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Renuncia al aporte del Estado: una encuesta, la encrucijada de la Iglesia

El sondeo, encargado por la jerarquía local, reveló que los católicos no están dispuestos a aumentar sus contribuciones. Las cuentas de una institución cuestionada y una reforma en cuarentena.
Por 26/03/2020 8:40

La disposición escasa de los católicos a contribuir económicamente a la Iglesia se está convirtiendo en el principal escollo a salvar para que la institución renuncie al aporte que recibe del Estado nacional para su sostenimiento.

Si bien se trata de un mandato contenido en el artículo 2° de la Constitución Nacional, la Conferencia Episcopal Argentina, que reúne a más de un centenar de obispos, viene buscando hace años mecanismos alternativos para dejar de percibirlo.

Ahora, cuando avanzaba en un proceso para concretarlo, los resultados de una encuesta encargada por el organismo episcopal sembraron dudas sobre sí era el momento para renunciar, finalmente, al aporte estatal del culto católico.

 

Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

 

El sondeo, realizado por la consultora VOICES! entre setiembre y octubre del año pasado, aportó un dato lapidario para los obispos: el 35% de los argentinos cree que la Iglesia no necesita dinero, entre ellos, el 32% de los católicos.

 

 

El estudio reveló también que casi la mitad de los católicos (un 44%) considera que el Estado es el principal sostén de la Iglesia; mientras que un 27% piensa que son los fieles y un 12% dice que lo hace el Vaticano.

 

 

Otro dato no menos inquietante para los eclesiásticos fue que el relevamiento evidenció que casi cinco de cada diez argentinos piensa que el principal beneficiario del trabajo de la Iglesia son los propios religiosos. Es decir, obispos, sacerdotes, religiosas. Y apenas un 21% considera que es a la población en general a la que ayuda. Asimismo, llamó la atención entre los obispos que el 59% de los consultados estime que es la "Santa Sede" la que debe financiar a la Iglesia argentina, en tanto que el 42% le atribuye esa responsabilidad a los fieles y el 17 % al Estado nacional.

 

 

El punto positivo: la mayoría de los argentinos (75%) expresó su disposición a donar dinero para las obras de caridad y de promoción humana que realiza la Iglesia, sobre todo a través de Cáritas y el accionar de los curas de las villas y los barrios populares que alienta el papa Francisco.

 

 

“En cuanto al sostenimiento de la Iglesia, hay un gran porcentaje de desinformación tanto sobre cómo obtiene los recursos, como sobre a qué se destinan”, reconoció Guillermo Caride, obispo responsable de la comisión episcopal que debe llevar adelante el proceso de reforma económica, al cuantificar los resultados del relevamiento.

 

 

REFORMAS EN CUARENTENA. La Iglesia había presentado los resultados de la encuesta a principios de marzo y avanzaba en el estudio de propuestas para conseguir un mayor aporte económico de los fieles a la institución, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus y las prioridades del país y del mundo fueron otras.

Hasta entonces, el proyecto más firme en carpeta era que los colegios católicos se constituyeran en agentes recaudadores de donaciones para el sostenimiento de su culto a través de una pequeña contribución libre y voluntaria agregada a la cuota; una opción que es probable que se descarte tras las crisis por la pandemia, dado que se descuenta que muchas escuelas quedarán golpeadas económicamente pese a los esfuerzos para dar continuidad pedagógica a los estudiantes en cuarentena.

El proceso de reforma económica de la Iglesia es de vieja data. Hubo un intento en 2008, a través del llamado Plan Compartir, pero no prosperó. Entonces, en pleno gobierno kirchnerista, se barajó la posibilidad de crear por ley un impuesto voluntario para contribuir al financiamiento de los credos reconocidos por el Estado, no sólo del catolicismo.

 

 

El tema volvió a ser punto central de la agenda episcopal diez años después, a raíz del clamor popular para exigir la separación de Estado e Iglesia durante el debate por la legalización del aborto.

En ese contexto de 2018, con medio país sumido en la pobreza y con índices de indigencia en aumento por la gestión de Mauricio Macri, la revelación por parte de funcionarios gubernamentales del “sueldo” eclesiástico --unos 47.000 pesos mensuales para obispos y casi 41.000 para auxiliares y eméritos- provocó un terremoto tanto adentro como afuera de la Iglesia.

Tal fue el revuelo social, que Gustavo Carrara, obispo villero y uno de los hombres más cercanos al pontífice, debió salir a calmar los ánimos. "La mayoría de los obispos vive de modo austero y utiliza los fondos para sostener a sus diócesis pobres y para trabajar a favor de los más pobres", aseguró entonces el prelado.

 

 

EL APORTE ESTATAL. El Presupuesto Nacional prevé poco más de 130 millones de pesos al culto católico, partida que se destina a las asignaciones para obispos, obispos auxiliares y obispos eméritos. También, a mantener parroquias de zona de frontera, a solventar gastos de los jóvenes que se forman en los seminarios y a pagar jubilaciones de los sacerdotes retirados.

La Iglesia estima que el aporte estatal alcanza a cubrir el 7% del presupuesto que la institución necesita para funcionar. El 93% restante lo obtiene mediante el aporte que los católicos hacen a través de las colectas de las misas, las donaciones, otras actividades como congresos y eventos y de las rentas que percibe por propiedades.

El debate sobre el aporte estatal a la Iglesia está abierto y seguramente se profundizará con la situación de país que dejará la crisis por el coronavirus.