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Las productoras de biodiesel están cerca del quebranto porque el gobierno no le actualiza los valores. El fuerte lobby petrolero.

Por 12/09/2020 16:28

Entre los muchos nudos que le dejaron por desatar al nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, se encuentra la demanda del sector de biocombustibles desde donde le piden a gritos que levante el muerto de los precios congelados que dejó la gestión de Sergio Lanziani y que se arrastra desde el macrismo. El sector advierte que si no se soluciona va derecho al quebranto. Argumenta un desamparo total, no sólo del desdibujado exsecretario, sino también de la anterior área madre, el ministerio de Desarrollo Productivo, conducido por Matías Kulfas, que ahora fue desplazado para dejar la tutela en manos del ministerio de Economía, Martín Guzmán. Le ponen una ficha a la nueva gestión, pero, a la vez, le piden que defina si va a sostener o dejar caer al sector. 

Si bien Martínez avisó que plantará bandera en Neuquén para no sacarle el ojo de encima a la deseada Vaca Muerta, está al tanto del problema que genera la falta de actualización del precio del insumo, tanto biodiesel como bioetanol, que le venden a las petroleras para cortar las naftas y el gasoil. Ha estudiado el rol regulador de la Secretaría junto a las cámaras y el sindicato del sector durante su mandato como diputado. 

Justamente, las productoras de biodiesel, mayormente ubicadas en Santa Fe, y la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles advirtieron “una situación insostenible” después de “tres años de perjudiciales modificaciones en la determinación de precios, de nueve meses de congelamiento y una caída de la demanda de más del 25%”. Además, se acumuló un incremento del 25% del aceite de soja, la materia prima para el biodiesel, que significa el 80% del costo de la producción, mayormente dolarizada. 

 

 

Todo este paquete hace imposible cubrir los costos y mantener las plantas operativas. Hoy, más de 30 están paradas. Mientras, se demora la asunción de Martínez, aunque ya dio algunos lineamientos. Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, reveló que “coincidieron en armonizar los distintos intereses de los actores del sector”. Tendrá la oportunidad de probarlo con el vínculo tenso entre el sector de biocombustibles y el petrolero.

Esa armonización no será tarea sencilla. Las petroleras hacen un fuerte lobby contra el sector productor, pero aún no se termina de descubrir cuáles son las intenciones. Es que, por un lado, la producción de biocombustibles no es una unidad de negocios tentadora para su apetito y hasta “les molesta tener que hacer el corte”, comentó a Letra P un empresario. Pero, a la vez, desplazaron el proyecto de la nueva ley de biocombustibles de las pymes productoras e impulsaron otro a su medida.  

Integrantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) remarcan que esa armonización de la que habla Martínez de por sí deberá lidiar con una distancia gigantesca entre los actores. “Es una crisis política y requiere una solución política. Se ve una situación distinta para los combustibles fósiles, naftas y gasoil, que están subsidiados y hace tres semanas le autorizaron aumentos. Nosotros necesitamos que la secretaría firme el aumento del precio”. El presidente de la cámara, Juan Ignacio Facciano, sostuvo a Letra P que las expectativas son altas con Martínez y Guzmán al mando, en parte, porque “la gestión de Lanziani y Kulfas fueron nulas, lo único que se obtuvo fueron promesas”.  

 

 

La actualización puede concretarse, pero el trasfondo es otro, y es lo que le da el grosor al aprieto de Martínez. Según Rubén Pérez, secretario general del Sindicato de Gas, Petróleo y Biocombustibles de San Lorenzo, el gobierno debe definirse si ayuda al sector, lo impulsa y mejora con la nueva ley, o sencillamente le suelta la mano y que sea lo que el mercado quiera. El no aumento del precio del biocombustible llevaría a la segunda opción.

Estas empresas pymes se desarrollaron al calor del primer kirchnerismo, principalmente en Santa Fe, cuando se empezó a implementar el corte de biodiesel en el gasoil. Puntualmente, en 2006 se fue hacia un sistema regulado donde el gobierno fija el precio que las petroleras le deben pagar a las pymes por ese insumo para el corte, en base a una fórmula polinómica que tiene en cuenta costos. La ley indica que debe hacerse mensualmente, pero no ocurre. Cuando pasa mucho tiempo sin actualizarse y los costos aprietan, el sector atraviesa crisis recurrentes como la actual. 

Algunos actores afirman, no sin malicia, que esa regulación se vio afectada cuando el gobierno de Cristina Fernández estatizó YPF y, para cuidar los costos de la petrolera, comenzó a pisar el precio del biocombustible que compraba. Lo cierto es que el escenario se oscureció con la gestión de Mauricio Macri, que estuvo siempre incómodo con el esquema de regulación de precios y fue mellando con intenciones de liberalizarlo, cambiar la fórmula y desarmarlo. No sucedió quizás por falta de tiempo, pero el sector sigue con las mismas patologías de siempre.