X

Con épica anticorrupción, Arroyo y alimenticias diseñan plan de compras seguras

Luego del escándalo, el Ministerio de Desarrollo Social y la cámara COPAL, arroceros y aceiteros trabajan en un nuevo esquema de licitaciones que cambia una matriz oscura. El botín del Grupo L.

Por 09/04/2020 14:50

El Gobierno parece decidido a salir por arriba del laberinto de las compras irregulares de alimentos que terminaron con 15 despedidos en el Ministerio de Desarrollo Social. Luego de que el presidente Alberto Fernández avisara la suspensión de una licitación que favoreció al polémico Grupo L con sobreprecios importantes, el propio ministro Daniel Arroyo se puso al frente de la elaboración de nuevos protocolos para transparentar las compras estatales. Casi el mismo día de reveladas las irregularidades, empresas grandes de alimentos lo llamaron para trabajar en ese sentido.

Naturalmente, las licitaciones son un botín preciado, pero también cuentan los que están en el armado del nuevo sistema que “hay voluntad de todos los sectores de aportar claridad en el marco de la pandemia”.

Según el detalle del plan al que accedió Letra P, el Gobierno trabaja en conjunto con la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) y la Cámara Aceitera CIARA para ordenar las compulsas. En varias reuniones virtuales se precisó que este tipo de concursos de precios “facilitan la irregularidad”, no solo por cuestiones de corrupción, sino por factores vinculados a los testeos de calidad y controles de entrega de los alimentos.


 

Hasta ahora, se identificaron puntos críticos a modificar: el primero, que no hay transparencia en la convocatoria, lo que hizo que firmas de peso y primera marca no pudieran ingresar a ofrecer por normas propias de compliance.

Otro punto que se revisa es que las especificaciones de calidad no dan la pauta real de qué tipo de alimento se necesita. En la misma línea, los testeos de calidad de la mercadería son estudios de laboratorio que hoy demoran hasta cuatro meses. Ahora buscarán que esos análisis tarden no más de una semana.

 

Lusardi (izq.), dueño del Grupo L.

 

Para la consideración de Desarrollo quedan, además, los plazos de pago y condiciones de entrega, hoy estipulados en seis meses. Este punto es el que conlleva el mayor lobby empresario, que pretende achicar el tiempo de pago a 30 o 60 días, el mismo plazo en el que pagan los grandes supermercados.

“El ministro quiere mostrar capacidad de respuesta”, sintetizó uno de los que trabaja en el plan. Arroyo quedó en la línea de fuego cuando el diario La Nación reveló que hubo compras de aceites y azúcar muy por encima del precio máximo estipulado por el Gobierno. La mercadería, destinada a sectores humildes, provenía sólo de una empresa que ni siquiera es fabricante: se trata del Grupo L, compañía que ya venía con irregularidades en licitaciones de alimentos para escuelas y cárceles de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal