El número, casi 3.700, alarma. Ese es, más allá de sus oscilaciones intradiarias, el nivel del riesgo argentino según el banco de inversión JP Morgan Chase, valor propio de un país que está a punto de entrar en default de su deuda pública. Sin embargo, el Gobierno estudia los detalles y oportunidad de la presentación de una oferta a los tenedores de bonos que, justamente, busca evitar ese extremo. El pánico del mercado por la pandemia de coronavirus y los tiras y aflojes propios de una negociación que, además, se ve distorsionada en sus modalidades en un mundo de cielos cerrados son los factores que explican lo que casas de inversión como Balanz definen como una percepción de riesgo de cesación de pagos “excesiva”.
El indicador surge del diferencial entre el rendimiento de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, considerados riesgo cero, y los títulos comparables del resto de los países. El “vuelo a la calidad” de los capitales en el contexto de la crisis por el COVID-19 hizo que la demanda de aquellos papeles creciera enormemente, derrumbando sus rendimientos, y, en paralelo, que se desplomara la tenencia de bonos emergente, lo que redujo su valor de mercado y, como contracara, disparó sus tasas. Así, en un contexto de tasas cero en Estados Unidos, hablar de un riesgo argentino de casi 3.700 puntos básicos significaría que, para tomar deuda, la Argentina debería pagarles a los bonistas un interés del 37% anual. Lo anterior, claro, es pura hipótesis con finalidad explicativa, ya que semejantes niveles de riesgo suponen un cierre hermético de los mercados de deuda.
El riesgo argentino se duplicó desde mediados de agosto, justo después de que se celebraran las PASO que anticiparon el triunfo del peronismo. El mercado entonces asimilaba el albertismo a su visión negativa del kirchnerismo y el miedo a un default explicó un salto súbito de casi mil puntos. ¿Qué factores explican semejante deterioro de los precios de los títulos públicos nacionales, dada evidente la voluntad del Gobierno de evitar ese colapso?
Fuente: ambito.com, en base a JP Morgan Chase.
Por un lado, lo dicho: la crisis financiera global por el coronavirus y la salida en masa de los fondos de inversión de los mercados emergentes, lo que encuentra a la Argentina en una posición especialmente desfavorable dadas sus vulnerabilidades y el momento crítico de la negociación de su deuda. Por el otro, las demoras del proceso con respecto al cronograma inicial impuestas por la misma coyuntura, lo que multiplica las conjeturas y las operaciones sobre lo que algunos suponen que va a terminar por ofrecer el ministro de Economía Martín Guzmán.
En medio de versiones sobre una suspensión hasta el mes que viene de la presentación de la oferta, que en teoría debía haber sido divulgada la semana pasada, en el Palacio de Hacienda le dijeron a Letra P que “hoy el tema prioritario es reducir el impacto económico de la pandemia en el país. Con respecto a la deuda, vamos a manejar los tiempos profesionalmente. Vamos paso a paso, pero hay que estar atentos”.
Hay que retroceder hasta noviembre de 2001, justo antes de que se desatara el Apocalipsis en la economía nacional, para encontrar niveles de riesgo país comparables. Eso explica que Balanz haya dicho en el último informe de renta fija que envió a sus clientes que “en este contexto, y a pesar del alto nivel de incertidumbre que hay, no solo alrededor del acuerdo sino a nivel global, los precios de los bonos empiezan a reflejar una probabilidad de default excesiva desde nuestro punto de vista”.
Fuente: ambito.com, en base a JP Morgan Chase.
Desde Balanz, el gerente de Wealth Management Roberto Reynolds explicó en diálogo con Letra P que “el pico del riesgo país responde al pánico que se está observando en los mercados financieros en todo el mundo, que afecta de manera más intensa a economías de mayor fragilidad como la argentina, que no tiene acceso al crédito. En este contexto, los movimientos de precios suelen ser exagerados, como es el caso de los bonos argentinos con paridades con quitas mayores a la esperaba la mayoría de los analistas antes del ‘efecto coronavirus’”.
La sobrerreacción “genera oportunidades para aquellos que quieran asumir una posición especulativa pensando en una reestructuración no tan agresiva como que hoy está la implícita en el precio de los bonos”, añadió.
De acuerdo con Reynolds, “creemos que el Gobierno es consciente de la importancia de evitar el default para no complicar una situación económica ya compleja”.
Con la cotización de los títulos públicos argentinos acercándose ya al umbral del 35% de su valor nominal, crece la inquietud respecto del momento en el que los fondos buitres pueden lanzarse a su negocio de comprar papeles depreciados para litigar en tribunales internacionales e ir por un pago del 100%.
La pregunta se reitera día a día desde el inicio de esta crisis: ¿el incremento del riesgo argentino podría hacer, como espera Guzmán, que una oferta argentina relativamente agresiva, esto es con una quita considerable, resultara más aceptable para fondos complicados por un mundo de tasa cero y rendimientos declinantes o, como señala la mayoría de los analistas, la limitada exposición de los grandes fondos en papeles de nuestro país, de no más del 1% de sus carteras, haría que nada demasiado rupturista fuera aceptado?
Con la cotización de los títulos públicos argentinos acercándose ya al umbral del 35% de su valor nominal, crece la inquietud respecto del momento en el que los fondos buitres pueden lanzarse a su negocio de comprar papeles depreciados para litigar en tribunales internacionales e ir por un pago del 100%.
“Con paridades de menos de 30% la situación se complica. Reducir los incentivos para que los fondos buitres adquieran títulos argentinos, lo que prolongaría cualquier reestructuración de deuda, es justamente uno de los inventivos para el Gobierno”, señaló Reynolds.
Los “bonos K”, posteriores al canje de 2005, y los “bonos M”, emitidos entre 2016 y 2018, conllevan diferentes cláusulas de acción colectiva, umbrales mínimos de aceptación para que un canje sea obligatorio para la totalidad de los acreedores, que, simplificando, oscilan en un promedio del 75%. Pero eso tiene como contracara que una minoría de alrededor del 25% podría bloquear un arreglo. Que los buitres se hagan con esas tenencias es un imperativo que el contexto global hace cada vez más difícil de alcanzar.
