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La fusión centrípeta

El ensamble Cablevisión-Telecom engordó la fuerza gravitatoria del Grupo Clarín en el mercado de las comunicaciones, impulsada por señales gubernamentales que la vienen potenciando.

La fusión centrípeta

18/05/2018 12:08

 

En sus dos años y medio de gobierno, Mauricio Macri fue alterando los principios rectores de su política de comunicaciones: creó y disolvió el Ministerio de Comunicaciones, prometió un nuevo cuarto operador nacional en telefonía móvil, vaticinó una lluvia de inversiones y mayor competencia, aseguró que presentaría un proyecto integral de ley para regular el sector, dado que sus decretos invocaban un "régimen de transición" del que nunca se salió (y la comisión creada para redactar el proyecto fue incapaz de presentar públicamente siquiera un anticipo), se comprometió con la matriz de Telefónica en España a que las telecomunicaciones podrían brindar TV por suscripción vía satélite. En esta sucesión de volantazos que crean incertidumbre entre operadores grandes, medianos, pequeños, cooperativos y comunitarios y que posterga mejoras en los servicios a la población, sobresale en cambio una constante: el respaldo a la expansión del Grupo Clarín, coronado con la fusión entre Cablevisión y Telecom que fue analizada en detalle en las notas I ("Los parches que zurcen la gran fusión") y II ("Advertencia internacional sobre las fusiones") que preceden a esta.

Las comunicaciones como sector que demanda inversiones a mediano y largo plazo carecen de reglas de juego claras y estables que acompañen esa lógica. Los problemas del sector en la Argentina son una consecuencia directa del ritmo espasmódico de las políticas públicas, ritmo que el Gobierno acelera con la constante modificación de esas reglas de juego (hasta ahora, con parches vía decreto y vía resoluciones contradictorios entre sí), resultando de ello un alto grado de concentración del sector. En un escenario de convergencia, diseñar políticas de interés público centradas en la mejora y diversificación de servicios y contenidos se vuelve imprescindible para no repetir en el futuro los errores pasados y presentes. Ello implica atenuar los efectos de una nueva fase de aceleración de la concentración de las comunicaciones, dadas las consecuencias que han tenido las etapas previas de hiperconcentración del sector.

El conglomerado resultante de la fusión Cablevisión-Telecom tendrá posición dominante en casi todos los segmentos donde actúa. En algunos de ellos tendrá, además, un poder significativo de mercado que puede definirse como la capacidad de establecer, de facto, las reglas de juego del sector prescindiendo de la competencia, como en la banda ancha fija y la TV por cable. Es difícil exagerar la gravitación de la fusionada dentro del propio ecosistema de las comunicaciones y, lo que es más importante, en el conjunto de la actividad económica y de las decisiones políticas.

 

En cualquier país de los que se citan como ejemplo de políticas públicas "serias", la fusión sería condicionada por parte del Estado a un estudio sobre los efectos sinérgicos de dominio de mercados convergentes fruto de la concentración conglomeral y, muy probablemente, sujeta a desinversión en algunos segmentos estratégicos para garantizar la competencia y evitar abusos de posición dominante.

 

Además del impacto de la fusión en el ámbito de las telecomunicaciones, de la conectividad a Internet y de la TV paga, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios del país (Clarín, Olé, La Voz del Interior, Los Andes), es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser dueño de señales audiovisuales privilegiadas en la grilla de su red de TV por cable, con el consecuente efecto distorsivo sobre las señales competidoras. El Grupo Clarín es, desde 1977, accionista en Papel Prensa SA, donde desde hace tres décadas tiene mayoría societaria. Más allá de la vocación de sus accionistas y directivos, un gigante económico como Clarín ejerce una fuerza centrípeta en el sistema de comunicaciones que corresponde a la política pública compensar.

En cualquier país de los que se citan como ejemplo de políticas públicas "serias", la fusión sería condicionada por parte del Estado a un estudio sobre los efectos sinérgicos de dominio de mercados convergentes fruto de la concentración conglomeral y, muy probablemente, sujeta a desinversión en algunos segmentos estratégicos para garantizar la competencia y evitar abusos de posición dominante.

La Argentina cuenta con una especificidad en el sector audiovisual, donde conviven gigantes como el Grupo Clarín, Viacom, DirecTV (AT&T) con un ecosistema diverso y variado con gran cantidad de actores pequeños y medianos que son, en términos comparativos, más intensivos en la generación de empleo que las compañías grandes (que, lógicamente, tienen en términos absolutos mayor incidencia en el total de empleo sectorial). Hay, por ejemplo, más de 700 cableoperadores, la mayoría de los cuales son pequeños, medianos y cooperativos que a la vez brindan conectividad a Internet (el número de proveedores de conexión a Internet fija en el país se estima en 3.000, según CABASE). Si bien las telecomunicaciones son más concentradas, también allí se registra una dinámica que, hasta ahora, impidió que los grandes operadores -que invirtieron mucho menos en la modernización de las redes físicas que Cablevisión- arrasaran a los más pequeños.

 

 

El Estado podría atenuar los efectos anticompetitivos de la concentración del sector si tomara conciencia del caudal singular que significa la diversidad de actores en las comunicaciones. Razones políticas, culturales y también económicas sostendrían una estrategia de protección y promoción de la diversidad y de la competencia. La tradición de respeto a la defensa de la competencia, por un lado, y la del derecho a la cultura y a la libertad de expresión, por el otro, aportan empiria, recursos y jurisprudencia que exige intervención estatal en el reaseguro del pluralismo, la diversidad y la competencia, tanto a escala argentina (Constitución, leyes audiovisual y de defensa de la competencia), como continental (por ejemplo, el fallo de la Corte Interamericana de DDHH por el caso Granier vs. Venezuela).

Los operadores grandes operan desde hace años con un esquema fronterizo con la cartelización, en detrimento de los usuarios y consumidores, los que padecen condiciones de servicio (cobertura, calidad, velocidad, precios) que se hallan por debajo del promedio en América Latina.

La consideración de las diferentes escalas de funcionamiento del sector de las comunicaciones siempre ha reparado en el aporte que realiza el núcleo dinámico, intensivo en la generación de empleo y esencial como productor y proveedor de contenidos locales que son las cooperativas y PyMEs en todo el territorio nacional (y no sólo donde hay grandes mercados).

Allí donde los operadores con poder significativo de mercado eludieron invertir -por razones de lucro-, un emprendedor y heterogéneo conjunto de actores de las comunidades en ciudades y pueblos del país conectó hogares y brindó servicios de TV paga, telefonía y conectividad. Los operadores grandes operan desde hace años con un esquema fronterizo con la cartelización, en detrimento de los usuarios y consumidores, los que padecen condiciones de servicio (cobertura, calidad, velocidad, precios) que se hallan por debajo del promedio en América Latina.

Antecedentes normativos como el Decreto 764/2000, la Ley 27.078 ("Argentina Digital") y el Decreto 1340/2016 son clave en el reconocimiento de la especificidad de la estructuración de las comunicaciones en Argentina y de la contribución económica, social y cultural de los actores cooperativos y PyMEs. Incluso el Decreto 62/1990, que estipulaba que la actividad excluyente de las incumbentes Telefónica y Telecom sería las telecomunicaciones -y no los servicios audiovisuales- durante los 99 años de concesión, puede interpretarse en la misma dirección.

Si no se condicionara la fusión, se sumaría un nuevo obstáculo a las considerables asimetrías que beneficiaron durante los últimos 30 años a estos grandes conglomerados, que accedieron a las licencias para explotar recursos públicos escasos como el espectro, cuyo acceso les estuvo vedado al resto de los actores.

De hecho, además de la contribución al empleo local y a un entorno que hace sinergia con actores locales, los operadores de TV por cable cooperativos y PyMEs producen contenidos locales que son amenazados por la posibilidad de que las telefónicas logren la autorización estatal para ofrecer servicios de TV satelital en todo el país.

En un país con las desigualdades socioeconómicas y geográficas de la Argentina se requiere promover la diversidad de productores de contenidos, arquitectos de infraestructuras fijas y móviles, operadores y comercializadores. La diversidad social, geográfica, cultural y geográfica es clave para el ecosistema. La imposibilidad de que "todos hagan todo" por razones de escasez de recursos (espectro), el privilegio en la concesión de redes físicas o escala económica puede dañar la diversidad que el Estado está obligado a sostener y equilibrar.

El Gobierno repite la consigna de que ahora “todos podrán hacer todo”, lo que omite no sólo el hecho de que existen impedimentos normativos (dispuestos por el presidente Macri y sus antecesores) sino, además, que no todos tienen acceso a los mismos recursos para “hacer todo” y que la injerencia del Gobierno viene siendo completamente discrecional en la provisión de permisos y facilidades para que algunos accedan a los recursos necesarios para ofrecer servicios integrados (cuádruple play) mientras que a otros actores ese acceso se les veda. Por ejemplo, ni las PyMEs ni las cooperativas pueden tener espectro “a demanda” que, en cambio, el Gobierno cedió generosamente al Grupo Clarín y luego a Telefónica, Telecom y Claro. No hay que olvidar que el extinto Ministerio de Comunicaciones fue un dispositivo que lubricó el escenario de posguerra (tras la guerra desatada entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín entre 2008 y fines de 2015) y que, no casualmente, fue desactivado una semana después de anunciada la fusión Cablevisión/Telecom.

Como hace diez años cuando el 7 de diciembre de 2007 el ex presidente Néstor Kirchner autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, el ente gubernamental de las Comunicaciones ENaCom renunció a la consideración del caso desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, en un dictamen técnicamente defectuoso analizado en esta nota. Si la política pública no corrige la fuerza centrípeta que ejerce el principal conglomerado de multimedios, una parte de la vigorosa producción cultural e informativa del país quedará aún más relegada.

La fusión centrípeta

Profesor e investigador. Universidad Nacional de Quilmes, UBA y Conicet.

El ensamble Cablevisión-Telecom engordó la fuerza gravitatoria del Grupo Clarín en el mercado de las comunicaciones, impulsada por señales gubernamentales que la vienen potenciando.

 

En sus dos años y medio de gobierno, Mauricio Macri fue alterando los principios rectores de su política de comunicaciones: creó y disolvió el Ministerio de Comunicaciones, prometió un nuevo cuarto operador nacional en telefonía móvil, vaticinó una lluvia de inversiones y mayor competencia, aseguró que presentaría un proyecto integral de ley para regular el sector, dado que sus decretos invocaban un "régimen de transición" del que nunca se salió (y la comisión creada para redactar el proyecto fue incapaz de presentar públicamente siquiera un anticipo), se comprometió con la matriz de Telefónica en España a que las telecomunicaciones podrían brindar TV por suscripción vía satélite. En esta sucesión de volantazos que crean incertidumbre entre operadores grandes, medianos, pequeños, cooperativos y comunitarios y que posterga mejoras en los servicios a la población, sobresale en cambio una constante: el respaldo a la expansión del Grupo Clarín, coronado con la fusión entre Cablevisión y Telecom que fue analizada en detalle en las notas I ("Los parches que zurcen la gran fusión") y II ("Advertencia internacional sobre las fusiones") que preceden a esta.

Las comunicaciones como sector que demanda inversiones a mediano y largo plazo carecen de reglas de juego claras y estables que acompañen esa lógica. Los problemas del sector en la Argentina son una consecuencia directa del ritmo espasmódico de las políticas públicas, ritmo que el Gobierno acelera con la constante modificación de esas reglas de juego (hasta ahora, con parches vía decreto y vía resoluciones contradictorios entre sí), resultando de ello un alto grado de concentración del sector. En un escenario de convergencia, diseñar políticas de interés público centradas en la mejora y diversificación de servicios y contenidos se vuelve imprescindible para no repetir en el futuro los errores pasados y presentes. Ello implica atenuar los efectos de una nueva fase de aceleración de la concentración de las comunicaciones, dadas las consecuencias que han tenido las etapas previas de hiperconcentración del sector.

El conglomerado resultante de la fusión Cablevisión-Telecom tendrá posición dominante en casi todos los segmentos donde actúa. En algunos de ellos tendrá, además, un poder significativo de mercado que puede definirse como la capacidad de establecer, de facto, las reglas de juego del sector prescindiendo de la competencia, como en la banda ancha fija y la TV por cable. Es difícil exagerar la gravitación de la fusionada dentro del propio ecosistema de las comunicaciones y, lo que es más importante, en el conjunto de la actividad económica y de las decisiones políticas.

 

En cualquier país de los que se citan como ejemplo de políticas públicas "serias", la fusión sería condicionada por parte del Estado a un estudio sobre los efectos sinérgicos de dominio de mercados convergentes fruto de la concentración conglomeral y, muy probablemente, sujeta a desinversión en algunos segmentos estratégicos para garantizar la competencia y evitar abusos de posición dominante.

 

Además del impacto de la fusión en el ámbito de las telecomunicaciones, de la conectividad a Internet y de la TV paga, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios del país (Clarín, Olé, La Voz del Interior, Los Andes), es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser dueño de señales audiovisuales privilegiadas en la grilla de su red de TV por cable, con el consecuente efecto distorsivo sobre las señales competidoras. El Grupo Clarín es, desde 1977, accionista en Papel Prensa SA, donde desde hace tres décadas tiene mayoría societaria. Más allá de la vocación de sus accionistas y directivos, un gigante económico como Clarín ejerce una fuerza centrípeta en el sistema de comunicaciones que corresponde a la política pública compensar.

En cualquier país de los que se citan como ejemplo de políticas públicas "serias", la fusión sería condicionada por parte del Estado a un estudio sobre los efectos sinérgicos de dominio de mercados convergentes fruto de la concentración conglomeral y, muy probablemente, sujeta a desinversión en algunos segmentos estratégicos para garantizar la competencia y evitar abusos de posición dominante.

La Argentina cuenta con una especificidad en el sector audiovisual, donde conviven gigantes como el Grupo Clarín, Viacom, DirecTV (AT&T) con un ecosistema diverso y variado con gran cantidad de actores pequeños y medianos que son, en términos comparativos, más intensivos en la generación de empleo que las compañías grandes (que, lógicamente, tienen en términos absolutos mayor incidencia en el total de empleo sectorial). Hay, por ejemplo, más de 700 cableoperadores, la mayoría de los cuales son pequeños, medianos y cooperativos que a la vez brindan conectividad a Internet (el número de proveedores de conexión a Internet fija en el país se estima en 3.000, según CABASE). Si bien las telecomunicaciones son más concentradas, también allí se registra una dinámica que, hasta ahora, impidió que los grandes operadores -que invirtieron mucho menos en la modernización de las redes físicas que Cablevisión- arrasaran a los más pequeños.

 

 

El Estado podría atenuar los efectos anticompetitivos de la concentración del sector si tomara conciencia del caudal singular que significa la diversidad de actores en las comunicaciones. Razones políticas, culturales y también económicas sostendrían una estrategia de protección y promoción de la diversidad y de la competencia. La tradición de respeto a la defensa de la competencia, por un lado, y la del derecho a la cultura y a la libertad de expresión, por el otro, aportan empiria, recursos y jurisprudencia que exige intervención estatal en el reaseguro del pluralismo, la diversidad y la competencia, tanto a escala argentina (Constitución, leyes audiovisual y de defensa de la competencia), como continental (por ejemplo, el fallo de la Corte Interamericana de DDHH por el caso Granier vs. Venezuela).

Los operadores grandes operan desde hace años con un esquema fronterizo con la cartelización, en detrimento de los usuarios y consumidores, los que padecen condiciones de servicio (cobertura, calidad, velocidad, precios) que se hallan por debajo del promedio en América Latina.

La consideración de las diferentes escalas de funcionamiento del sector de las comunicaciones siempre ha reparado en el aporte que realiza el núcleo dinámico, intensivo en la generación de empleo y esencial como productor y proveedor de contenidos locales que son las cooperativas y PyMEs en todo el territorio nacional (y no sólo donde hay grandes mercados).

Allí donde los operadores con poder significativo de mercado eludieron invertir -por razones de lucro-, un emprendedor y heterogéneo conjunto de actores de las comunidades en ciudades y pueblos del país conectó hogares y brindó servicios de TV paga, telefonía y conectividad. Los operadores grandes operan desde hace años con un esquema fronterizo con la cartelización, en detrimento de los usuarios y consumidores, los que padecen condiciones de servicio (cobertura, calidad, velocidad, precios) que se hallan por debajo del promedio en América Latina.

Antecedentes normativos como el Decreto 764/2000, la Ley 27.078 ("Argentina Digital") y el Decreto 1340/2016 son clave en el reconocimiento de la especificidad de la estructuración de las comunicaciones en Argentina y de la contribución económica, social y cultural de los actores cooperativos y PyMEs. Incluso el Decreto 62/1990, que estipulaba que la actividad excluyente de las incumbentes Telefónica y Telecom sería las telecomunicaciones -y no los servicios audiovisuales- durante los 99 años de concesión, puede interpretarse en la misma dirección.

Si no se condicionara la fusión, se sumaría un nuevo obstáculo a las considerables asimetrías que beneficiaron durante los últimos 30 años a estos grandes conglomerados, que accedieron a las licencias para explotar recursos públicos escasos como el espectro, cuyo acceso les estuvo vedado al resto de los actores.

De hecho, además de la contribución al empleo local y a un entorno que hace sinergia con actores locales, los operadores de TV por cable cooperativos y PyMEs producen contenidos locales que son amenazados por la posibilidad de que las telefónicas logren la autorización estatal para ofrecer servicios de TV satelital en todo el país.

En un país con las desigualdades socioeconómicas y geográficas de la Argentina se requiere promover la diversidad de productores de contenidos, arquitectos de infraestructuras fijas y móviles, operadores y comercializadores. La diversidad social, geográfica, cultural y geográfica es clave para el ecosistema. La imposibilidad de que "todos hagan todo" por razones de escasez de recursos (espectro), el privilegio en la concesión de redes físicas o escala económica puede dañar la diversidad que el Estado está obligado a sostener y equilibrar.

El Gobierno repite la consigna de que ahora “todos podrán hacer todo”, lo que omite no sólo el hecho de que existen impedimentos normativos (dispuestos por el presidente Macri y sus antecesores) sino, además, que no todos tienen acceso a los mismos recursos para “hacer todo” y que la injerencia del Gobierno viene siendo completamente discrecional en la provisión de permisos y facilidades para que algunos accedan a los recursos necesarios para ofrecer servicios integrados (cuádruple play) mientras que a otros actores ese acceso se les veda. Por ejemplo, ni las PyMEs ni las cooperativas pueden tener espectro “a demanda” que, en cambio, el Gobierno cedió generosamente al Grupo Clarín y luego a Telefónica, Telecom y Claro. No hay que olvidar que el extinto Ministerio de Comunicaciones fue un dispositivo que lubricó el escenario de posguerra (tras la guerra desatada entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín entre 2008 y fines de 2015) y que, no casualmente, fue desactivado una semana después de anunciada la fusión Cablevisión/Telecom.

Como hace diez años cuando el 7 de diciembre de 2007 el ex presidente Néstor Kirchner autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, el ente gubernamental de las Comunicaciones ENaCom renunció a la consideración del caso desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, en un dictamen técnicamente defectuoso analizado en esta nota. Si la política pública no corrige la fuerza centrípeta que ejerce el principal conglomerado de multimedios, una parte de la vigorosa producción cultural e informativa del país quedará aún más relegada.