El toro de bronce de Wall Street amaneció, hace unos días, enfrentándose a una “niña sin miedo” con la bandera argentina anudada al cuello, flameando como una capa. Fue justo cuando el país está disputando una batalla definitoria con bonistas extranjeros y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda. Dicen los que conocen las calles neoyorquinas que fue un gesto poético de alguien que conoce lo que se está jugando.
En los últimos tiempos, la tensión de la negociación con acreedores en aquella plaza empezó a convivir con una forma distinta de vinculo entre el gobierno argentino y las empresas estadounidenses y extranjeras con negocios en la Argentina.
Guzmán dijo ante empresarios que la Argentina ya venía con problemas antes del COVID 19.
Main Street es la descripción utilizada en el mundo económico para describir al sector privado, corporativo, que está vinculado a la economía real y no a la especulación financiera. En buena medida, está compuesto por compañías que tienen en su accionariado a bonistas que pelean por cobrar sus acreencias y se sentaron hace unos días a charlar por Zoom con el ministro de Economía, Martín Guzmán. La reunión fue gestada por la US Chamber y la pata local de las firmas estadounidenses, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina ( AmCham), que nuclea a gigantes como Johnson, Coca Cola, Walmart, JP Morgan, Unilever, General Motors, Microsoft, Chevron y P&G. “Tiene nuestro apoyo, ministro”, le comunicó sin eufemismos Alejandro Díaz, titular de la entidad.
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Todas esas empresas tienen una particularidad: han estado históricamente bien conectadas -y alineadas- con el poder político en Washington. Y lo que dicen y hacen representa la idea global de los Estados Unidos en materia de negocios y geopolítica. Pero hoy, en plena pandemia y con números de catástrofe, empezaron a preocuparse seriamente por lo que ocurrirá en la Argentina del después del Covid, incluso aquellos bonistas que son accionistas en empresas de consumo masivo.
Los números de algunas firmas, como la de limpieza Kimberly Clarck, ya los hace pensar en mudar sus plantas a Brasil. Pero Guzmán trata, mientras negocia con los bonistas más hostiles, de aclarar que la Argentina AC/DC (antes del Covid y después del Covid) presentó, presenta y presentará malas condiciones más allá de los problemas que trae la deuda. En ese Zoom con las empresas americanas, Guzmán repasó los inconvenientes de la pesada herencia del gobierno de Mauricio Macri a modo de justificación de dos cuestiones: la presentación de una oferta ajustada a las posibilidades de pagar de Argentina y algo más importante: lo que se viene en materia de actividad, que requerirá de esfuerzo de todos los sectores para que no sea una catástrofe de magnitudes post bélicas.
Alejandro Díaz, ceo de AmCham.
El temor de los americanos de Main Street hace que se abracen con fuerza a un modelo que aún no conocen en detalle pero que es todo en este contexto. Para esas compañías, además, la situación es más compleja porque no hay en su ADN una propensión al riesgo, como sí tienen sus pares europeos, acostumbrados a manejarse en plazas con conflicto y otras formas más “argentinas” del poder político.
Naturalmente, la crisis es tan global que empezó a impactar a los vecinos antes ejemplares, que ahora intentan reconstruirse luego de su re-rotulación como los nuevos parias de la región. El caso más resonante es el de firmas chilenas como Cencosud (Jumbo, Disco, Vea e Easy), que parece tener en puerta un rearmado de su negocio por la marcha, ya desde los tiempos de Macri, con magros resultados.
El fondo Blackrock. Muchos bonistas tienen participación en empresas argentinas.
Todas estas vicisitudes se inscriben en un contexto político en el que el gobierno de Alberto Fernández parece inmerso en una búsqueda de identidad propia respecto de los círculos de poder. Por ahora, esa inmadurez le genera pequeñas desinteligencias en temas menores pero de impacto público. El Presidente le dio vía libre, después de meses de mirarlo de costado, al proyecto para gravar a las grandes fortunas, pero es un misterio cuándo se debatirá en el Parlamento. Las excusas de las delaciones tendrán que ver, incluso, con el modo de sesión y otras yerbas. Va a seguir demorándose.
El otro punto fue el planteo de la diputada Fernanda Vallejos para que el Estado se convierta en accionista de grandes empresas a las que ayudó en la crisis. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, lo consideró “interesante”, al igual que su par de Educación, Nicolás Trotta. El diputado Carlos Heller, al que no se puede tildar de conservador, dijo que ni siquiera se había hablado esa posibilidad. En la Casa Rosada y en el Instituto Patria, en tanto, se desmarcaron de la diputada.
El Gobierno cree, sobre este último punto, que no sólo es discutible porque, en realidad, Argentina no está salvando empresas sino asistiendo, sino que también lo es porque es un planteo disparatado y alejado de la realidad cuando la agenda es la pandemia.