“Esto va a ser largo”, aseguró el titular de la Unión Industrial (UIA), Miguel Acevedo, poniendo en palabras lo que los presentes en la reunión por Zoom venían pensando. Así, en el típico encuentro de los días martes, la crisis se coló como tema central, pero enfocada sobre todo en la asistencia que deberá hacer el Estado para sostener a las empresas. La novedad es que los industriales le pedirán al gobierno de Alberto Fernández que pague una cuota de los aguinaldos.
Según supo Letra P, el cobro del medio aguinaldo de junio es un problema para la mayor parte de las compañías. “Tiene que ser la mitad, como los sueldos”, sugirió un empresario alimenticio. Adhirió el ítalo argentino Cristiano Rattazzi, uno de los más preocupados en cómo reactivar la economía post pandemia.
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Según la entidad, la justificación de la ampliación de la asistencia surge de las recomendaciones de la OCDE, que sugirió un apoyo estatal de al menos 180 días a los privados. El asunto está puesto en que todavía no está claro si la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) también correrá en junio, justo antes del aguinaldo, a cobrar en julio.
Rattazzi, uno de los más preocupados por la salida de la cuarentena.
En la mesa virtual de la UIA se deslizó una cifra de empresas que, a priori, pidieron dejar de cobrar el ATP: unas 100 compañías y otro tanto de ceos y gerentes. Es que las divisiones de recursos humanos de las compañías pasaron al Estado los listados completos de empleados, donde figuran también los cargos jerárquicos más altos, por lo que buena parte de ellos cobraron el ATP y pidieron devolverlo.
De las fábricas que se bajaron, algunas lo hicieron por haber empezado a trabajar en la última flexibilización industrial planteada por el Poder Ejecutivo. En otros casos, fue por temos al escrache fallido que se manejaba como chance. Finalmente, el Gobierno no publicará el listado de empresas que cobran los ATP, pero sí se podrá saber, con los datos de la razón social, quién obtuvo ese beneficio.
En la reunión virtual hubo otros temas: la necesidad de avanzar en el Consejo Económico y Social, un plan económico de la UIA para salir de la pandemia y alguna consideración sobre el proyecto en ciernes de la diputada Fernanda Vallejos para que el Estado se meta, vía acciones, en empresas privadas. No fueron pocos los dirigentes de UIA que, mediante diálogo fluido con el Gobierno, preguntaron por el tema. “No está en nuestra agenda”, les dijeron, pero la desconfianza de los dueños está: esa misma respuesta recibieron cuando preguntaron por el proyecto del impuesto a las grandes fortunas.