La batería de medidas de expansión del gasto público anunciada el martes por los ministros de Economía y de Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Matías Kulfas, para ponerle un piso a un posible desplome de la actividad en el contexto de la pandemia de coronavirus, incrementará el déficit fiscal previsto para este año en 2 puntos porcentuales del PBI y complicará en el corto plazo las negociaciones por la deuda pública.
Así lo señalaron en diálogo con Letra P fuentes vinculadas a esas gestiones, que explicaron que los esfuerzos se centran ahora en explicar tanto a los tenedores privados de bonos como al Fondo Monetario Internacional (FMI) que dichas medidas anticíclicas, anticipadas el domingo por Letra P, son inevitables y similares a las impuestas por la mayoría de los países y que buscan evitar una caída libre de la economía que sería perjudicial tanto para los argentinos como para los propios acreedores. En ese contexto, afirman, el país retomará ni bien ea posible el sendero previsto hacia el ahorro fiscal que permita el pago de los compromisos que surjan del canje ni bien la situación se normalice.
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El Palacio de Hacienda entrega en estos días percepciones contrapuestas. Por un lado, en línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, Guzmán ordenó que todo el personal no esencial trabaje desde sus hogares, lo que vació en buena medida el edificio. Por el otro, aunque la situación global ha pulverizado el cronograma inicialmente previsto para las negociaciones, estas siguen en marcha y se ha decidido que se desarrollen en un marco de hermetismo total.
En ese contexto, surgen apreciaciones apresuradas de algunos analistas respecto de cuál será la quita que la Argentina ofrecerá a las tenencias de los tenedores privados.
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Según surge de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la 130/2020, el Ministerio de Economía pide autorización para registrar ante la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la autoridad que regula el mercado financiero de ese país, una emisión de nuevos títulos por 30.500 millones de dólares a fin de proceder al canje de bonos lanzados entre 2005 y 2016. Dado que el decreto 250 del 9 de marzo establece en 68.842,528826 millones de dólares el monto nominal de los papeles destinados a iniciar el proceso, algunos se apuraron a realizar una cuenta simple, según la cual, la quita implícita llegaría al 55,69%. No es así. La ansiedad llevó a que esos observadores ignoraran que los mencionados 30.500 millones de dólares son, según la resolución mencionada, solo una “primera registración”, a la que podrían seguir otras conforme avancen las negociaciones. Más que quita propiamente dicha, ese es, en todo caso, el techo de la que se buscará.
En el Gobierno hay quien sospecha que algunos grandes fondos, incluso buitres, operan en medios nacionales para inducir la publicación de títulos catastróficos, preludio de un supuesto fracaso de las gestiones.
Ni bien se anunció el paquete anticíclico, los acreedores contactados en las primeras conference calls plantearon la inquietud por el incremento que aquel generará del déficit fiscal, lo que, sin acceso a nuevo crédito, obligará al país a emitir pesos sin respaldo y a alejarse del objetivo de superávit que es, ni más ni menos, que el monto de los recursos que se destinarán al pago de la deuda ni bien esta quede normalizada.
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En Economía le explican a la contraparte que las medidas de gasto anunciadas tienen carácter excepcional y que no implican un jubileo. Por el contrario, señalan que el Gobierno sigue apegado al sendero de ahorro fiscal creciente que Guzmán trazó en el Congreso de la Nación, según el cual el país lograría el equilibrio hacia 2023 para, a partir de entonces, generar excedentes suficientes para atender una deuda nueva que resulte sostenible.
Aunque va a ser necesario mostrar números, con el Fondo, se confía, el punto debería ser despejado velozmente, dado que el organismo entiende la necesidad, común a todos los países del mundo, de sostener los niveles de actividad a través de un mayor gasto. Pasada la emergencia, se descuenta, las exigencias fiscales volverán al punto de partida.
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Con acciones, petróleo y deuda y monedas emergentes otra vez en el tobogán, el clima financiero global no dejaba de deteriorarse este miércoles y el riesgo país volvía a empinarse, ahora por encima de los 3.800 puntos básicos, acercando algún aleteo más a los buitres. Pese a eso el mensaje oficial no ha cambiado a pesar de la crisis generada por la pandemia. Habrá que constatar ahora si los tenedores logran convencerse de que, pasado el chubasco, la Argentina alcanzará la normalidad que promete en los próximos tres años y si esas palabras justifican asumir una quita en sus acreencias y el otorgamiento de un período de gracia generoso.