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El diputado fue elegido hace 15 días para reemplazar a Lanziani: todavía no fue designado. Ruido por su base neuquina y un anuncio explosivo de Metrogas.

Por 06/09/2020 9:39

El entusiasmo inicial que se había instalado en el ámbito energético por el inicio de una nueva gestión que prometía ser más más coherente y expeditiva que la anterior duró poco tiempo. Como sucede con la mayoría de las medidas anunciadas por el Gobierno que tardan en ponerse en marcha, el desembarco de las nuevas autoridades de la Secretaría de Energía arrastra una demora inusual que ya ha comenzado a generar cierta preocupación entre empresarios y especialistas del sector que ven cómo siguen dilatándose las soluciones para los problemas más críticos que se registran en casi todos los rubros del negocio energético.

Quince días después de ser elegido para remplazar al cuestionado Sergio Lanziani, el nuevo timonel de Energía, Darío Martínez, sigue esperando que aparezca el decreto que lo designe oficialmente al frente de la Secretaría.

Hasta que no sea nombrado formalmente en el cargo, Martínez es un “secretario testimonial” más allá de sus declaraciones sobre lo que piensa hacer y las fotos que se difundieron de las reuniones de trabajo que mantuvo con el presidente Alberto Fernández y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

 


De las cuatro decisiones administrativas que debe adoptar el Gobierno para que el extitular de la Comisión de Energía de la Cámara baja se convierta en secretario, hasta ahora se han concretado solo dos: la aceptación de la renuncia de Lanziani y el traspaso de Energía del ámbito de Desarrollo Productivo a la cartera de Economía. Faltan su designación efectiva como secretario y la aprobación de la nueva estructura organizativa del área.

La salida de Lanziani quedó formalizada con el decreto 704, mediante el cual el Gobierno le “agradeció los valiosos servicios prestados en el cargo”, un reconocimiento que para muchos resulta demasiado exagerado por la opaca gestión que tuvo el misionero.

Por su parte, el pase a la órbita de Guzmán se dio por la vía del DNU 706 que dispuso “un reordenamiento estratégico con la transferencia de las competencias referidas a la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía al Ministerio de Economía". 

Los empresarios que comenzaron a preguntar en la Casa Rosada por qué viene retrasada la llegada del nuevo secretario recibieron como respuesta que su asunción podría concretarse la próxima semana, pero otras versiones indican que recién se efectuaría a mediados de mes. Martínez se encuentra en Neuquén desde la semana pasada y, según sus allegados, regresaría a Buenos Aires el lunes 14.

 

 

A las provincias y a las petroleras, Martínez les bajó el mensaje de que uno de sus principales objetivos será el incremento de la producción de hidrocarburos y la reactivación de Vaca Muerta. Para eso, prometió instalar una sede permanente de la Secretaría en Neuquén con el fin de agilizar los trámites y resolver los problemas operativos que surjan en los yacimientos patagónicos.

Según sus colaboradores cercanos, la intención de Martínez sería pasar la mayor parte del tiempo en las oficinas de Neuquén y bajar a la Capital Federal solo dos días por semana.

Ese esquema de trabajo no cayó nada bien entre las empresas eléctricas y gasíferas, porque consideran que tendrían que pasar la mayor parte del tiempo en la capital neuquina para tratar las cuestiones políticas y contractuales, mientras los entes reguladores van a seguir funcionando en el microcentro porteño.

 

 

DEFAULT GASÍFERO. Casi al mismo tiempo en que la plana mayor de YPF, encabezada por su CEO, Sergio Afrontti, mantenía el viernes en Neuquén una reunión con Martínez; en Buenos Aires, la empresa Metrogas, que tiene como principal accionista a la petrolera, salió al ruedo con un aviso que agitó las aguas del negocio gasífero.

Por medio una nota remitida al Enargas, la principal distribuidora de gas del país anunció que este mes no podrá abonarles a los productores las facturas del combustible que recibe para abastecer a sus clientes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, principalmente a causa de la actualización de sus ingresos por el congelamiento tarifario que arrastra desde abril de 2019. En la nota, puntualizó que enfrenta un panorama crítico por los siguientes motivos:

 

-"El deterioro en la situación económico-financiera producto de distintas controversias regulatorias se vio agravado a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Ley Nº 27.541), que dispuso el congelamiento tarifario por un plazo inicial de 180 días, prorrogado por otros 180 días adicionales." 
-"La caída del consumo y el aumento de la morosidad han impactado negativamente en los ingresos. Esta situación se vio agravada, además, por el incremento de los costos de operación y mantenimiento como consecuencia de la considerable inflación registrada desde el último ajuste tarifario de abril 2019 y que se eleva al 67,96% según IPIM y al 64,31% del IPC publicados por INDEC."
-"La prohibición de corte del servicio y la obligación de financiar en 30 cuotas a los usuarios en mora provocaron un marcado perjuicio económico y financiero. Pese a los esfuerzos realizados, no hemos podido evitar que se produzca el corte de la cadena de pagos a nuestros proveedores que son los productores y las transportadoras de gas."

 

La movida de Metrogas sorprendió a las restantes distribuidoras, que, si bien no están del todo al día con las productoras, aún no tienen previsto tomar la decisión de cortar por completo los pagos.

Para las gasíferas, la decisión de Metrogas va camino a generar mucho ruido porque la principal perjudicada por la interrupción de los pagos a las productoras es la propia YPF, que es la dueña mayoritaria de la empresa y la encargada de suministrar alrededor del 60% del gas que adquiere Metrogas para abastecer a sus clientes. Además, porque la distribuidora hace directamente responsable de sus penurias al gobierno del Frente de Todos, que tiene las tarifas en el freezer y no reconoce el perjuicio económico que representa mantener el servicio a los que no pagan y financiar las deudas de los morosos con dos años y medio de plazo.