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El DNU de las telcos: inversiones y relatos

Los números y los argumentos a favor y en contra de la regulación, mientras avanza lenta la reglamentación que puso en pie de guerra a las empresas

Los números y los argumentos a favor y en contra de la regulación, mientras avanza lenta la reglamentación que puso en pie de guerra a las empresas

Las empresas del sector reaccionaron contra el DNU 690 de modo corporativo. Al parecer, que el Estado controle los aumentos de abonos, precios y tarifas impediría que las empresas hundan en cables, postes y radiobases millones de dólares. 

El negocio de las telecomunicaciones tiene una tendencia a la concentración oligopólica debido a los altos costos operativos y la necesidad de inversión. La argumentación en contra del DNU se construye sobre dos premisas: A) hasta 2019 las empresas aumentaron y sostuvieron altos niveles de inversión y B) las condiciones de prestación de los servicios superaron la media de crecimiento regional.

Las inversiones tuvieron un pico de crecimiento en dólares en 2017. Promediaba el mandato de Mauricio Macri y las regulaciones, tan verticalistas e inconsultas como el DNU 690, se modificaban en línea con las solicitudes de los grandes actores telcos. Los recortes se profundizaron en 2019, cuando las tres grandes empresas achicaron sus expectativas de inversión: Telecom había prometido 1.600 millones de dólares pero desembolsó mil millones; Telefónica redujo casi un 50% sus inversiones: anunció 770 millones de dólares y confirmó 350 millones; Claro sostuvo su inversión anual promedio de 400 millones de dólares de acuerdo a los datos recolectados por la periodista Andrea Catalano.

 

 

Parece ser que inversiones que deben realizarse necesariamente en dólares se frenan y revisan al calor de las facturaciones locales, que son en pesos. Esto sucede en un país con retracción económica y devaluaciones periódicas, donde los números de los últimos dos años no fueron del todo buenos para el sector. Las facturaciones en dólares cayeron. Un negocio que en 2015 implicaba una torta en moneda estadounidense de 10.500 millones pasó en 2019 a 6.800 millones, un 35% menos (datos del Enacom).

 


DEL DICHO AL HECHO. El debate sobre el DNU parece enfocarse en los potenciales “efectos no deseados”. Según Guillermo Mastrini y Fernando Krakowiak, “cada vez que el Estado avanza sobre el mercado con algún tipo de regulación, el fantasma de un freno a las inversiones comienza a ser agitado por las empresas. Es una de las maneras que tienen para intentar condicionar a los hacedores de políticas pública. Pero ni todas las regulaciones ahuyentan inversiones ni todas las desregulaciones las promueven".

Las consultoras que trabajan con estas empresas comparten la tesis del freno. Según José Otero, el problema que presenta el DNU 690 no es la clasificación de servicios públicos, pues “es algo que está sucediendo en numerosas jurisdicciones alrededor del mundo sin mayor problema", sino "que la meta de recuperación de inversión más margen de ganancia es antípoda a una suspensión en alza de tarifas".

Consultado sobre por qué impactaría negativamente en el mercado, entiende que, “ante la falta de aclaración acerca de cómo se implementará y cómo impacta a todos los actores del mercado, la acción racional de las empresas es limitar los gastos a mantenimiento de red y esperar hasta que se conozcan las nuevas reglas antes de comprometerse a hacer expansiones o modernizar elementos de la red que no sean absolutamente necesarias".

 

 

En la misma línea, Enrique Carrier (Carrier y Asociados) enfoca en la composición de los costos. “El precio del producto debe cubrir costos en pesos, en dólares, la ganancia del prestador y la inversión, todo esto a un precio justo y razonable. No es algo fácil de determinar. Además, la intención por regular el precio implica pensar que será a la baja. Y ahí está el riesgo: si el precio regulado no cubre todos estos componentes, lo más probable es que el recorte se produzca en la inversión".

El consultor ve tres posibles efectos negativos: “1) en la expansión de las redes ante la falta de garantías de recupero de inversión; 2) en la actualización de lo existente (traería estancamiento) y 3) de prolongarse afectaría al mantenimiento, lo que haría retroceder en su capacidad y perder calidad".

En una línea opuesta, el investigador Martín Schorr entiende que “hay que evitar caer en el chantaje de que si hay buenas señales de precios se va a reactivar la inversión, porque eso es totalmente contrario a la lógica que capitales tipo Clarín o Pampa Energía imprimen a los activos de buena parte de la economía real”. Sostiene que estos actores suelen recibir recursos por parte de la sociedad argentina, pero, en lugar de invertir, incrementan la burbuja financiera y la fuga de divisas.

 

 

En declaraciones a Radio Nacional, dio cuenta de cómo la fusión Clarín-Telecom contribuyó a una fuga de más de 1.100 millones de dólares al exterior. Y no a mayor inversiones. “Cuando los sectores de precios regulados (como las telecomunicaciones en algunos rubros) recibieron tarifazos, alimentaron fuga de capitales en una lógica estrictamente financiera y no derivaron esos ingresos a inversiones. Imprimen a sus activos la lógica de maximizar la ganancia a corto plazo". 

Por su parte, Mastrini y Krakowiak subrayan el mayor impacto de la actividad económica en detrimento de las conceptualizaciones regulatorias. “La ausencia de correlación entre regulación e inversiones no se expresa solo en el caso argentino. Un informe de 2007 de Rambøll Management sobre inversión y empleo de las telecomunicaciones en base a estudios econométricos aseguró que, ‘cuando se examina la relación inversión-índice de reforma normativa de la OCDE, lo más importante que debe observarse es que no hay relación notable entre las dos variables, lo que significa que la regulación no puede explicar el nivel de inversión ni en la Unión Europea ni en los países no Unión Europea’. En los países no miembros de la OCDE el PIB es el principal factor explicativo de las inversiones, la regulación no tiene prácticamente importancia”.

Como suele decirse desde las ciencias sociales, es más complejo. Y este tema tiene todo en juego, todavía.