El juez de Reconquista Fabián Lorenzini, que atiende en el concurso preventivo de Vicentin por el default de 1.300 millones de dólares, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera en el directorio por un plazo de 60 días, mientras que el interventor designado por el Poder Ejecutivo pasará a ocupar el cargo de veedor.
Así lo dispuso el juez en lo comercial ante una presentación de los dueños de la empresa. Es un revés para el Gobierno, que dispuso la intervención de la cerealera mientras trabaja un proyecto de expropiación de la firma. En rigor, el magistrado resolvió que “los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma".
De esta forma Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Sergio Nardelli, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín y Yanina Colomba Boschi, volverán a ocupar las sillas del directorio de la cerealera mientras continúa la intervención.
La misma perderá peso luego de que el juez estableciera que Gabriel Delgado y Luciano Zarich, interventor y subinterventor designados por el presidente Alberto Fernández, pasen a ser veedores. "En el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores". En otro fallo rechazó los cuestionamientos interpuestos a la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que habilitó la intervención por considerarlos "improcedentes".
FUNDAMENTOS. El pedido de los directores para volver a sus sillas fue que como es “una empresa gigantesca que, de manera diaria procesa incontables contratos (…) y concreta una compleja variedad de operaciones agrocomerciales”, demanda “conocimiento específico del sector de negocios sino también una cantidad razonable de personas humanas”. Además, advirtieron que “la irrupción de los interventores, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.
El juez en sus fundamentos resolvió de manera similar. Explicó que “los acontecimientos políticos de conocimiento público referidos a la interrupción de aquella administración mediante la intervención” generaron un escenario de incerteza y disputa en torno a la titularidad”. La “situación disruptiva consistente en la intervención en miras al cumplimiento de una futura y eventual ley de expropiación (…) ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial”.
Y como se está ante en presencia de una empresa de “enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión y continuidad operativa”. Concluye que “si no fueran adoptadas las medidas tendientes a recomponer este escenario de crisis, muy posiblemente se precipitaría la quiebra de la empresa en crisis”.