Lo que para algunos es pragmatismo y para otros, una concesión ante el riesgo de un fracaso, en verdad es, simplemente, producto de un proceso de negociaciones arduo, en el que las cartas se muestran al final de la partida y no al principio. Así, la oferta que el Gobierno presentó en la noche del domingo a los acreedores externos parece remover los escollos más importantes que quedaban y acercar al país a una reestructuración ordenada de su deuda, compatible con el objetivo de acelerar en todo lo posible la recuperación después de la pandemia.
"La propuesta que hicimos es el máximo esfuerzo que podemos hacer”, dijo el domingo, horas antes del anuncio, el presidente Alberto Fernández. "Hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para todas las partes", señaló, por su parte, el ministro de Economía Ministro Guzmán.
El Gobierno acaba de manifestar con claridad su vocación de llegar a un acuerdo, desmintiendo las especulaciones sobre su presunta tentación de abrazarse al mástil en el naufragio al grito de “¡viva la Patria!”. ¿Última oferta entonces? Eso está por verse, dado que todo dependerá de la respuesta que obtenga de los fondos más grandes, reunidos en el llamado Grupo Ad Hoc, que afirma poseer más del 15% de los títulos que surgieron de los canjes de 2005 y 2010 y más del más del 25% de los emitidos por el gobierno de Mauricio Macri. Primus inter pares, será crucial la postura de BlackRock.
El giro cayó muy bien en el mercado, al punto que al mediodía de este lunes el riesgo país caía 5,4% a cerca de 2.400 puntos básicos. Sin embargo, curiosamente, dividió a dos de los exponentes principales del endeudamiento durante el Gobierno anterior. Luis Caputo lo ponderó; Alfonso Prat-Gay cuestionó su demora.
Como sea, dos fondos, Gramercy y Fintech, ya le dieron la “bienvenida”. Se espera ahora por la opinión de los más grandes y en el Palacio de Hacienda descuentan que BlackRock seguirá haciendo olas hasta el filo del vencimiento del plazo.
La voluntad de acuerdo surge de las diferencias entre la propuesta nacional, que estará vigente hasta el 4 de agosto, y la original, del 21 de abril. Según le dijo a Letra P una fuente oficial involucrada en las discusiones, prima en el Gobierno la idea de que “hay que cerrar este tema porque la sociedad plantea demandas que pasan por otro lado: los ingresos, la actividad y el empleo”. En esa línea, la decisión política de Fernández fue avanzar, más allá de ceder uno o dos puntos en pagos futuros, y ahorrarse un deterioro mayor de las expectativas, capaz de incidir negativamente sobre el tipo de cambio, la inflación y el nivel de actividad. Ante eso, Guzmán revisó los números para asegurarse de que lo ofrecido no comprometa las posibilidades fiscales en los próximos años, esto es la “sustentabilidad” de la que habló desde el comienzo.
El economista Gustavo Reija le dijo a Letra P que “la nueva oferta mejora mucho las condiciones de las anteriores y se acerca sustancialmente a la posición de los bonistas”.
Por un lado, cruza la frontera del 50% de valor presente neto (VPN), lo que, según el analista, lleva esa ponderación “a 53,30 dólares en promedio, lo que en el caso de los tenedores de títulos de los canjes de 2005 y 2010 llega a 57”. La oferta queda un par de puntos por debajo de que lo que habían reclamado hasta ahora los tenedores, pero ya se ubica en zona de acuerdo.
Además, reduce la quita original del capital del 5,4% a un 1,9%, mientras que eleva el interés promedio de los cupones, que se pagarían en marzo y septiembre de cada año, del 2,3% inicial al 3%. En cualquier caso se trata de tasas muy bajas para la Argentina, en línea con lo que pagan hoy países de la región con antecedentes incomparablemente mejores.
Reduce, asimismo, los plazos de los títulos a entregar en canje y establece un endulzante diferente al que se venía discutiendo: abandona la idea de entregar un cupón extra por incremento de las exportaciones o del crecimiento económico y, en cambio, capitaliza los intereses no pagados desde abril con un bono a diez años –con un 1% de interés promedio en dólares y 0,5% en euros– a entregar a los acreedores que acepten la oferta. Eso debería llevar a los remisos a dar su aval si perciben que la gestión va a alcanzar el piso para que las cláusulas de acción colectiva (CAC) bloqueen cualquier pretensión de litigar de acreedores minoritarios. Este punto es clave, ya que, además de lo dicho, implica que, dado que el primer pago se realizaría en septiembre del año que viene, reduce el período de gracia inicialmente propuesto de tres años a solo uno.
En tanto, despeja el temor de los fondos a que el Gobierno plantee una estrategia que se ha dado en llamar “Pac-Man”, esto es de minicanjes en base a la posibilidad de agrupar en cada acuerdo los bonos de quienes aceptan, dejando afuera a los de quienes no lo hacen, de modo de jugar con los umbrales de las CAC. Ahora, el Gobierno se compromete a que la propuesta solo regirá en función de un piso alto de aceptación general.
Por último, mantiene las condiciones legales (indenture) de los bonos entregados en los canjes de 2005 y 2010, renunciando a la idea de bajar el piso de su CAC ante eventuales nuevas renegociaciones.
“El Gobierno acercó posiciones y eso es muy positivo. Siempre sostuvimos que cerrar el tema deuda y evitar un default era indispensable para aliviar escenario de salida de la crisis. Con esta nueva oferta, el país está más cerca de lograrlo”, explicó Reija.
En efecto, en un mundo en el que la posibilidad una retomada fuerte de la actividad económica y comercial está en discusión debido a la sostenida incidencia de la pandemia, las bajas tasas de interés que generan los programas de expansión monetaria de las principales potencias son uno de los pocos elementos que podría aprovechar la Argentina. Al respecto, un acuerdo con los acreedores es fundamental para que el Gobierno, las provincias y las empresas privadas recuperen acceso al crédito a tasas razonables.
Lo que viene tampoco será fácil, pero la sensación de los analistas del mercado es que cualquier nueva corrección de la oferta argentina para terminar de atraer a BlackRock y algún otro gigante rebelde solo podría ser mínima. En la misma línea, no se cree que los plazos vayan mucho más allá del 4 de agosto al que se apunta.
Si la negociación terminara del modo deseado, vendría luego la aplicación de las condiciones del acuerdo a los bonos emitidos en dólares bajo ley argentina, compromiso que el el Gobierno se dispone a formalizar en un proyecto de ley que sería remitido al Congreso en los próximos días. Y luego, finalmente, tendría que encarar la reprogramación de los vencimientos del Stand-by negociado por Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI liderado por Kristalina Georgieva ayudó al Gobierno para encauzar el primer tramo de las negociaciones, lo que da esperanzas a muchos funcionarios de primera línea respecto de una actitud flexible. Sin embargo, muchas veces se ha hablado, con más ganas que criterio de realidad, de un “nuevo Fondo”. Pronto comenzará a rodarse una nueva película de esa saga.
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