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Comienza a correr el reloj: 30 días hacia un acuerdo o un peligroso default

El Gobierno no pagará este miércoles vencimientos por 500 millones de dólares, lo que gatillará los plazos legales. Presentación en Nueva York con sorpresas. ¿Acuerdo parcial o nuevos juicios?

Por 22/04/2020 14:50

Con la formalización de su oferta ante la Securities and Exchange Commission (SEC, el organismo regulador de la bolsa de Nueva York), el Gobierno le puso plazo a la negociación con los tenedores de bonos de deuda emitidos bajo ley extranjera: será el 8 de mayo. En tanto, con su decisión de no pagar este miércoles 500 millones de dólares en intereses, echó a correr el reloj hacia un eventual default, que se declararía el 22 de mayo, 30 días después del impago. Claro que eso no ocurrirá si antes hay un entendimiento con los bonistas, en cuyo caso ese vencimiento sería reestructurado junto al resto de los compromisos.

La presentación del Gobierno ante la SEC incluyó algunos datos interesantes.

 

 

Por un lado, su fecha de caducidad, anticipada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su presentación pública del jueves 16, cuando habló de un proceso de negociación de 20 días.

En segundo lugar, como notó Sebastián Maril, economista de Research for Traders, la Argentina se reserva la posibilidad de una reestructuración parcial, esto es que alcance a ciertos bonos y no a otros en base al cumplimiento de las cláusulas de acción colectiva (CAC) incluidas en las diferentes series. En caso de que este requisito de aceptación de tenedores de una mayoría calificada del capital involucrado en las tratativas no se alcance, el país se reserva “a discreción” la posibilidad de “redesignar” esas condiciones.
 

 

El punto dista de ser claro. ¿Es realmente posible eso o un incumplimiento parcial abriría la puerta a una cesación de pagos de toda la deuda negociada en base a un reclamo de default cruzado? “Eso no está claro si la deuda no reestructurada ingresaría en default. Estamos consultando ese punto con abogados”, le dijo a Letra P Maril, un especialista en litigios financieros.

Las mencionadas CAC son diferentes para los bonos surgidos del canje de 2005 realizado por Néstor Kirchner y para la deuda emitida en tiempos de Mauricio Macri. En el primer caso se requiere una aceptación general del 85% más el 66,6% de cada serie de bonos. En el segundo, 66,6% y 50% respectivamente.

“Estamos en un default virtual”, dijo el jueves de la semana pasada el presidente Alberto Fernández. En tanto, Guzmán advirtió que “hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años”. Ambos anticiparon de ese modo que el país no haría frente al vencimiento de 500 millones de dólares en intereses con vencimiento este miércoles, fecha a partir de la cual comienza a regir el plazo legal de 30 días para que la Argentina sea considerada formalmente en cesación de pagos. Ese, el del 22 de mayo, es el verdadero deadline para un eventual acuerdo con los acreedores.
 

 

La negociación va a ser compleja. De hecho, los tres principales grupos de tenedores extranjeros de bonos ya anunciaron su rechazo a la propuesta inicial del país, que consiste en comenzar a reembolsar intereses recién en 2023, en un recorte de capital del 5,4% (3.600 millones de dólares) y una poda severa del 62% (37.900 millones de dólares) de intereses, que caerían a un promedio del 2,33%.

Esos colectivos son el Grupo Ad Hoc, que afirma tener en su poder más del 15% de los títulos que surgieron de los canjes de 2005 y 2010 y más del más del 25% de los emitidos por Macri y que está formado por gigantes como BlackRock, Fidelity, Ashmore, AllianceBernstein, Amundi y otros; el Comité de Acreedores de la Argentina, encabezado por Greylock Capital; y el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina, dueños de más del 15% de los papeles poscanje y compuesto por una veintena de fondos, entre ellos Monarch, Cyrus y HBK. El primero de ellos dijo en un comunicado que la propuesta del país “pone una parte desproporcionada del esfuerzo de Argentina para un ajuste de largo plazo sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales”, aunque se declaró “preparado para continuar el proceso de negociación en un esfuerzo por acordar mutuamente un camino hacia el futuro”.

Guzmán replicó con dureza. "Presionan para que Argentina ofrezca más, pero no se puede, no es sostenible. Es la hora de los acreedores de definir”, dijo en el programa de radio El Destape.

¿Tómenlo o déjenlo, entonces? No necesariamente. De acuerdo con el artículo 3 del decreto 391/2020 “el ministro de Economía podrá realizar las modificaciones que fueren necesarias en el modelo del Suplemento de Prospecto”. Es decir, negociar, cambiar la oferta inicial.

 

 

Comienzan 30 días de gestiones reservadas y presiones públicas, que más de una vez tomarán la forma de presuntas opiniones desinteresadas. Hay mucho en juego, por caso que la Argentina tenga crédito para reconstruirse al final de la pandemia y superar su eterna saga de crisis superpuestas.