La crisis por la pandemia del coronavirus y las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández para atemperar el impacto del contagio tiene su caja de resonancia en las cárceles y calabozos de comisarías de la provincia de Buenos Aires. A los constantes reclamos por el “hacinamiento” que padecen las personas privadas de su libertad, se suman nuevas presiones para que se descompriman los lugares de encierro, una medida considerada a tono con el aislamiento dispuesto por el gobierno. En ese marco, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Eduardo Néstor de Lázzari, ordenó a la Mesa de Diálogo carcelario a que debata dos propuestas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para comenzar a transitar las salidas de detenidos, según se desprende de la resolución oficial a la que accedió Letra P.
Autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense confirmaron que por el momento no hay ningún preso ni guardiacárcel con síntomas de coronavirus ni en aislamiento.
Lo que se reclama es que continúen con prisión preventiva o cumpliendo condena pero bajo la figura de arresto domiciliario. En el documento judicial, el titular de la SCBA reiteró que está prohibida la detención en comisarías para menores de edad, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años.
La “Mesa Interinstitucional de Diálogo” está conformada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, integrantes de la Suprema Corte, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria, y miembros de otras organizaciones. Tanto el CELS como la CPM impulsan la idea de salidas de los penales de personas procesadas por delitos no violentos.
En su web oficial, la CPM explicó que se trata de “medidas orientadas fundamentalmente a descomprimir la situación de sobrepoblación y hacinamiento, haciendo uso de todas las potestades del poder ejecutivo, entre ellas contemplar la conmutación de penas y otras medidas para mejorar la supervivencia en las cárceles y evitar la expansión de la pandemia”.
El hacinamiento extremo en condiciones infrahumanas es uno de los principales problemas, toda vez que impide la implementación de las medidas de higiene básicas y de distanciamiento social conforme lo recomendado desde el punto de vista sanitario.
Las condiciones de alojamiento en las comisarías bonaerenses también son objeto de cuestionamientos. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que en las seccionales policiales hay alojados más de 4.300 detenidos cuando la capacidad total es de 1.700. Una de las medidas que propuso fue el alojamiento de presos en contenedores, idea que fue rechazada por el CELS y por el Comité Nacional Contra la Tortura (CNT). Pese a las oposiciones con sabor a fuego amigo, el proyecto avanza sin pausa.
En el marco de este panorama, el CNTC anunció que realizó una distribución geográfica y temática entre sus Comisionadas y Comisionados para ejecutar las acciones necesarias en el marco la Emergencia Sanitaria Covid-19 y dar respuesta “con celeridad” a los diferentes sucesos que puedan atravesar las personas en situación de encierro.
Para la provincia de Buenos Aires fueron designados Gustavo Palmieri (Comisionado Responsable), Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín y Diana Conti (como comisionadas).
