bloque y a contramano de Comerio, que acelera para llevar a la luz aspectos a priori irregulares, como viáticos millonarios sin rendiciones o este mismo proceso licitatorio, que guarda abismales diferencias en términos financieros –en beneficio del concesionario– en comparación con el de 2017.
Monopolio con ganancias suculentas
La licitación desierta de 2017 había fijado que el concesionario del elevador de granos abonara a la autoridad portuaria un canon mínimo mensual de 60 mil dólares, contemplando además una actualización del 10% cada cinco años con el fin de mantener el valor constante durante la concesión. Pero la licitación actual lo fijó en solo 10 mil dólares para los primeros 10 años y 15 mil hasta el año 2030, desapareciendo además el mecanismo de actualización y contemplando bonificaciones más beneficiosas para el concesionario que en 2017.
En cuanto a la Tasa por Servicios a las Cargas, en 2017 se establecía que el concesionario le abonara al puerto 72 dólares por tonelada por las operaciones de embarque y desembarque. En la licitación actual impulsada por el directorio vidalista del consorcio, se fijan 0,20 centavos de dólar por tonelada embarcada, ascendiendo a 0,40 cuando se supera el 1.2 millón de toneladas.
Además, da luz verde al concesionario para fijar “libremente” las tarifas que los usuarios deben abonar por el uso del elevador o su muelle y borra el artículo de 2017 que fijaba un volumen de toneladas a operar a través de la delegación portuaria. Es decir, ni una porción de la torta.
Como frutilla del postre, la cláusula monopólica: en la licitación impulsada por el directorio asumido durante el vidalismo se establece que, “como mínimo, en el plazo de 20 años” no podrán realizarse en el predio del puerto nicoleño actividades que “sean coincidentes y entren en competencia” con el elevador concesionado.
