02|8|2022

La batalla final por la deuda

10 de mayo de 2020

10 de mayo de 2020

El país y sus acreedores se disputan 37.900 millones de dólares. Las estrategias de las partes. Medios y operaciones. Guzmán y Cristina, Fernández y Néstor: ¿caminos diferentes hacia el mismo lugar?

Tras consumirse el viernes el plazo establecido para la negociación con los acreedores y confirmarse que la oferta oficial de canje de deuda no contó, ni por lejos, con la adhesión necesaria, se abren hasta dos semanas de tiempo extra para tahúres, intrigas y operaciones en la política y en la prensa. Ese tiempo concluirá en un acuerdo o en un default total, opciones entre las que se dirime que el país disponga o no del crédito necesario para recuperar el pulso cuando pase la pandemia. El premio de la guerra en ciernes es enorme, nada menos que 37.900 millones de dólares, y las armas que velan las partes para librarla, potentes.

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Los tenedores de bonos emitidos bajo ley extranjera, reunidos en tres grupos ahora coordinados, terminaron la semana fortalecidos por haber logrado que el nivel de aceptación del plan oficial fuera estruendosamente escaso. Desde esa posición, redoblarán la presión y seguirán filtrando supuestas contraofertas constructivas a la propuesta original del Gobierno. Sin embargo, en el Palacio de Hacienda aseguran que ninguna devolución les llega en los hechos y azuzan a la contraparte. “No son ofertas, son rumores que difunden a través de los medios. ¿Por qué no las hacen públicas así se enriquece el debate?”, desafió, en diálogo con Letra P, una fuente oficial vinculada con la negociación. 

 

El nuevo plazo para la paritaria es producto de la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán, de no pagar 500 millones de dólares a su vencimiento el 22 de abril. Entonces, empezó a correr un plazo de 30 días previo a la declaración formal de cesación de pagos. El mandatario dijo que la propuesta se mantendrá hasta este lunes; luego vendrá el tiempo de adecuarla a los términos que hagan posible un acuerdo mutuamente aceptable, objetivo que, más allá del tropiezo fuerte del viernes, puede estar tan cerca como un segundo o tan lejos como una eternidad. 

 

 

En los cruces que vienen, Guzmán insistirá en que el país no tiene recursos para pagar y acorralará a los acreedores hasta el final con el argumento de que deberán decidir entre lo que se les ofrece o la nada. Estos, en tanto, le recordarán a la sociedad a través de numerosos voceros lo caro que puede costarle un nuevo default y el regreso de los buitres. La intriga está asegurada.

 

Lo que se disputa es la quita que los nuevos bonos impondrían sobre la carga futura de intereses. Esto es interesante porque revierte completamente la lógica del canje de 2005 –completado en 2010–, parte clave de la épica kirchnerista: una quita fuerte sobre el capital, bandera de soberanía y desendeudamiento.

 

 

 

En efecto, el tándem Néstor Kirchner-Roberto Lavagna ofreció entonces un combo en el que sobresalían los llamados bonos Discount, que establecían un recorte del 66% sobre el capital y ofrecían una tasa de interés muy atractiva del 8,28% en dólares. Ese instrumento fue tomado por dos tercios de los tenedores que aceptaron la oferta, 76% del total que treparía en 2010 a un acumulado del 92%.

 

 

 

En tanto, los títulos Par (sin quita nominal, pero con severos recortes de cupón, que crecería del 1,33% a un máximo de 5,25% al año 25 de su lanzamiento) y los Cuasipar (quita del 30% y tasa del 3,31% por encima de la inflación) quedaron para los inversores que necesitaban preservar capital. A eso sumó el edulcorante del premio extra anual si el crecimiento económico superaba el 3%.

 

Aquella salida y la que se propone hoy persiguen el mismo alivio, aunque por caminos opuestos. Ese recorte del 66% que quedó impreso en el inconsciente colectivo resulta mucho más potente en lo político que lo que hoy se plantea: período de gracia de tres años, descuento de capital de apenas el 5,4% (3.600 millones de dólares) y uno masivo del 62% sobre los intereses, que se desplomarían a un promedio del 2,33% anual. Este último ítem equivale a 37.900 millones de dólares y será el eje de la disputa. 

 

Los fondos involucrados en las discusiones actuales privilegian el flujo que pueden darles papeles de alto riesgo como los argentinos.

Si en 2005 la oferta descansó sobre todo en la alternativa de los bonos Discount, la actual lo hace en una versión aggiornada de los Par. El problema es que, si bien hay acreedores que pueden preferir, por cuestiones legales y contables, mantener el valor nominal de sus activos, los fondos involucrados en las discusiones actuales privilegian el flujo que pueden darles papeles de alto riesgo como los argentinos. En ese sentido, nuevos bonos que paguen cupones tan limitados no despiertan pasión.

 

“La quita propuesta es exagerada. No representa la capacidad de pago del país, porque las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno son demasiado conservadoras”, le dijo a Letra P una fuente vinculada a uno de los grupos de acreedores, anticipando el argumento que estos usarán para quedarse con una parte de aquella cifra.

 

Es cierto: en su T.E.G, el Gobierno presentó lineamientos que, en otro contexto, merecerían rechazo por exponer un crecimiento no superior al 2% hasta 2030, algo que de ninguna manera constituiría un sendero de desarrollo.

 

 

Fuente: Ministerio de Economía.

 

 

Uno de los fundamentos oficiales para hablar de la insustentabilidad de la deuda es que su monto equivale prácticamente al total del producto bruto interno (PBI), muy por encima del 60% considerado aceptable a nivel internacional. Sin embargo, salta a la vista que un recorte tan poco nestorista del 5,4% sobre el capital no va a modificar de raíz esa tragedia escrita por Mauricio Macri. ¿Por qué Guzmán optó entonces por una oferta que no satisface su propia visión de la sostenibilidad?

 

 

Fuente: Ministerio de Economía.

 

 

La idea, de hecho, es muy anterior a su llegada al Gobierno. Según publicó Letra P en junio de 2019, solo tres semanas después de que Cristina Kirchner anunciara que sería la compañera de fórmula de Fernández, una fuente de diálogo frecuente con la expresidenta reveló que “ella entiende que las condiciones actuales para plantear una quita son más complejas que las de 2005. Esta deuda la contrajo plenamente un gobierno elegido por el voto y no se la puede desconocer”.
 

 

 

Guzmán aterrizó directamente en el aeropuerto de Alberto Fernández, pero, por criterios más técnicos que políticos, llegó a la misma conclusión que Cristina.

 

La opción entre una quita de capital a lo Néstor o sobre los intereses fue muy discutida en su equipo. Finalmente, primó la decisión de resignar potencia simbólica para privilegiar el ratio entre vencimientos y reservas en dólares, más observado que el de deuda-PBI por quienes cuentan dinero. Guzmán y su equipo actuaron bajo el impacto de la experiencia reciente: ¿no fue justamente esa piedra, la acumulación de vencimientos vis-à-vis los activos del Banco Central, la que hizo tropezar a Macri y al FMI? En efecto, el plan Guzmán no altera mucho el peso de la deuda en relación al tamaño de la economía, pero alivia de modo decisivo el esfuerzo que el país debería hacer para pagarla

 

 

Martín Guzmán cree que el capital nunca se paga sino que se rollea en el mercado. Por eso prefiere reducir la carga de intereses, primera fase de una estrategia de desendeudamiento largo aliento.

 

 

Los acreedores señalarán el monto de la deuda en términos de PBI como un talón de Aquiles del plan oficial. “Es un tema que seguimos analizando”, le dijo una fuente de ese sector a este medio. En Economía, en tanto, replican que “la verdad es que ellos no quieren soltar sus cupones”.

 

Guzmán dijo varias veces que el capital nunca se paga, sino que se rollea en el mercado. En todo caso, la relación deuda-PBI mejoraría, a través de los años, con un crecimiento mayor que el sugerido por las cartas que se muestran y con estabilidad cambiaria en el contexto de una economía que recupere de a poco los equilibrios fiscal y monetario. Por eso, el ministro prefiere reducir la carga de intereses, primera fase de una estrategia de largo aliento.

 

Se abre la guerra por los 37.900 millones de dólares.