El ministro de Economía, Martín Guzmán, revelará entre el 12 y el 17 de febrero en el Congreso de la Nación el que hasta ahora ha sido el secreto mejor guardado de su gestión: las metas fiscales de los próximos años, a la vez prueba de la continuidad de una política macro de consolidación de las cuentas públicas, medida del esfuerzo que se destinará al pago de la deuda tras su reperfilamiento y variable crucial de un plan económico que, hasta ahora, se ha negado a detallar.
Su comparecencia quedó comprometida al difundirse el cronograma oficial sobre la renegociación de la deuda soberana, que debe culminar el 31 del mes que viene, pero Letra P averiguó que la ocasión será aprovechada por el funcionario para dar a conocer sus proyecciones sobre el superávit fiscal primario (antes del pago de deudas o, en otros términos, el dinero que se reservará para pagarlas) de los próximos años.
Ese horizonte temporal abarcará todo el mandato de Alberto Fernández y podría ir incluso más allá. Además de esas metas, expondrá otros lineamientos del plan económico en curso.
Los objetivos fiscales, que, como anticipó Letra P, implicarán un sendero de ahorro creciente, apuntan a hacer sustentable la deuda pública tras el cierre del canje. Hasta ahora se evitó darlos a conocer para no darles a los bonistas una base desde el cual calcular la voluntad de pago del país en los próximos años y, desde ese punto de partida, reclamar un esfuerzo mayor que, según las autoridades, podría poner en riesgo los esfuerzos para reactivar la economía.
Esa estrategia discreta le ha valido al ministro acusaciones de que, justamente carece de un plan. Así lo señalaron representantes de fondos que se reunieron con él el último martes 28 en Nueva York, en el marco del Consejo de las Américas, entre quienes se contaron ejecutivos de Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC, Citi, Black Rock, PointState y Citadell, entre otros. Estos preguntaron repetidamente sobre las metas fiscales del plan económico, pero se fueron sin respuestas, hicieron trascender su descontento y metieron presión.
En el Ministerio de Economía se defienden y dicen que sí hay plan y que este pondera cuidadosamente cada decisión en materia de gasto o de ajuste de impuestos, como el que surgió de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Congreso a fin de diciembre último. Asimismo, afirman que existe una pulida convergencia entre las políticas fiscal y monetaria, así como entre las de precios y salarios.
“Tenemos plan, pero lo que no van a ver, en medio de esta incertidumbre, es un PowerPoint de esos que nunca se cumplen”, le dijo una alta fuente a Letra P.
La base del mencionado, pero aún desconocido, plan es que el ataque a las causas de la recesión pasa prioritariamente por mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, que son los que tienen una mayor propensión a consumir y no tienen resto para especular en el mercado cambiario. Es, a fin de cuentas, el keynesianismo posible, en el que cualquier expansión del gasto público debe ser financiada de manera genuina y no en base a una emisión descontrolada de moneda con potencial para espiralizar la inflación.
