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Auditoria, multas y rechazo de revisiones tarifarias tensan la relación del Gobierno con las eléctricas bajo jurisdicción nacional y bonaerense.

Por 17/07/2020 14:40

Las señales recibidas en las últimas semanas del presidente Alberto Fernández y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, les habían dado a los dueños de Edenor y Edesur la esperanza de que iban a transitar la segunda parte del año sin mayores sobresaltos y con la definición de una actualización tarifaria para 2021 que tendría en cuenta buena parte de sus reclamos. Ese escenario sin conflicto aparente, que preveían tanto los ejecutivos de Pampa Energía -controlantes de Edenor-, como los directivos del grupo italiano Enel -manejan las riendas de Edesur—, ha quedado seriamente trastocado por una reciente movida que llevó adelante la intervención del ENRE que encabeza Federico Basualdo Richards.

En la última semana de junio, Marcelo Mindlin —titular de Pampa Energía— fue el receptor de un elogio presidencial que dio que hablar y muchos interpretaron como una señal de que el Gobierno había llegado a un acuerdo con el zar de la energía.

En la inauguración de la ampliación de la central térmica Genelba, Fernández le agradeció a Mindlin por haber “invertido y confiado en la Argentina en un momento difícil cuando la economía está lejos de funcionar a pleno". "Con esto, estás respondiendo un poco a lo que son los objetivos centrales del gobierno, que es asociar el capital privado al público en el desarrollo energético", le dijo el Presidente al dueño de Edenor.

 

 

Tras recordar que apenas iniciada la cuarentena había conseguido el apoyo de los directivos de Pampa Energía para que no hubiera aumentos de tarifas de luz, Fernández les prometió a los hombres de Mindlin que "ya habrá tiempo para discutir" sobre el nuevo cuadro tarifario cuando pase la pandemia.

En esa línea, a principios de esta semana, el ceo de Edenor, Ricardo Torres, salió a plantear que “es necesario que se vaya diseñando una estrategia para que, cuando las circunstancias lo permitan, se salga del actual esquema de congelamiento tarifario”. Sostuvo que, “así como hay gente en el Gobierno que está 18 horas por día detrás del tema de la salud pública, tenemos que encontrar un grupo de gente que empiece a pensar en una solución a la cuestión tarifaria”.

Y señaló que, de los tres millones de clientes que tiene Edenor, “hay muchos que pueden pagar una tarifa completa y otros que necesitan ayuda. Tenemos la tecnología para identificar la situación de cada cliente y redefinir un nuevo esquema de subsidios para que beneficie de manera efectiva a quien realmente lo necesita”.

 

 

La postura de Torres fue acompañada por el country manager de Enel, Nicola Melchiotti, quien consideró que en la pospandemia hay que resolver el tema tarifario con aumentos y mecanismos de solidaridad con los sectores más vulnerables. “Eso significa que quien pueda pagar apoye a quien no puede. Los clientes que tenemos en Recoleta y Puerto Madero todavía tienen subsidiada el 50% de la tarifa y eso impide crear una solidaridad entre la clase media alta y los sectores vulnerables”, indicó el ejecutivo del grupo controlante de Edesur.

La jugada que desplegaron los timoneles de las distribuidoras para instalar en la agenda política y económica el descongelamiento tarifario se topó con una fuerte reacción que, a priori, frena hasta nuevo aviso la posibilidad de empezar a definir los futuros aumentos del servicio eléctrico.

La intervención del ENRE que pilotea el camporista Basualdo Richards le notificó al ministro Kulfas que están dadas las condiciones para declarar nulas las “Revisiones Tarifarias Integrales” (RTI) de Edenor y Edesur que fueron aprobadas por la administración macrista y se encuentran actualmente vigente.

Por medio de un extenso informe que supera las 200 páginas, el interventor del ente regulador eléctrico consideró que las RTI “carecen de validez jurídica, en tanto no se realizaron teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, no fueron razonables ni prudentes en su diseño y su aplicación vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de los usuarios".

 

 

La difusión de la auditoría del ENRE estuvo precedida por la aplicación de un paquete de multas de casi 500 millones de pesos a las dos distribuidoras por deficiencias en la atención comercial y la falta de respuestas a los reclamos que habían efectuado los usuarios por los cortes de suministros sufridos entre 2017 y 2019.

En el caso de Edesur, su desempeño operativo ha vuelto a quedar sobre el tapete por los reiterados cortes de servicios que se vienen registrando en los últimos días en los principales partidos del sur del Gran Buenos Aires. Respaldados por el gobernador Axel Kicillof, los intendentes y jefas municipales de Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, San Vicente, Cañuelas y Almirante Brown llevaron sus quejas al ENRE para que adoptase nuevas sanciones contra la distribuidora controlada por Enel, que tiene entre sus accionistas a la empresa de Nicolás Caputo, el amigo del alma y socio comercial de expresidente Mauricio Macri.

Entre otros puntos salientes, el análisis realizado por la intervención del ENRE destacó lo siguiente:

 

-Las tarifas resultantes de la revisión tarifaria integral (RTI) no fueron justas, ni razonables y transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas.
-Los incrementos tarifarios aprobados por la RTI resultaron inaplicable desde el primer momento. El propio gobierno de la Alianza Cambiemos (en el año 2017) tuvo que implementar parcialmente las actualizaciones previstas, aplicando un tope de 42% al aumento y difiriendo el recupero del saldo restante en cuotas.
-Aún bajo esa supuesta “gradualidad”, el aumento de las facturas entre los años 2015 y 2019 fue en promedio 3200% para usuarios residenciales, 1934% para comercios, 2325% para pequeñas industrias y 1872% para grandes industrias en términos nominales".
-La recomposición de ingresos de las distribuidoras sumado al aumento constante de los precios de la energía y la potencia, y la dolarización de la remuneración de los generadores, produjeron una desarticulación entre el esquema tarifario y la realidad macroeconómica del país, lo cual repercutió negativamente en el ingreso disponible de los hogares y afectó la competitividad de las industrias, contribuyendo a profundizar la crisis económica.

 

Aunque no lo dice expresamente en el informe, la conducción del ENRE considera que, en la nueva revisión contractual, el gobierno debería rechazar todos los reclamos de deudas y compensaciones de las distribuidoras y establecer un nuevo marco tarifario que excluya los beneficios otorgados por el macrismo.

 

 

CONGELAMIENTO BONAERENSE.  Al igual que lo decidido por los funcionarios nacionales para Edenor y Edesur, la administración de Kicillof también resolvió mantener en el freezer las tarifas de las distribuidoras privadas (Edelap, Eden, Edea y Edes) y las cooperativas que prestan el servicio eléctrico en la provincia.

En diciembre pasado, a los pocos días de asumir, Kicillof dejó sin efecto un aumento del 25% que había autorizado la exgobernadora María Eugenia Vidal para los primeros días del año. Después, a fines de enero, estableció un congelamiento tarifario por un plazo de 180 días que expira el último día de julio.

Ahora, las autoridades provinciales se aprestan a prorrogar esa medida por un plazo similar, con lo cual las empresas eléctricas tendrán que esperar hasta febrero de 2021 para poder actualizar sus ingresos con los aumentos que eventualmente se acuerden en las revisiones tarifarias que estarán condicionadas a lo que resuelva la Nación con Edenor y Edesur.