El juez del concurso de la cerealera Vicentin, Fabián Lorenzini, metió un volantazo en el expediente y sorprendió al ordenar una intervención mixta por 90 días para conocer si la firma realmente está a la deriva o puede avizorar un futuro. En una extensa resolución designó como coadministrador a Adrián Schocron que es un actual veedor propuesto por los acreedores de peso, y a un subinterventor que responde al gobierno de Santa Fe, pero sin desplazar al actual directorio.
Hasta hoy el juez se había negado a la intervención del presidente Alberto Fernández, incluso llegó a reponer al directorio, y había dormido posteriormente la propuesta del gobernador Omar Perotti. Ahora responde justamente al pedido de intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), pero no desplaza al actual directorio, ya que acaba de asumir en lugar del anterior, que cargó con los cuestionamientos.
“La principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este Juzgado”, sostuvo el juez, y dejó entrever que las sospechas que arrojó el demorado balance 2019 le terminaron haciendo un click a su trabajo, e impulsando la decisión de la intervención, tal como contó Letra P meses atrás.
En la sentencia se detuvo en ese punto y aseveró que el “retaceo de información, la obtención parcial y tardía” es igual a omitirla en estos procesos. Tomó como ejemplo “las inconsistencias demostradas en la presentación del balance 2018-2019, lo que motivó una intimación judicial” y “el actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio concluido el 31-10-2020”.
Incluso ve falta de compromiso en la “elaboración de un plan de negocios que haya sido diseñado y expuesto a los acreedores o al tribunal”. Otra de sus dudas que terminan sumando a la orden de la intervención es la falta de respuestas con relación a las anteriores auditorías externas llevadas adelante por KPGM, y el ocultamiento de las razones que motivaron la ruptura con ésta.
PLAN PEROTTI. Se trata de la sentencia sobre el pedido de hace más de cinco meses de la provincia de Santa Fe para intervenir la firma con desplazamiento del directorio, y poder encauzarla comercialmente a través de llamado Plan Perotti que proponía capitales mixtos. Sin embargo, el juez antepuso una serie de audiencias para lograr un acuerdo común con los accionistas donde se habló de un fideicomiso, pero el intento terminó frustrado ante la intransigencia de los dueños de desprenderse de las acciones.
Desde entonces fue clave la inclusión en el proceso de una veeduría de contralor que sirvió de sustento para los fundamentos de Lorenzini en la sentencia. En esa veeduría se destacaba el ahora designador interventor, Adrián Schocron, respetado en el sector por tener mucha experiencia. Será acompañado por María Victoria Stratta, la titular de la IGPJ que puso a consideración del juzgado las inconsistencias de la estructura societaria y entramado de negocios para el pedido de intervención de Santa Fe.
Por qué antes no y ahora sí, se pregunta el juez en la sentencia. Porque pensaba que se trataba de una etapa “restaurativa” y por eso avanzó en la conciliación mencionada para lograr “una verdadera solución”.
Tanto Schocron como Stratta tendrán las mismas e idénticas atribuciones, deberes y facultades que los otros tres integrantes del directorio de la concursada, sin limitaciones de ninguna índole, incluso podrán articular con la sindicatura, veedores-controladores, auditores forenses, etc. Schocron es equiparado al nivel del presidente del directorio, Omar Scarel.
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"Omisión recurrente y sistemática de brindar información", motivo central de la intervención de la cerealera.
BALANCE. El balance se lleva buena parte de la sentencia. Entre los aspectos más salientes de dicha presentación enfatiza en dos aspectos que considera “muy importantes”: el “impresionante” margen negativo del ejercicio, ahora formalmente transparentado; y la conducta asumida por el auditor contable, quien se "abstuvo de opinar sobre los estados de resultados, evolución del patrimonio y flujo de fondos". El contador Mario Aníbal Sandrigo, socio del estudio W. H. Correa & Asociados escribió en el balance: "No estamos en condiciones de expresar una opinión de auditoría".
Lorenzini sostiene que el balance así presentado "confirma la necesidad de brindar respuesta satisfactoria y razonable a importantes interrogantes”, por ejemplo, cuál fue el destino del stock de materias primas y productos elaborados (harina, aceites, biodiesel, etc.) de ejercicios anteriores comparados con el momento de la presentación en concurso.
Luego también pone la lupa sobre la estructura societaria que ha sido señalada como eventual canal de ocultamiento de activos: "El mismo desconcierto nos invade ante la imposibilidad de realizar un análisis de la estructura de los costos fijos y variables de la explotación empresaria, discriminada por unidades de negocios y en forma global, en sus diversos segmentos".
NUEVA VICENTIN. Pero no sólo cuestiona lo hecho por el antiguo directorio que permaneció hasta fines de agosto, sino también el nuevo rumbo de la firma. Señala que los actuales directivos han recibido de manos de sus antecesores "no solamente la responsabilidad de conducir el futuro de la empresa (por lo que resulta necesario conocer su plan de negocios), sino también el deber de clarificar todas las cuestiones que hemos venido puntualizando, sin apañar la responsabilidad de los administradores precedentes".
Según el juez, los nuevos directores hacen lo opuesto: "Se ha pretendido, por el contrario, generar una suerte de bisagra que permita apreciar la responsabilidad de los exdirectores sin que ello implique carga alguna para los actuales administradores". Tal como contó Letra P, el actual directorio intenta darle una nueva impronta y muestra una hoja de ruta con inversores y acreedores adentro. El juez le pide un poco más.
