Con la alarma programada para el 20 de noviembre, el equipo del Poder Ejecutivo que tiene en sus manos el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo firmado por el presidente Alberto Fernández ajusta sus cuentas en ambas cámaras del Congreso mientras la sociedad civil, con la Campaña por Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito al frente, presiona para que salga la ley en este período de sesiones legislativas.
De hecho, quienes impulsan el proyecto esperan que el texto del Ejecutivo entre a la Cámara de Diputados esta semana o, a más tardar, a principios de la que viene, ya que los tiempos para dictaminar se acortan. Inclusive, especulan con que se vote en ambas cámaras en la prórroga de sesiones ordinarias, aún no anunciada pero prácticamente decidida.
El oficialismo apuesta a que la firma del Presidente alinee a legisladoras y legisladores y descuenta que la muñeca de Sergio Massa será fundamental en la previa y durante la discusión en el Congreso. Sobre la participación de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, confía en su papel ordenador una vez que pase la aprobación de la Cámara baja.
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El discurso del Gobierno y del oficialismo en general para sostener el proyecto públicamente tiene que ver con la salud. En plena pandemia, sostienen, con razón, los abortos clandestinos contribuyen al estrés del sistema sanitario y no al revés, como argumentan quienes militan en contra. Los datos demuestran que mantener el aborto inseguro genera altísimos costos en vidas, en calidad de vida de las personas, en la falta de acceso a derechos y en términos económicos y de recursos y complicaciones para el sistema sanitario.
En la Argentina, se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir, unos 1.300 por día. Por año, se calculan entre 370.000 y 520.000. Según las estadísticas oficiales más recientes, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. A la vez, la realización de la práctica en condiciones seguras previene muertes, evita complicaciones en la salud de las mujeres y reduce los costos y la demanda de alta complejidad al sistema sanitario.
La presión para que no se trate el proyecto tiene algunos personajes activos dentro del entorno presidencial, como el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; aunque, opositor al aborto legal, sus argumentos para evitar el tratamiento de la iniciativa se afirman más en dilatar que en impedir. Claro que hoy una dilación implicaría una postergación sin fecha precisa. Con un año electoral por delante y una relación muy crispada con la oposición, la idea de reunir transversalmente los votos verdes para aprobar la IVE se extendería hasta un 2022 pospandemia completamente incierto, con una también incierta composición del Congreso.
La promesa del Presidente en la apertura de las sesiones el 1 de marzo incluía que el proyecto de legalización del aborto iría acompañado por “el plan de los 1.000 días”, un programa que garantizaría asistencia estatal para las mujeres de bajos recursos desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño o de la niña. Según se comentaba en algunos despachos oficiales, discusiones sobre la redacción de este proyecto también habrían tenido como efecto la demora en el envío del de interrupción del embarazo.
Los sectores antiderechos de las iglesias evangélicas y de la Iglesia Católica hacen lobby por lo bajo en todos los poderes del Estado y algunas agrupaciones residuales y reaccionarias como Peronistas por la Vida arengan consignas efectistas y sin evidencia científica con afiches callejeros.
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Lo que más extrañan las legisladoras y las funcionarias que defienden el proyecto son las movilizaciones callejeras, la presión pública del millón de personas reunidas el 13 de junio de 2018 en las inmediaciones del Congreso Nacional. A la inversa, temen movilizaciones de quienes militan en contra del aborto frente a la puerta de las casas de legisladoras y legisladores que permanecen en sus provincias y recuerdan las amenazas directas e indirectas que sufrieron representantes en pleno debate por la legalización.
Las organizaciones de la sociedad civil empiezan a mostrar su impaciencia. Hasta ahora, cumplieron a rajatabla con las indicaciones de cuidado por la pandemia y sólo organizaron intervenciones y acciones aisladas y con distanciamiento en diferentes lugares del país. Sin embargo, las bases están impacientes y una muestra de eso es la caravana de Plaza de Mayo al Congreso prevista para este miércoles –que se replicará en algunas provincias- y ya hay discusiones sobre quiénes y cómo movilizar si el proyecto no se presenta en los próximos diez días.
“Se acorta el tiempo y necesitamos las certezas de que tendremos un tratamiento expeditivo y corto para aprobar la ley de IVE este año”, sostienen desde la Campaña. “Todas las iniciativas de ampliación de derechos se lograron con la transversalidad; necesitamos los votos de todo el arco político. El gran debate social y político fue en 2018, cuando logramos la despenalización social del aborto. Solo queda sancionar la ley para saldar esta deuda de la democracia, porque es una cuestión de salud pública, de justicia social y derechos humanos”, declaran.
La demanda -activada con fuerza mediante una solicitada el 28 de septiembre pasado, Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, y con un pañuelazo virtual- es a todas las fuerzas políticas y por un tratamiento breve y expeditivo, algo que también acuerdan en el Congreso. Con cuatro comisiones presididas por verdes y del Frente de Todos (Cecilia Moreau en Legislación general, Pablo Yedlin en Salud, Carolina Gaillard en Legislación penal y Mónica Macha en Mujer y Diversidad), con números a favor y sin audiencias públicas, el dictamen no debería demorarse demasiado.
En el mismo sentido, se manifestaron las Actrices Argentinas. “Convocamos a esta conferencia de prensa para exigir que se trate el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo durante el año en curso, dado que el próximo 20 de noviembre es la fecha límite para la presentación de proyectos en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional”, dijeron.
Para el jueves, está prevista una reunión de referentes de la Campaña con Massa en la Cámara de Diputados (suspendida dos veces), mientras el Senado discute el Presupuesto 2021. Ahora queda que la Mesa de Entradas ponga el sello de ingreso al proyecto de despenalización y legalización del aborto con la firma de Alberto Fernández.